La jueza federal en Phoenix, Susan Bolton, fijó las fechas para las audiencias en las que escuchará argumentos a favor y en contra de dos demandas interpuestas por dos policías hispanos en contra de la ley SB1070.
El 15 de julio, de 2010, será la primera audiencia en la que se debatirá la demanda interpuesta por David Salgado, agente de la policía de Phoenix.
La segunda audiencia será el próximo 22 de julio donde se discutirá la demanda interpuesta por el policía de Tucson, Martín Escobar, quien aseguró que la implementación de la ley de Arizona dificultará su trabajo con la comunidad inmigrante y fomentará las prácticas de perfil racial.
"Es un paso muy positivo que la juez federal ya haya establecido una fecha para comenzar el debate sobre la constitucionalidad de la SB1070", dijo Alessandra Soler Meetze, directora de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Soler reconoció el interés por parte de Bolton de escuchar ambos lados de la discusión, tomando en cuenta todos los factores.
"Tenemos frente a nosotros varios posibles escenarios, puede ser que la juez frene por completo la implementación de la SB1070 o quizás permita que partes de la ley entren en vigor y otras no", afirmó Soler Meetze.
Al mismo tiempo, Bolton determinó que el gobierno de México puede presentar un recurso conocido en términos legales como "amicus curiae" (amigo de la corte) a favor de una demanda interpuesta por varios organismos civiles en Estados Unidos.
Por su parte, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, presentó al tribunal federal varias mociones para pedir que se desestimen las demandas entabladas en contra de la SB1070, asegurando que están basadas en "suposiciones" y hechos que aún no han ocurrido.
La ley SB1070 es la primera ley en Estados Unidos en criminalizar la presencia de inmigrantes indocumentados, otorga funciones de agentes de inmigración a los departamentos policíacos locales y obliga a los extranjeros a portar sus documentos migratorios al momento de ser cuestionados por las autoridades.
También convierte en un delito menor solicitar empleo en las calles y penaliza a los que alberguen o transporten indocumentados.
