Dos organizaciones defensoras de derechos humanos de Venezuela denunciaron este miércoles acciones “de represión” de parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro contra manifestaciones pacíficas ocurridas en diversas regiones del país en los últimos días.
Un comunicado conjunto del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) emitió la denuncia “ante el país y la comunidad internacional” y demandó al gobierno en disputa a garantizar el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente.
El documento se refiere específicamente a protestas que comenzaron el pasado 25 de septiembre en Urachiche, un municipio rural del estado Yaracuy, donde los vecinos exigieron servicios básicos y salarios dignos para profesores y maestros, las cuales se prolongaron por cinco días consecutivos y se extendieron a otros pueblos y caseríos del interior del país.
“La respuesta del estado venezolano a estas manifestaciones, populares, legítimas y pacíficas es la represión y criminalización”, continúa la nota.
Agrega el texto que “efectivos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), grupo élite de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en coordinación con la policía del estado Yaracuy y civiles armados, reprimieron a manifestantes en la ciudad de Chivacoa, municipio Bruzual de Yaracuy, utilizando armas de fuego y sustancias tóxicas”.
“Esta situación dejó un saldo de al menos 30 personas detenidas, numerosos heridos y denuncias de tratos crueles inhumanos y degradantes, allanamientos ilegales en viviendas de los manifestantes o que están ubicadas en las inmediaciones de los lugares donde se escenificaron las protestas”, denuncian los grupos activistas.
Según el comunicado, “este patrón de represión se repitió en los estados Aragua, Lara, Nueva Esparta y Sucre, donde también se registraron manifestaciones de vecinos por servicios básicos. Adicionalmente, estas entidades fueron militarizadas por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)”.
“Esto confirma que bajo la administración de Nicolás Maduro se continúan cometiendo graves violaciones de derechos humanos en Venezuela, tal como los denunciaron la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos y la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas en sus más recientes informes sobre Venezuela, donde esta última instancia confirma la existencia de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela”.
El documento explica que “la profundización de la emergencia humanitaria compleja (por el coronavirus) ha impactado a todos los venezolanos, pero de manera más dramática y aguda a los habitantes de las pequeñas poblaciones del interior del país”.
OVCS y PROVEA afirman que las protestas se han ido incrementando a lo largo del año en Venezuela, “motivadas por la exigencia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales” y las carencias socioeconómicas.
“Hasta el lunes 28 de septiembre se reportaron más de 190 manifestaciones pacíficas, relacionadas a reclamos de servicios públicos y rechazando la escasez e irregularidades con en la venta y distribución de combustible”, señala el comunicado.
“Estas manifestaciones han sido protagonizadas fundamentalmente por familias, y con una amplia participación de mujeres”.
“Lamentamos que, ante el inminente aumento de las protestas pacíficas en las regiones, la respuesta de quienes ostentan el poder en Venezuela sea la represión y actúen con indolencia ante los justos reclamos de la población”.
El comunicado exige al gobierno en disputa que garantice “el pleno cumplimiento y respeto del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, que establece el derecho a manifestarse, pacíficamente y sin armas.
Además, demanda la libertad plena de las personas detenidas arbitrariamente en el contexto de las manifestaciones pacíficas y dar respuesta oportuna y satisfactoria a las personas que exigen servicios básicos.
Pide el cese a las irregularidades en la distribución de gasolina y e investigar de forma pertinente para establecer responsabilidades y sanciones por las denuncias de tratos crueles inhumanos y degradantes, y detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales ocurridos durante las manifestaciones.
Finalmente, exhorta a atender las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos y la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas en materia de libertad de asociación y reunión pacífica.
