El gobierno de Estados Unidos pidió a un juez federal cambiar una orden que levanta parcialmente una prohibición de la administración Trump contra ciertos refugiados.
Antes de Navidad, el juez de distrito de Seattle James Robart emitió una orden judicial a cumplirse en toda la nación que retiró las restricciones al proceso de reunificación de familias de refugiados y levantó parcialmente una prohibición que impedía a refugiados de 11 países mayormente musulmanes ingresar al país.
La orden del juez Robart se aplica únicamente a los refugiados que tienen una relación de vínculo directo con personas o entidades en Estados Unidos. El magistrado dijo que los refugiados que tienen acuerdos formales con agencias de reasentamiento estaban cubiertos por su orden.
Es la parte que los abogados del gobierno quieren que se cambie.
Abogados del Departamento de Justicia dicen que la Corte Suprema basada en órdenes anteriores ha indicado que está en desacuerdo con que las relaciones de buena fe o legítimas incluyen las agencias de reasentamiento de refugiados.
Antecedentes
El presidente Donald Trump reinició el programa de refugiados en octubre "con mayores capacidades de revisión de antecedentes".
El día antes de su orden ejecutiva, el Secretario de Estado Rex Tillerson, la Secretaria Interina de Seguridad Interior, Elaine Duke, y el Director de Inteligencia Nacional, Daniel Coats, enviaron un memorando a Trump diciendo que ciertos refugiados deben ser prohibidos a menos que se implementen medidas de seguridad adicionales.
La sugerencia se aplica a los cónyuges e hijos menores de refugiados que ya se han establecido en EE.UU., y suspende el programa de refugiados para personas procedentes de 11 países, nueve de los cuales son en su mayoría musulmanes.
El juez Robart escuchó el jueves los argumentos en demandas de la Unión de Libertades Civiles Americans, ACLU por sus siglas en inglés, y el Servicio de Familias Judías (Jewish Family Service), los cuales dicen que la prohibición causa daños irreparables y pone en riesgo a algunas personas.
Los abogados del gobierno argumentaron que la prohibición es necesaria para proteger la seguridad nacional.
En su decisión, Robart escribió que "ex funcionarios detallaron concretamente cómo el memo de la agencia dañará los intereses de seguridad nacional y de política exterior de Estados Unidos".
Robart dijo que su orden restablece los procedimientos para refugiados en los programas a como eran antes de la orden del gobierno, y señaló que esto ya incluye un examen exhaustivo de las personas.
En un comunicado, la portavoz del Departamento de Justicia, Lauren Ehrsam, dijo: "No estamos de acuerdo con el fallo del Tribunal y actualmente estamos evaluando los próximos pasos".
La ACLU argumentó que la nota no proporcionaba pruebas de por qué se necesitaba seguridad adicional y no especificaba un cronograma para implementar los cambios. Los grupos dicen que el proceso para imponer la política violó una ley federal.
August Flentje, un abogado del Departamento de Justicia, le dijo al juez que la prohibición es temporal y "es una forma razonable y apropiada para que los jefes de agencia solucionen las lagunas" en el proceso de selección.
Las demandas de los dos grupos se consolidaron y representan a los refugiados a los que se ha bloqueado la entrada al país.
La ACLU representa a un somalí que vive en el estado de Washington (en el noroccidente de EE.UU.) y trata de traer su familia a este país. Ellos han pasado por una investigación exhaustiva, han aprobado autorizaciones de seguridad y médicas, y solo necesitan documentos de viaje, pero fueron denegados después de la prohibición.
Lisa Nowlin, abogada de la ACLU de Washington, dijo en un comunicado que estaban felices por su cliente: "quien aún no ha tenido la oportunidad de celebrar un cumpleaños con su hijo menor en persona", pronto tendrá la oportunidad de sostener a sus niños, abrazar a su esposa en un futuro muy cercano y volver a estar junto a su familia por primera vez en cuatro años".
Otros dos refugiados incluidos en la demanda del Servicio de Familias Judías son ex intérpretes iraquíes del ejército de EE.UU. cuyas vidas están en riesgo debido a su servicio.
Otra es una mujer transgénero en Egipto "que vive en circunstancias tan extremadamente peligrosas que el propio gobierno de EE.UU. agilizó su caso hasta que ocurrió la prohibición ", dijo Mariko Hirose, abogada del caso del Servicio de Familias Judías.
Sin embargo, otra es una mujer soltera de Iraq, dijo Hirose. Su esposo se divorció de ella después de que fue secuestrada y violada por militantes porque trabajaba para una compañía estadounidense. Su familia está en EE.UU. pero ella está varada por la prohibición, dijo Hirose.
