El Fiscal General Jeff Sessions ratificó el miércoles su postura firme sobre la aplicación de la ley migratoria, diciendo a los alguaciles de los estados fronterizos reunidos en Nuevo México que es necesario tomar medidas enérgicas contra los cruces ilegales y el contrabando de drogas.
"Lo que se hace en la frontera, de hecho, impacta en todo el país. La frontera de 2,000 millas deja a nuestro país vulnerable a las organizaciones criminales transnacionales, estos son cárteles de la droga, pandillas callejeras como la MS-13", dijo el fiscal a una conferencia de alguaciles de Texas y de la frontera suroeste del país.
Afirmó que la mayoría de la heroína, cocaína, metanfetamina y fentanilo que hay en el país cruza la frontera. "Está entrando por la frontera casi exclusivamente y enviada a todo el país".
Sessions habló en Las Cruces, en la reunión anual de primavera de la Coalición de alguaciles de la Frontera de Texas con la Coalición de alguaciles de la Frontera del Suroeste, que incluye 31 departamentos de alguacil de Texas, Nuevo México, Arizona y California.
Los departamentos patrullan áreas ubicadas a menos de 25 millas (40 kilómetros) de la frontera.
Sessions sugirió que muchos de los menores no acompañados de Centroamérica que son entregados a familiares o personas autorizadas hasta que se decidan sus casos, podrían ser criminales.
"Debido a las lagunas en nuestras leyes, las grandes cantidades de menores no acompañados de América Central no pueden devolverse rápidamente. Es muy difícil y prolongado...Estos jóvenes están siendo liberados en sus comunidades, a alguien que los custodia. No sabemos quiénes son estas personas...vienen de todas partes del país. Muchos de ellos pueden ser narcotraficantes y delincuentes", aseguró.
El fiscal general defendió la política de inmigración de la administración Trump, diciendo que solo busca terminar la ilegalidad y calificó de falso el argumento de que se quiere 'aislar a Estados Unidos, separarnos de todo el mundo'. Recordó que 1.1 millones de personas cada año son admitidas a la residencia permanente legal, y que las personas aplican en todo el mundo, y son aceptadas, teniendo una ventaja las personas con conexiones familiares.
"Somos una nación muy generosa. Ninguna nación es tan generosa como nosotros. De lo que estamos hablando es de poner fin a la ilegalidad, y es razonable que la gente buena y decente, como los estadounidenses, quieran poner fin a la ilegalidad, crear un flujo de inmigración racional y proteger a la nación de los criminales. ¿Qué está mal con eso? ¿Qué puede estar mal con eso?", enfatizó Sessions.
El fiscal general dijo que los líderes del país han prometido durante 30 a 40 años solucionar algunos de los problemas de la inmigración ilegal, y a hora es tiempo de hacerlo. Para ello habló del aumento de jueces de inmigración para hacer más eficiente el proceso de decisión de los casos.
"Estamos llevando hasta 100 nuevos jueces de inmigración a las áreas fronterizas para que podamos procesar estos casos de manera más efectiva. Y estamos trabajando activamente con nuestros socios en el Departamento de Seguridad Nacional para garantizar que podamos implementar jueces electrónicamente y por videoconferencia".
Dijo que se les ha ordenado completar al menos 700 casos por año, aproximadamente el promedio que la mayoría de jueces han estado completando, a fin de tener una política de "consistencia, eficiencia y productividad" en el sistema de inmigración.
Afuera del lugar de reunión, docenas de activistas por los derechos de los inmigrantes protestaron, rechazando la caracterización previa de Sessions de la región fronteriza como "zona cero'' en la lucha de la administración Trump contra los cárteles y los traficantes de personas.
Los manifestantes cantaron en español, diciendo que la región no es una "zona de guerra" mientras levantaban carteles que protestaban por el muro fronterizo propuesto y el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en la región.
El viaje de Sessions a Las Cruces, una pequeña ciudad a una hora al norte de la frontera, se produce cuando comienza la construcción cerca de 20 millas (32 kilómetros) de una valla de acero que los funcionarios dicen que es parte del prometido muro de Trump.
Los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dicen que la barrera será más difícil de superar, que las viejas barreras de madera y barras de metal que se extienden por el amplio desierto al oeste del cruce fronterizo de Santa Teresa.
El Alguacil del Condado de Doña Ana, Enrique "Kiki'' Vigil, cuya jurisdicción incluye a Las Cruces y Santa Teresa, duda que un muro sea un uso apropiado de los recursos para combatir el flujo de drogas en el área _ uno de los sectores más activos de la frontera de EE.UU. con México
Vigil, citado por The Associated Press, dijo que preferiría ver cualquier posible gasto adicional en un muro fronterizo en lugar de ir a adquirir más tecnología y satisfacer otras necesidades de la aplicación de la ley en la frontera.
"Solo la construcción del muro, va a ser un precio enorme'', dijo. "¿Por qué no usar parte de ese dinero para intentar abordar algunos de los problemas aquí en los condados?''.
Un aumento del 37 por ciento en los cruces fronterizos ilegales en marzo trajo a más de 50,000 inmigrantes a los Estados Unidos. Fue el triple del número de cruces fronterizos ilegales reportados en el mismo período el año pasado.
Sin embargo, aún fue mucho más bajo que las oleadas de los últimos años de la administración Obama y las décadas anteriores.
