El presidente salvadoreño Nayib Bukele, aseguró que no está de acuerdo pero que acatará una orden emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual impone medidas cautelares e imposibilitó al Consejo de Ministros para convocar a una sesión plenaria extraordinaria de la Asamblea Legislativa para aprobar un préstamo para seguridad.
La orden fue emitida después de un choque de poderes entre el presidente y la Asamblea Legislativa, que se agravó el domingo cuando fuerzas especiales de la policía y de la fuerza armada entraron al recinto legislativo como medida de presión para que se aprobara un préstamo de 109 millones de dólares para impulsar su estrategia de combate a las pandillas.
La medida, publicada en la cuenta de Twitter de la institución, también prohibe al presidente Nayib Bukele hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines reglamentarios establecidos.
"Aunque no compartamos lo resuelto por la Sala de lo Constitucional... acataremos la orden emanada”, señaló el mandatario el martes por medio de un comunicado de prensa.
Las imágenes del ejército dentro del Congreso provocaron críticas dentro y fuera de El Salvador, en medio de llamados a Bukele para que se respete la institucionalidad democrática.
El embajador de EE.UU. en El Salvador, Ronald Johnson, dijo el lunes por medio de un tuit sentirse, "...aliviado que esa tensa situación terminó sin violencia. Ahora reconozco los llamados a la paciencia y la prudencia. Me uno a todos los actores que están pidiendo un diálogo pacífico para avanzar".
La Corte también ordenó al ministro de la Defensa Nacional y al director de la Policía Nacional Civil que no ejerzan funciones y actividades distintas a las que constitucionalmente y legalmente están obligados, y exigió al Consejo de Ministros (del cual forma parte Bukele) el cese de los efectos de la convocatoria a una sesión extraordinaria para aprobar el préstamo.
El último punto alude al artículo 167 constitucional invocado por Bukele, que corresponde al Consejo de Ministros y permite “convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa, cuando los intereses de la República lo demanden”. Con éste, el presidente pidió a los legisladores presentarse el domingo en el Congreso para evaluar su propuesta.
El martes, Bukele exhortó a la Corte a que al pronunciar su sentencia definitiva, “tome en consideración los actuales intereses de la República en el tema de seguridad, a través de una interpretación que permita la adaptabilidad de la Constitución a las realidades del momento, de manera que no coarte la potestad válida y vigente conferida en la Constitución al Consejo de Ministros”.
“Creo que es muy positivo que acepten plegarse al estado de derecho”, dijo a The Associated Press Juan Carlos González Saca, decano de la Facultad de Posgrados de la Universidad José Matías Delgado. “Afortunadamente han recapacitado y eso le da tranquilidad al país”.
El académico universitario sostuvo que “entendieron que cometieron un error, que no fue correcto” lo que hicieron, y señaló que “ni una sola organización de la sociedad civil en El Salvador, ni organismo internacional, han manifestado apoyo a esa actividad”.
González Saca consideró también que el incidente podría tener un impacto en la imagen del mandatario.
Mientras por la tarde, el medio local Última Hora, publicó que representantes de la diáspora salvadoreña en EE.UU., se están organizando para dar su apoyo a Bukele para que continúe con su programa de combate a las pandillas.
El préstamo sería usado para implementar la Fase III del Plan Control Territorial, con el que según el gobierno y algunos analistas, se ha logrado bajar el índice de homicidios.
Las cifras oficiales indican que en enero se registraron 119 asesinatos, un promedio de 3,8 al día, convirtiéndose en el mes menos violento desde la firma de los Acuerdos de Paz en enero de 1992.
Cuando Bukele fue juramentado el 1 de junio, se registraba un promedio de 9,2 homicidios diarios y en el primer mes de su mandato bajó a 7,7. Al cumplir sus primeros 100 días, la cifra se ubicaba en 5,9.
El mandatario atribuye la reducción de homicidios a un despliegue de policías y militares por todo el país.
“El principal logro del gobierno ha sido la disminución considerable de los homicidios y la población mira con buenos ojos el Plan Control Territorial”, sostuvo González Saca.
(Con información de AP)
