La oposición venezolana cierra este sábado, con la fase de participación presencial de decenas de miles de electores, los seis días de consulta popular de cara a los retos que le esperan al país en 2021 en su objetivo de desalojar del poder a Nicolás Maduro.
La sociedad civil y el Parlamento electo en 2015, de mayoría opositora, convocaron en septiembre un evento contemplado en la Constitución que se cristaliza una semana, luego de que el chavismo ganara abrumadoramente la futura mayoría legislativa en unas votaciones que la oposición y la mayoría de los gobiernos de los continentes americano y europeo desconocen por ilegítimas.
En la consulta, se formulan tres preguntas al elector sobre la política de Venezuela. La primera interroga al ciudadano sobre si rechaza o no las elecciones parlamentarias realizadas el 6 de diciembre.
La segunda parte indaga si el votante desea “el cese de la usurpación de la Presidencia de parte de Nicolás Maduro”, así como la celebración de elecciones presidenciales y de la Asamblea Nacional en condiciones “libres, justas y verificables”.
Por último, se consulta a los venezolanos si ordenan al liderazgo político hacer “las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad”.
Al menos 20,7 millones de electores venezolanos están llamados a participar en dos modalidades de sufragio: una presencial, que tiene lugar este sábado en 3.079 puntos en el país entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, más 350 instalados en 50 naciones, la mayoría de América y Europa.
Existe otra fase electrónica o virtual, mediante dos aplicaciones (Telegram y VOATZ) y a través de la web consultaporvzla.com. Se exige la verificación de identidad a través del escaneo del documento de identidad, el ingreso de un correo electrónico y el envío de mensajes de texto al teléfono celular registrado.
La campaña
Analistas consultados en semanas recientes por la Voz de América han interpretado la consulta popular opositora como una respuesta de participación ciudadana a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.
La analizan como una iniciativa que, tras esos resultados, busca reforzar ante la comunidad internacional el piso político de la Asamblea Nacional electa en 2015 y, a su vez, del gobierno interino del joven líder opositor Juan Guaidó.
La consulta popular, sin embargo, ocurre en un contexto de “apatía”, apuntan expertos en asuntos políticos, como Luis Vicente León, director de la firma Datanálisis, y el politólogo y docente universitario, Jesús Castillo Molleda.
Advierten que predomina en el país la intención de sobrevivir y de atender los asuntos cotidianos, como la escasez de agua, gasolina, alimentos o medicinas.
Los organizadores de la consulta popular calificaron de “increíble” la participación virtual de los venezolanos desde el lunes y catalogaron sus cifras totales como “estimulantes”.
Venezuela está sumida en una profunda crisis económica, con cifras de hiperinflación de precios del 4.000% en los últimos 12 meses. Mientras, el madurismo controla de facto todas las instituciones del país, la oposición, liderada por el gobierno interino de Juan Guaidó, no ha logrado sus objetivos de cesar la “usurpación” de Maduro e iniciar una transición política.
La consulta que culmina hoy emula a una realizada en julio de 2017, donde participaron más de siete millones de venezolanos, según sus convocantes. Aquel evento es entendido por expertos como la piedra fundacional del gobierno interino de Guaidó y de la escalada de la presión internacional contra Maduro.
Dirigentes opositores, como el diputado Tomás Guanipa, han declarado a la prensa que la dirigencia política sabe que la consulta popular no derivará en el derrocamiento del gobierno en disputa de Maduro, pero lo valoran como un “mecanismo articulador” de una nueva fase del descontento popular.
Dimes y diretes
Guaidó, sumamente activo en comunidades de Caracas en su campaña a favor de la consulta, dijo el sábado que la actividad ya podía considerarse “exitosa”.
Estados Unidos dio su visto buena a la consulta en comunicados oficiales de su diplomacia. Mike Pompeo, secretario de Estado, ratificó esta semana su apoyo a Guaidó y aplaudió que el pueblo venezolano tenga la oportunidad de expresar su opinión sobre “el ilegítimo régimen de Maduro”.
La consulta, a su entender, se celebra “bajo la autoridad de la Asamblea Nacional legítima” y es una vía para apoyar una transición en el país. El canciller del madurismo, Jorge Arreaza, acusó a Pompeo de “delirio”.
Maduro rebatió esta semana la legalidad de la consulta. “Yo no me puedo prolongar el mandato con una consulta por Internet. Ninguna consulta en Internet tiene rango legal ni constitucional”, expresó el mandatario en disputa al defender los resultados de las votaciones del domingo pasado.
El ex candidato presidencial Henrique Capriles Radonski aseguró recientemente que el liderazgo de la oposición se encuentra a la deriva. Henri Falcón, también aspirante a la Presidencia en 2018 y cuyo partido participó sin éxito en las votaciones del 6 de diciembre, criticó la consulta y la tachó de “fantasía”.
Guaidó invitó a “todos los dirigentes políticos a los que he acompañado en las luchas unitarias” a participar y consideró de antemano que la consulta es “una victoria de un pueblo que no se va a rendir hasta ver renacer la libertad”.
