En las elecciones nacionales del 25 de octubre, los uruguayos también decidirán si anular o no una ley que estableció en 1986 que el Estado uruguayo no juzgará los delitos cometidos por policías y militares durante la dictadura militar (1973-1985).
Aunque la llamada Ley de Caducidad fue ratificada en una consulta popular en 1989, varias organizaciones de derechos humanos, grupos de izquierda y familiares de los desaparecidos durante la dictadura luchan por terminar con la amnistía bajo el lema “verdad y justicia”.
El Estado uruguayo reconoció que 172 personas desaparecieron durante el régimen de facto.
Es más difícil determinar el número de responsables de torturas y desapariciones, ya que la aplicación de la ley no permitió que se realizaran las investigaciones pertinentes, dijo Gabriel Seré, integrante de la Coordinadora por la Nulidad de la Ley de Caducidad, que estuvo a cargo de la campaña de recolección de firmas para plebiscitar la reforma constitucional que anularía dicha ley.
El plebiscito, no obstante, divide la opinión de los uruguayos. Las encuestas de opinión muestran que el porcentaje de aquellos que votarán por el “sí” para anular la ley es cercano al 50% requerido, pero el número de indecisos hace que el panorama sea incierto.
Los uruguayos que están en contra de la anulación de la ley creen que debería respetarse el espíritu de reconciliación con el que fue promulgada y dejar de mirar permanentemente al pasado.
“Es una ley que es hija de su tiempo y ahora no tiene ningún sentido juzgarla en tanto fue aprobada para solucionar o ayudar a sanar un conjunto de heridas que ocurrieron en un tiempo especial y diferente al que vivimos ahora”, dijo a la Voz de América el senador Francisco Gallinal, del opositor Partido Nacional.
“Considero que la ley fue muy injusta, pero a veces los países se ven en la necesidad de cerrar un capítulo, una etapa de la historia, y aprobar determinadas decisiones”, agregó.
Los uruguayos a favor de anularla esgrimen lo contrario.
“La ley mantiene las heridas abiertas y obliga que nunca salga de la esfera de la política”, según Gabriel Seré.
Más allá de los argumentos jurídicos que motivaron a los integrantes de la coordinadora a apoyar la anulación, Seré dijo que la ley no es válida porque va en contra de los tratados de derechos humanos y de las garantías democráticas que brinda el Estado.
“Existiría, para quienes defienden la ley, circunstancias en las que se pueden violar los derechos humanos”, consideró.
“Nosotros decimos que bajo ninguna circunstancia el Estado está habilitado a violar esos derechos. No puede haber razones que justifique que alguien sea torturado en un cuartel. Y no se trata sólo de juzgar a los militares, sino de garantizar los valores en los que construimos nuestra convivencia social”.
A días del plebiscito, la Suprema Corte de Justicia falló que la Ley de Caducidad era inconstitucional para el caso de una militante comunista, Nibia Sabalsagaray, que murió durante su detención en 1974.
Gabriel Seré dijo que el fallo fue un paso “muy importante” pero tiene sus limitaciones, pues de acuerdo al sistema jurídico uruguayo no es vinculante y la Suprema Corte de Justicia debe pronunciarse caso a caso.
Casos excluidos de la ley
La Ley de Caducidad determina en uno de sus artículos que los jueces deben remitir al Poder Ejecutivo la consulta de cada denuncia. El Poder Ejecutivo decide si archivar el caso o si realizar la investigación pertinente.
Este mecanismo, según Gabriel Seré, viola el principio de separación de poderes y de independencia del Poder Judicial.
El presidente socialista Tabaré Vázquez, quien asumió en 2005, fue el primero en excluir de la Ley de Caducidad ocho casos que no estaban amparados por la norma, incluyendo el del ex presidente de facto, Juan María Bordaberry.
El senador nacionalista Francisco Gallinal dijo que “el doctor Vázquez fue el presidente que mejor aplicó la Ley de Caducidad, ya que en algunos gobiernos anteriores fue mal aplicada y se utilizó para amparar situaciones que no estaban amparadas”.
En la eventualidad de que gane el candidato de su partido, el ex presidente Luis Alberto Lacalle, Gallinal dijo que no tiene “ninguna duda” de que utilizará “la misma línea de acción” que Vázquez.
No obstante, para muchos uruguayos no es suficiente que el Poder Ejecutivo excluya casos. La anulación de la Ley de Caducidad permitiría que se juzguen casos que fueron archivados y aseguraría que las investigaciones de todas las denuncias presentadas se realicen en la órbita del Poder Judicial, lo cual daría mayores garantías de independencia e imparcialidad, según Seré.
