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EE.UU. sanciona a cúpula de PDVSA y el SEBIN


Un grupo de oficiales de la policía política de Venezuela, el SEBIN, en la entrada de la central del organismo en Caracas, Venezuela, el 16 de mayo del 2018.

El gobierno de Estados Unidos sancionó a cinco funcionarios de alto rango del gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo a los directores del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), de las Fuerzas de Acciones Especiales de la policía y de la compañía de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Las sanciones congelan todas las propiedades y activos que los funcionarios tengan en Estados Unidos, según anunció la oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. en un comunicado el viernes.

“[Tesoro] continúa poniendo en el blanco a los oficiales que han ayudado al régimen ilegítimo de Maduro a reprimir al pueblo venezolano”, explicó el departamento.

De acuerdo con EE.UU., los funcionarios sancionados estaban a cargo de la seguridad y el equipo de inteligencia de Maduro “los cuales han sistemáticamente violado los derechos humanos y suprimido la democracia, a través de la tortura y el uso de la fuerza bruta”.

Las personas sancionadas son Iván Rafael Hernández, comandante de la guardia presidencial y Director General de Contrainteligencia Militar; Manuel Ricardo Cristopher Figuera, director del SEBIN; Hildemaro José Rodríguez Mucura, primer comisionado del SEBIN; Rafael Enrique Bastardo, comandante de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES); y Manuela Salvador Quevedo, presidente de PDVSA.

El miércoles, la Asamblea Nacional nombró a una nueva junta administrativa de PDVSA y de Citgo. En respuesta, la fiscalía de Venezuela abrió una investigación contra ellos, alegando que fueron nombrados “inconstitucionalmente”.

Estados Unidos ha demostrado su apoyo al gobierno interino de Juan Guaidó desde que juramentó como presidente encargado de Venezuela y ha aumentado la presión contra el aparato gubernamental de Maduro con múltiples sanciones. Las últimas precisamente contra la empresa petrolera estatal, bloqueando unos siete mil millones de dólares en activos, de acuerdo con el gobierno estadounidense.

El país norteamericano confía en que estas medidas ejerzan presión sobre el gobierno de Maduro con el objetivo de que suelte las riendas del país.

"Como resultado de esta creciente presión, se avecina una tempestad dentro del círculo cercano [a Maduro]; una creciente insatisfacción y desconfianza que eventualmente llevarán al fin del reinado de terror de Maduro", dijo Eliott Abrams, enviado especial del Departamento de Estado para Venezuela el miércoles.

Estados Unidos también ha impuesto sanciones económicas al gobierno venezolano bloqueando algunos bonos y más recientemente fueron hacia el sector petrolero, específicamente, la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), al congelarle todos sus activos e intereses en suelo estadounidense.

Estas sanciones han sido criticadas por organismos internacionales y de defensa de los derechos humanos como las Naciones Unidas o Amnistía Internacional.

"El uso de sanciones por parte de poderes externos para derrocar a un gobierno electo está en violación de todas las normas del derecho internacional”, dijo Idriss Jazairy, el relator especial de la ONU sobre el impacto negativo de medidas coercitivas unilaterales en un comunicado.

El relator aseguró también que las sanciones económicas están agravando la crisis económica en Venezuela "recortando el acceso a alimentos y medicinas".

Por su parte, el gobierno estadounidense niega que las sanciones tengan un efecto dañino a la población y asegura que lo que se está haciendo es "preservar los activos de Venezuela para el pueblo venezolano", según dijo Sandra Oudkirk, de la oficina de Recursos Energéticos del Departamento de Estado en una audiencia ante la Cámara de Representantes.

Esta visión la comparten también miembros del gobierno interino. Gustavo Marcano, opositor exiliado en Estados Unidos y miembro del cuerpo diplomático de Guaidó, dijo a la Voz de América, que lo que hace EE.UU. con las sanciones es evitar que el gobierno de Maduro financie su "actividad criminal".

"El dinero proveniente de la renta del petróleo no era para comprarle comida a la población (...) era para financiar la persecución, para financiar el régimen del dictador", aseguró Marcano y añadió que uno de el conseguir que más países y bloques como la Unión Europea apliquen sanciones similares es uno de los objetivos que busca el gobierno opositor.

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