El gobierno de Nicolás Maduro denunció que un jurista recién electo como magistrado de la Corte Internacional de Justicia legitimó a las autoridades de la oposición venezolana como canciller de su país, Rumanía, expresando su preocupación por ese precedente político de cara a un eventual fallo del órgano judicial de Naciones Unidas sobre la potestad territorial de la Guayana Esequiba.
La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez publicó la tarde del martes un video en su canal de WhatsApp donde denunció que la postura del hoy excanciller rumano Bogdan-Lucian Aurescu ante el llamado gobierno interino de la oposición, hoy disuelto, es una “grosería”.
Aurescu, electo el 9 de noviembre por la Asamblea General de las Naciones Unidas como magistrado de la Corte Internacional de Justicia por un período de 9 años, reconoció canciller de ese gobierno interino opositor a Julio Borges, exdiputado de la oposición, de acuerdo con la versión difundida por la vicepresidenta del gobierno madurista.
El antichavismo denunció desde enero de 2019 que Maduro usurpaba el poder desde entonces tras ganar una elección fraudulenta e ilegítima. Decenas de países, entre ellos Rumanía y la Unión Europea, validaron esa tesis y reconocieron ese interinato.
“Lo curioso es que este juez, siendo canciller rumano, se dirige a Julio Borges, reconociéndolo como canciller de Venezuela. Realmente, una situación muy grave”, dijo la funcionaria, quien dijo publicar esa denuncia por instrucción de Maduro.
Según una nota oficial de Naciones Unidas, Aurescu fue electo junto a otros tres candidatos como nuevos magistrados de la CIJ en una sesión de la Asamblea General el 9 de noviembre.
Además, se reeligió a otra juez, Hilary Charlesworth, de Australia.
Aurescu y los nuevos jueces asumirán sus asientos en el máximo órgano judicial de Naciones Unidas el 6 de febrero de 2024. El hoy magistrado de la CIJ fue canciller de Rumanía entre 2014 y 2015 y entre 2019 y 2023.
El tribunal de la ONU está compuesto por 15 jueces que ejercen su cargo durante 9 años. Cada tres años se eligen 5 puestos.
“Una grosería, una barbaridad”
Rodríguez mostró en su video una copia borrosa de un presunto comunicado de Aurescu a Borges, delegado de la oposición venezolana ante la comunidad internacional luego de enero de 2019. No precisó de cuándo fue esa notificación oficial del excanciller.
“¿Cómo una persona que hoy ocupa un puesto como juez ante la CIJ puede de manera tan flagrante violentar la ley internacional y la Constitución de la RBV? Es una grosería, es una barbaridad”, fustigó la segunda figura más importante del ejecutivo de Maduro.
Según Caracas, el reconocimiento de Guaidó y Borges como autoridades legítimas de Venezuela fue un “extremismo de la ilegalidad internacional”.
Comportamientos como ese, dijo Rodríguez, forman parte de las razones que argumenta Venezuela para desconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en su intención de fallar sobre su controversia territorial con Guyana.
Venezuela y Guyana disputan desde sus tiempos independentistas un territorio de 159.000 kilómetros cuadrados conocido como el Esequibo.
Guyana llevó el caso a la CIJ hace 5 años, luego de que el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, considerara que es el mecanismo idóneo para zanjar el antiquísimo diferendo. Caracas cree que la herramienta para zanjar las diferencias es un acuerdo firmado en Ginebra en 1966 con el auspicio de Naciones Unidas.
Venezuela rechaza que esa controversia quede “en manos de terceros”, recordó Rodríguez en su denuncia del martes.
Advirtió incluso sobre la posibilidad de que exista en la CIJ “una componenda muy similar” a la que ocurrió, según Caracas, en el Laudo Arbitral de París en 1899, que múltiples gobiernos venezolanos han calificado como “nulo e írrito”.
“Es una grosería, una barbaridad. Esa es la razón de nuestra postura histórica, de no dejar a terceros la solución de la controversia territorial"Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela
La denuncia de Rodríguez ocurre dos semanas antes de la celebración de un referendo consultivo, el 3 de diciembre. La votación incluirá 5 preguntas a los venezolanos y está promovida por el chavismo. Con ellas, el gobierno de Maduro espera reivindicar la potestad territorial sobre el Esequibo.
Analistas han expresado su preocupación ante 2 de esas interrogantes, que consultan sobre el rechazo a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia sobre la controversia territorial y sobre la creación de un estado venezolano en ese territorio en disputa.
Expertos de Venezuela y de países vecinos han advertido a la Voz de América que ese referendo puede abrir la puerta a la indefensión judicial de Venezuela en la CIJ y hasta a la alteración de la paz en la región por el control fáctico de esa zona en reclamación.
Piedras contra “el peso” de la CIJ
La actuación de Aurescu como canciller de Rumanía debe juzgarse como parte de la política exterior de su país y no como una postura individual a favor de la oposición venezolana, opinó Luis Peche Arteaga, experto en relaciones internacionales.
A su juicio, la denuncia de Rodríguez es “parte de una narrativa” con la cual el chavismo “intenta quitarle peso” a la CIJ como actor idóneo para resolver el conflicto territorial y “abona el terreno” para desconocer toda sentencia que emane de ella sobre el asunto.
Lauren Caballero, también especialista en asuntos internacionales, consideró que el reclamo del gobierno madurista sobre Aurescu no se transmite de la manera correcta.
“Hay procedimientos que se pueden seguir, en base al Estatuto de Roma, cuando se estima que alguno de los miembros de la Corte no debe conocer sobre un caso”, recordó en conversación con la Voz de América.
Aurescu obtuvo 117 votos en la Asamblea General de las Naciones Unidas de principios de noviembre, venciendo por el cargo para la región de Europa del Este a un candidato de Rusia, el juez Kirill Gevorgian.
Según Caballero, el oficialismo trata de generar “la peor percepción posible” sobre la Corte Internacional de Justicia y sus miembros para así justificar la no comparecencia del Estado venezolano ante ella en cuanto al caso del Esequibo.
Se prevé que la CIJ se pronuncie en breve, sin Aurescu aún en su cargo, sobre la petición de Guyana para que exija la no realización del consultivo sobre el Esequibo en Venezuela.
A mediados de este mes, funcionarios venezolanos, entre ellos Rodríguez, defendieron en La Haya, sede de la CIJ, el derecho soberano de su nación de realizar un referendo sobre esa materia, en disputa desde el siglo XVIII, según historiadores.
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