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ONU condena violaciones a los derechos humanos en Nicaragua


Un manifestante se enfrenta con la policía antidisturbios durante una protesta contra el gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega en Managua, Nicaragua, en 2018.

La ONU sumó su voz a otras que han denunciado al gobierno de Nicaragua por graves violaciones a los derechos humanos --incluidas torturas a opositores-- y urgió el viernes al presidente Daniel Ortega a reanudar el diálogo, terminar con las detenciones arbitrarias y garantizar elecciones trasparentes.

En un reporte divulgado en Ginebra, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que ha verificado la participación de las fuerzas de seguridad del gobierno en ataques contra manifestantes y detenciones consentidas por el Estado, aunque también advierte que quienes protestaban han agredido a las autoridades, lo que provocó muertes y lesiones entre policías y miembros del partido oficialista.

Entre las “graves” violaciones documentadas por la oficina, destaca “el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía que se materializó en varias ejecuciones extrajudiciales y en maltrato generalizado, registrándose casos de tortura y violencia sexual en los centros de detención”.

La más reciente crisis política del país centroamericano estalló en abril de 2018 como consecuencia de un intento por reformar la seguridad social.

Desde que las protestas iniciaron, las tensiones entre el gobierno y la oposición han tenido altas y bajas, pero no han desaparecido. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hasta ahora las acciones de la policía y los paramilitares han dejado al menos 325 civiles muertos, 2.000 heridos y más de 700 presos. La ONU respalda estos datos y afirma que más de 80.000 personas han escapado.

El gobierno ha negado su responsabilidad y ha justificado el despliegue de la fuerza argumentando que se defiende de un golpe de Estado fallido.

El documento de Naciones Unidas presentado el viernes evalúa un panorama general de lo observado entre agosto de 2018 y julio de 2019 y brinda 14 recomendaciones para contribuir a solucionar el problema. Para redactarlo, la oficina presidida por la expresidenta chilena Michelle Bachelet --quien ha generado expectativas sobre su modo de encarar las violaciones a los derechos humanos debido a que ella vivió en carne propia la dictadura chilena (1973-1990) y perdió a su padre tras el golpe militar de 1973-- desplegó a un equipo de expertos por invitación del mismo Ortega.

Sin embargo, tras un informe inicial que denunciaba violaciones a los derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas, la cancillería nicaragüense truncó la visita y el monitoreo se tuvo que continuar a distancia.

Para elaborar el informe, la oficina analizó material escrito y audiovisual, se reunió con funcionarios gubernamentales y realizó casi 200 entrevistas a víctimas, testigos de violaciones de derechos humanos y otras fuentes --abogados, periodistas, médicos--, así como a refugiados y migrantes. La información se recopiló en Nicaragua, Panamá y Costa Rica, a donde muchos nicaragüenses han huido. El texto destaca que se solicitó información detallada para analizar denuncias realizadas sobre el tema, pero el gobierno respondió con datos insuficientes.

En febrero de este año hubo acercamientos entre el gobierno y la opositora Alianza Cívica con presencia de mediadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Vaticano, pero el diálogo está nuevamente suspendido. El Estado ha accedido a excarcelar a casi 700 de los llamados “presos políticos”, pero la oposición aún tiene exigencias, como anular los juicios en su contra, liberar a otro centenar de personas y una reforma electoral para adelantar los comicios de 2021. Ahora las tensiones siguen y la policía continúa prohibiendo las manifestaciones.

Entre los actos denunciados por el informe con respecto a la actitud de las autoridades frente a los manifestantes destacan las detenciones por portar la bandera de Nicaragua --prohibida hasta hace unas semanas, cuando el gobierno invitó a utilizarla con motivo de las fiestas patrias--, el uso de armas de fuego, intimidación y golpes. Se citan varios casos de agresiones, incluso contra menores de edad.

Por otra parte, se rechaza la vulneración de la libertad de prensa. Según el documento, periodistas, activistas, campesinos, personas LGBTI y estudiantes críticos del gobierno han sufrido “criminalización, incautación de sus bienes, intimidación, amenazas, acoso y campañas de difamación por parte de las autoridades”.

A la fecha, según fuentes no gubernamentales, se calcula que unos 100 periodistas han huido de Nicaragua.

También advierte de afectaciones a los derechos de libertad de asociación --se han bloqueado organizaciones de la sociedad civil alegando que apoyan “acciones terroristas”--; problemas para precisar el número de encarcelamientos que afectarían el derecho a la libertad personal --el gobierno cita 923 personas en el periodo analizado en el informe, mientras la oposición señala 2.200; “motivos razonables” para creer que detenidos en las protestas y luego acusados de delitos comunes fueron torturados; documentación de casos de violencia sexual y de género contra mujeres privadas de la libertad, y violaciones del derecho a un juicio justo en casos de personas procesadas por su participación en las manifestaciones.

En sus conclusiones, el organismo enfatiza que la situación socava la confianza pública en las instituciones estatales, “refleja la falta de voluntad de garantizar la rendición de cuentas y consolida la impunidad por la violación de los derechos humanos, negando el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición”.

Entre las recomendaciones de Bachelet al Estado nicaragüense están reanudar “urgentemente” el diálogo con la oposición, garantizar el ejercicio de las libertades de reunión pacífica y expresión, adoptar medidas inmediatas para poner fin a los actos de tortura, terminar con las detenciones arbitrarias y asegurar la aplicación de reformas electorales para garantizar comicios justos y transparentes.

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