Según el 'Observatorio venezolano de conflictividad social' (OVCS), Venezuela registró en mayo de 2012 al menos 454 protestas.
Las cifras son el 14% más que en abril, cuando se observaron 399. Los conflictos en las cárceles se incrementaron, al igual que las protestas de los damnificados y trabajadores.
El anuncio del cierre de la cárcel conocida como “La Planta”, en Caracas, por parte de por autoridades del Ministerio de Servicios Penitenciarios, proyectó la frecuencia de protestas por parte de los convictos y sus familiares, acompañadas de constantes hechos de violencia con armas de fuego.
Este conflicto, que duró más de quince días continuos, terminó en la tercera semana de mayo, con el desalojo total de la población que se encontraba en las instalaciones del penal y su traslado a otras cárceles.
Según la ONG venezolana Una Ventana a la Libertad, ‘La Planta’ presentaba un hacinamiento del 664% convirtiéndola en el recinto carcelario con mayor población hacinada del país.
Igualmente, se registraron 184 protestas por los derechos laborales, 130 por vivienda digna, derechos de personas privadas de libertad, demandas por seguridad ciudadana y participación política. 121 protestas fueron convocadas para reclamar el derecho a la justicia un total y 19 manifestaciones se generaron por exigencias educativas.
La promulgación de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) como resultado de una reforma amplia a la anterior Ley Orgánica del Trabajo (LOT), originó intensas movilizaciones en el sector de los trabajadores. Al igual que las demandas laborales orientadas hacia el pago de deudas y a la incorporación de trabajadores en nominas fijas.
Por su parte los damnificados que se encuentran ubicados en refugios principalmente en los centros urbanos de la región central, incrementaron sus protestas en el mes de mayo por el derecho a la vivienda, en relación con el mes de abril.
Autoridades del Ministerio de Hábitat y Vivienda anunciaron en la cuarta semana de mayo la entrega de 2.552 casas en cinco entidades del país, que aunque no cubre la demanda en todo el territorio nacional, permite al Gobierno conducir el conflicto de manera efectiva.
Las cifras son el 14% más que en abril, cuando se observaron 399. Los conflictos en las cárceles se incrementaron, al igual que las protestas de los damnificados y trabajadores.
El anuncio del cierre de la cárcel conocida como “La Planta”, en Caracas, por parte de por autoridades del Ministerio de Servicios Penitenciarios, proyectó la frecuencia de protestas por parte de los convictos y sus familiares, acompañadas de constantes hechos de violencia con armas de fuego.
Este conflicto, que duró más de quince días continuos, terminó en la tercera semana de mayo, con el desalojo total de la población que se encontraba en las instalaciones del penal y su traslado a otras cárceles.
Según la ONG venezolana Una Ventana a la Libertad, ‘La Planta’ presentaba un hacinamiento del 664% convirtiéndola en el recinto carcelario con mayor población hacinada del país.
Igualmente, se registraron 184 protestas por los derechos laborales, 130 por vivienda digna, derechos de personas privadas de libertad, demandas por seguridad ciudadana y participación política. 121 protestas fueron convocadas para reclamar el derecho a la justicia un total y 19 manifestaciones se generaron por exigencias educativas.
La promulgación de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) como resultado de una reforma amplia a la anterior Ley Orgánica del Trabajo (LOT), originó intensas movilizaciones en el sector de los trabajadores. Al igual que las demandas laborales orientadas hacia el pago de deudas y a la incorporación de trabajadores en nominas fijas.
Por su parte los damnificados que se encuentran ubicados en refugios principalmente en los centros urbanos de la región central, incrementaron sus protestas en el mes de mayo por el derecho a la vivienda, en relación con el mes de abril.
Autoridades del Ministerio de Hábitat y Vivienda anunciaron en la cuarta semana de mayo la entrega de 2.552 casas en cinco entidades del país, que aunque no cubre la demanda en todo el territorio nacional, permite al Gobierno conducir el conflicto de manera efectiva.
