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ONG denuncia detenciones arbitrarias durante cuarentena en Venezuela


Soldados de la Guardia Nacional montan guardia afuera de una camioneta de la policía en el barrio de Petare, en Caracas, el 7 de agosto de 2020.
Soldados de la Guardia Nacional montan guardia afuera de una camioneta de la policía en el barrio de Petare, en Caracas, el 7 de agosto de 2020.

El reporte de Provea centra su atención en las detenciones arbitrarias y las políticas de intimidación al ejercicio de la manifestación pacífica.

Un informe de la ONG Provea y Laboratorio de Paz reveló que durante los primeros meses de cuarentena en Venezuela hubo 601 detenciones arbitrarias.

El informe de 107 páginas, titulado 'La disciplina del miedo', explica que la mayoría de estas detenciones, conretamente 442 de ellas, fueron en el contexto de manifestaciones que se dieron en el país.

Explican que, durante el primer mes del estado de alarma, decretado por el gobierno en disputa para evitar la propagación de la pandemia, ocurrieron la mayor cantidad de estas detenciones arbitrarias (168).

El número disminuyó los meses posteriores, pero volvió aumentar en septiembre con 110 detenciones arbitrarias en el contexto de manifestaciones.

Rafael Uzcátegui, coordinador general de la ONG Provea, explica que las 159 restantes "tuvieron como objetivo silenciar e invisibilizar situaciones irregulares ocurridas en el abordaje de la pandemia en nuestro país, eso tiene que ver con el perfil de las personas detenidas”.

De este grupo, 59 fueron periodistas y personas vinculadas a medios de comunicación; 33 políticos y personas militantes de partidos; 25 médicos y personal de salud; y 10 trabajadores y sindicalistas.

La Guardia Nacional, la Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional y la Dirección General de Contrainteligencia Militar fueron los organismos con mayor cantidad de detenciones.

Uzcátegui señaló que: “Detectaron un patrón denominado Furia Bolivariana que después de órdenes expresas del propio Nicolás Maduro a través de medios de comunicación, en 19 estados del país, se registraron 58 ataques vandálicos contra viviendas de personas identificadas como críticas o disidentes del gobierno nacional”.

El registro también refleja 5 fallecidos en el contexto de manifestaciones durante este periodo.

El coordinador de Provea señala que estos patrones "lo que sugieren es que el abordaje a la situación de pandemia y de cuarentena en nuestro país privilegio el mantenimiento del orden mediante mecanismos de intimidación y de disuasión para el ejercicio de los derechos, y muy en segundo lugar se dejó el abordaje técnico y médico - sanitario a la situación experimentada por los venezolanos".

Las organizaciones piden garantizar el acceso a la información sobre la dimensión y evolución de la pandemia en el país y al ejercicio tanto del derecho a la manifestación pacífica como del derecho a la libertad de asociación y reunión, “aún bajo pandemia”.

Igualmente piden la libertad plena de las personas detenidas por razones políticas o privadas de libertad en el contexto de manifestaciones.

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