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California y NY demandan al gobierno por pregunta de ciudadanía en Censo


El fiscal general de California, Xavier Becerra, presentó la demanda contra el gobierno de EE.UU. por incluir pregunta sobre la ciudadanía en el cuestionario del Censo.
El fiscal general de California, Xavier Becerra, presentó la demanda contra el gobierno de EE.UU. por incluir pregunta sobre la ciudadanía en el cuestionario del Censo.

Los estados de California y Nueva York decidieron demandar al gobierno de Estados Unidos por añadir una pregunta en el cuestionario del Censo para 2020 en el que preguntan por la ciudadanía porque argumentan que viola la Constitución.

El fiscal general de California tomó acciones tan pronto hizo el anuncio el secretario de Comercio, Wilbur Ross, el pasado lunes. Al día siguiente, el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, anunció que liderará una demanda multiestatal para preservar lo que llamó un censo justo y preciso.

Las demandas son solo el comienzo de lo que será una dura batalla legal con estados, especialmente demócratas, que consideran que incluir la pregunta sobre la ciudadanía reduce el nivel de respuesta por parte de los encuestados.

Los opositores dicen que los estados con una población inmigrante significativa pueden perder escaños en la legislatura estatal y el Congreso, así como votos de los colegios electorales.

El secretario de Comercio, Wilbur Ross, respaldó la iniciativa al señalar que la información recopilada podría ayudar a identificar posibles violaciones potenciales del derecho al voto al ofrecer información más precisa sobre la proporción poblacional de un distrito congresional que es elegible al voto a través de la ciudadanía.

La Constitución de EE.UU. establece la realización de un censo cada 10 años para distribuir la representación en el Congreso. La distribución está basada en el “número de personas libres”. Las demandas alegan que el nuevo cambio viola este derecho.

Schneiderman señaló que “la decisión imprudente de las administración Trump de abandonar repentinamente casi 70 años de práctica al solicitar conocer el estado de ciudadanía de cada residente contabilizado limita el corazón de esta obligación sagrada y creará un ambiente de temor y desconfianza en las comunidades de inmigrantes”.

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