Estas afirmaciones son engañosas y están lejos de la realidad del COVID-19 en Venezuela.
Desde el inicio de la pandemia el año pasado, expertos y organizaciones internacionales han observado a Venezuela con cautela, dado su paralizado sistema de salud. En mayo pasado, Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins cuestionaron el recuento oficial de Venezuela de casos y muertes por COVID-19 en el país, diciendo que eran "probablemente falsas" y que las cifras reales "podrían ser miles de veces más altas que las cifras oficiales".
En medio de la agitación política y económica de casi una década en Venezuela, el sistema de salud del país se ha deteriorado severamente. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó en 2018 que 22.000 de los 66.138 médicos de Venezuela (un tercio de los médicos registrados) habían abandonado el país en 2014, un año después de que Maduro asumiera la presidencia.
En una encuesta realizada en junio pasado por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP), una organización sin fines de lucro, el 60% de los encuestados indicó que carecían de servicios de calidad para lidiar adecuadamente con una cuarentena. Casi el 65% dijo que carecía de agua suficiente para mantener las prácticas de higiene, y el 62% dijo que carecía de la capacidad de Internet para trabajar de forma remota o asistir a la escuela.
Como informó anteriormente Polygraph.info, en agosto de 2020, Maduro publicó un video de alguien de un grupo progubernamental elogiando la atención de COVID-19 que recibió en el Hospital Dr. Egor Nucete. Pero dos días después, miembros del personal de enfermería de ese hospital iniciaron una huelga de brazos cruzados por la falta de equipo de bioseguridad, suministros y "condiciones de trabajo decentes y óptimas".
En junio pasado, 20 personas infectadas por el virus pidieron ser dadas de alta del Hospital Universitario de Maracaibo porque no tenían comida ni agua. La asociación de médicos del estado condenó la falta de camas y suministros hospitalarios, el uso de hoteles de bajo presupuesto para poner en cuarentena a los pacientes con coronavirus y la infrautilización de máscaras faciales.
Alianza Rebelde Investiga (ARI), un colaborador de los medios de comunicación venezolanos, informó el año pasado que "el equipamiento hospitalario, el personal médico y la provisión de servicios básicos" eran "insuficientes" en los 47 hospitales del país designados para tratar pacientes con coronavirus.
Solo alrededor de la mitad de los hospitales tenían un suministro continuo de agua, y dos de cada cinco no tenían equipo de protección o no tenían suficiente, como batas, mascarillas quirúrgicas y faciales, para los médicos y enfermeras. La investigación también encontró que solo estaban en funcionamiento 15 ambulancias para toda la red hospitalaria.
El exministro de Salud de Venezuela, Rafael Orihuela, dijo a la Voz de América en agosto que el país no tiene suficientes laboratorios para las pruebas de COVID-19, a pesar de que se podrían construir más, y se prometieron. “Parece que hay un intento de no hacerlo para mantener [las cifras] turbias”, aseguró
A lo largo de 2020, los informes de los medios dijeron que el Gobierno desplegó fuerzas de seguridad y puso en cuarentena a los que dieron positivo en almacenes. El New York Times informó en agosto pasado que los venezolanos que regresaban al país a causa de la pandemia - llamados "bioterroristas" por Maduro - estaban siendo colocados en habitaciones abarrotadas con protección limitada, comida y agua, y "mantenidos bajo vigilancia militar durante semanas o meses durante pruebas de coronavirus o tratamiento con medicamentos no probados".
El mismo mes, Bloomberg informó que los pacientes y los médicos evitaban las pruebas para que no pudieran ser enviados a centros de cuarentena administrados por el Estado.
“Venezuela ya tenía muy poco personal médico. La gente tiene miedo. Ahora los pacientes llegan de inmediato y necesitan cuidados intensivos porque vivieron con la enfermedad en casa hasta que ya no pudieron más”, dijo a la agencia de noticias María Graciela López, directora de la Sociedad de Infectología de Venezuela.
Bloomberg informó que algunas personas confiaban en las pruebas del mercado negro para evadir la supervisión del Gobierno.
En junio pasado, el Gobierno de Maduro y la Asamblea Nacional liderada por la oposición, junto con la OPS, firmaron un acuerdo para trabajar juntos para responder al brote de coronavirus. También se comprometieron a crear canales oficiales para que la OPS ayude con la capacidad de diagnóstico, proteja al personal de salud, responda a los casos confirmados y aumente la vigilancia.
En enero, la oposición acusó al Gobierno de Maduro de violar el acuerdo al transferir medicamentos y equipos proporcionados por la OPS a la propia red gubernamental de laboratorios y centros regionales, según Reuters.
Miguel Pizarro, un representante de las Naciones Unidas designado por el líder de la oposición venezolana Juan Guaidó, dijo en un comunicado que la medida del Gobierno le dio "control absoluto" sobre los datos y resultados de las pruebas de COVID-19 del país, escribió Reuters.
Oficialmente, Venezuela ha registrado casi 140.000 casos de coronavirus y más de 1.300 muertes. Sin embargo, esas estadísticas siguen siendo controvertidas.
