El director de la organización de Derechos Humanos Vive y miembro del Foro Penal Venezolano Alfredo Romero, dijo que las declaraciones del ex magistrado Eladio Aponte Aponte “más que una denuncia es una confesión de la máxima autoridad de justicia criminal del país (…) que implica la utilización del Poder Judicial a través de una red para perseguir sistemáticamente a la población”, por lo cual se trata de una violación “grave” a los Derechos Humanos.
El abogado Romero dijo al periódico venezolano El Nacional, que el Estado venezolano tiene la obligación de investigar y juzgar lo dicho por el ex magistrado Aponte.
“La salvaguarda del patrimonio público y la corrupción son delitos que están establecidos específicamente en la constitución y la Fiscalía está obligada a investigar sin necesidad de la denuncia, sólo con una referencia de la situación”, aseguró el jurista.
Romero recordó que desde el año 2004 han denunciado la utilización del sistema judicial para perseguir en forma sistemática a un grupo específico de la población por motivaciones políticas en las instancias internacionales porque eso se califica crimen de lesa humanidad de acuerdo con el artículo séptimo del Estatuto de Roma.
Anunció que las declaraciones del ex magistrado servirán como prueba para presentar el caso de persecución política ante el Tribunal Penal Internacional, porque en el año 2006 emitió una comunicación solicitando mayores evidencias para comprobar el patrón de persecución política.
Romero se refirió a las declaraciones de la Fiscal General de la República que aseguró que no estaban dadas las condiciones para iniciar una investigación. “La misma Fiscal sabe que la declaración no fue correcta, fue una salida sesgada a los efectos de no investigar una situación que está muy clara (…) La Fiscal debiera inhibirse de conocer cualquier investigación en este caso, y el pronunciamiento de no llevar a cabo la investigación implica una parcialidad (…) debería haber dicho `no soy responsable de lo que me imputa, pero creo que el Estado debe investigar´”, dijo.
El abogado Romero dijo al periódico venezolano El Nacional, que el Estado venezolano tiene la obligación de investigar y juzgar lo dicho por el ex magistrado Aponte.
“La salvaguarda del patrimonio público y la corrupción son delitos que están establecidos específicamente en la constitución y la Fiscalía está obligada a investigar sin necesidad de la denuncia, sólo con una referencia de la situación”, aseguró el jurista.
Romero recordó que desde el año 2004 han denunciado la utilización del sistema judicial para perseguir en forma sistemática a un grupo específico de la población por motivaciones políticas en las instancias internacionales porque eso se califica crimen de lesa humanidad de acuerdo con el artículo séptimo del Estatuto de Roma.
Anunció que las declaraciones del ex magistrado servirán como prueba para presentar el caso de persecución política ante el Tribunal Penal Internacional, porque en el año 2006 emitió una comunicación solicitando mayores evidencias para comprobar el patrón de persecución política.
Romero se refirió a las declaraciones de la Fiscal General de la República que aseguró que no estaban dadas las condiciones para iniciar una investigación. “La misma Fiscal sabe que la declaración no fue correcta, fue una salida sesgada a los efectos de no investigar una situación que está muy clara (…) La Fiscal debiera inhibirse de conocer cualquier investigación en este caso, y el pronunciamiento de no llevar a cabo la investigación implica una parcialidad (…) debería haber dicho `no soy responsable de lo que me imputa, pero creo que el Estado debe investigar´”, dijo.
