El arzobispo de Miami imploró el viernes al Congreso de Estados Unidos que apruebe una ley que le conceda residencia permanente a cientos de miles de centroamericanos cuyo estatus legal de permanencia en el país fue revocado por el gobierno del presidente Donald Trump.
A su vez, Thomas Wenski advirtió que una deportación masiva de esos inmigrantes "sería una tragedia" de separación de familias similar a la actual.
"Para que haya una solución permanente hace falta una ley que ofrezca un estatus permanente" a los inmigrantes que gozaban de TPS, expresó Wenski en una rueda de prensa que ofreció en Miami junto a líderes comunitarios y abogados de inmigración. "El Congreso es el que tiene la responsabilidad de arreglarlo", aseguró.
Las declaraciones de Wenski en un mercado de un barrio haitiano tuvieron lugar en momentos en que el gobierno enfrenta fuertes críticas por su política de tolerancia cero en la frontera que ha separado a más de 2.000 niños de sus padres y cuando el Congreso analiza una nueva ley de inmigración.
Cerca de 400.000 inmigrantes centroamericanos y haitianos enfrentan a partir de enero la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que los protegió durante años. Activistas dicen que medio millón de familias podrían quedar separadas por la decisión de Trump de rescindir el TPS. Muchas de esas familias tienen hijos que son estadounidenses y por lo tanto podrían permanecer en este país.
Para Marleine Bastien, directora ejecutiva de la Red de Acción de Familia, conocida como FANM por su nombre en inglés, si el Congreso no actúa "estaríamos frente al mismo riesgo de ver a niños separados de sus familias".
"Tenemos que encontrar una solución para proteger a estas familias", dijo la activista haitiana en la rueda de prensa.
El arzobispo de Miami aseguró que no se trata de enviar a esas familias a sus países porque "su casa está aquí".
El TPS fue creado en 1990 para conceder permisos temporales de residencia y trabajo a ciudadanos de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.
Estaban protegidos por este estatus unos 5.300 nicaragüenses, 59.000 haitianos, 263.000 salvadoreños y 86.000 hondureños, entre otros inmigrantes.
Al cancelar el TPS la Casa Blanca dijo que las condiciones en los países han cambiado y los inmigrantes ya pueden regresar. Pero activistas y líderes comunitarios aseguran que esos países no están en condiciones de acoger de regreso a esas personas.
Por su parte, el director ejecutivo de los Servicios Legales Católicos, Randy McGrorty, instó a las familias cuyos miembros fueron beneficiados con el TPS a que busquen ayuda de un abogado.
"Mientras esperamos que el Congreso encuentre una solución también necesitamos tomar acciones individuales", expresó ante varias decenas de inmigrantes y activistas que participaban de la reunión.
McGrorty dijo que algunos casos podrían beneficiarse con leyes que ya existen y ser reabiertos.
El gobierno ha concedido varios meses a quienes pierden el TPS para que preparen su salida del país o exploren otras alternativas de residencia legal. Activistas y expertos estiman, sin embargo, que muchos quedarán sin opción
