Tres ministros renunciaron este lunes en Perú en medio de una crisis política de dos semanas por una indagación preliminar por presunto enriquecimiento ilícito contra la mandataria, Dina Boluarte, y días después de que la casa de la presidenta fue allanada por la fuerza pública.
El primero fue el ministro Víctor Torres quien explicó a la prensa que su renuncia se debía a que un familiar tenía problemas de salud. Pero pidió que dejen gobernar a la mandataria y advirtió que si Boluarte deja el poder “el país se hunde”.
Poco después, las titulares del ministerio de la Mujer, Nancy Tolentino, y Educación, Miriam Ponce, anunciaron sus respectivas dimisiones en sus cuentas de la red social X, antes Twitter. Ambas agradecieron a Boluarte, pero no explicaron las razones de sus salidas. Tolentino tenía poco más de dos meses en el cargo, mientras que Ponce más de seis meses.
La presidenta peruana enfrenta desde hace dos semanas una polémica por la utilización de relojes de lujo que derivó en la apertura de una investigación preliminar por parte de la Fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de declarar en agravio del Estado.
Como parte de la investigación —y tras reclamar la fiscalía a Boluarte que coopere en la indagación—, la casa de la presidenta fue allanada el fin de semana a la fuerza con apoyo de la policía. Este cuerpo está bajo el mando del Ministerio de Interior.
La defensa de la presidenta solicitó a la oficina del fiscal general Juan Villena que se adelante una declaración de Boluarte programada para el 5 de abril.
La presidenta, que ha negado las acusaciones, se quejó el sábado sin mencionar al ministro de que el allanamiento a su domicilio fue “desproporcionado”.
Torres fue cuestionado desde antes de que estallara el escándalo por los relojes por varios grupos parlamentarios por su falta de liderazgo en la lucha contra la delincuencia.
Su renuncia llega tras un pedido para destituir a a la mandataria “por incapacidad moral permanente” impulsado por un grupo de parlamentarios de izquierda, del antiguo partido de Boluarte, llamado Perú Libre, y de otras bancadas, citando el artículo 115 de la Constitución. Añaden que además de la investigación fiscal contra la presidenta existen otros problemas que padece el país como el alza de la delincuencia.
Para destituir a la mandataria se necesitan 87 de los 130 votos del Parlamento. Existe incertidumbre porque al menos cinco partidos políticos que suman 54 votos han mostrado su apoyo a la mandataria el fin de semana cuestionando el allanamiento de su domicilio, donde la policía rompió la cerradura luego de que no le abrieran la puerta.
La salida del ministro también ocurre después de conversaciones entre el primer ministro, Gustavo Adrianzén, con varias bancadas legislativas dos días antes de que el gabinete ministerial acuda a una cita ante el Congreso para solicitar el voto de respaldo que requiere de la mayoría simple del número de legisladores presentes.
La polémica empezó con un programa periodístico, llamado “La Encerrona”, que afirmó haber revisado miles de fotos oficiales en una investigación sobre los relojes que usa Boluarte y que divulgó que uno de ellos, un Rolex, vale en Perú hasta 14.000 dólares. En otras publicaciones periodísticas se detectaron al menos dos Rolex más.
Boluarte, una abogada de 61 años, era funcionaria de una oficina distrital del registro de identidad cuando llegó al poder como vicepresidenta del entonces presidente, Pedro Castillo, el 28 de julio de 2021. Se convirtió en su ministra de inclusión social con un sueldo de 8.136 dólares mensuales.
Pese a las preguntas de la prensa, la mandataria no ha respondido desde mediados de marzo por el origen de los tres relojes de lujo que usó desde que llegó a la presidencia el 7 de diciembre de 2022, cuando reemplazó al entonces presidente Pedro Castillo (2021-2022). Castillo fue destituido por el Parlamento y ahora está preso mientras es investigado por presunta corrupción y rebelión.
Si Boluarte fuera acusada por enriquecimiento ilícito y omisión de declarar en agravio del Estado, no podrá ser enjuiciada hasta 2026 cuando acaba su gestión. Los funcionarios están obligados a declarar sus bienes para evitar casos de enriquecimiento y las declaraciones presentadas por la presidenta no consignan ningún Rolex.
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