Periodistas de investigación en Europa y otros lugares, especializados en delitos financieros, están afrontando cada vez más demandas vejatorias, muchas entabladas en cortes inglesas, que buscan intimidarlos y así silenciarlos, según una encuesta mundial publicada esta semana.
"Lo que salió muy rotundamente de los resultados de la encuesta fue que las amenazas legales son realmente una preocupación clave”, dijo Susan Coughtrie, del Centro de Política Exterior, una organización de investigación política en Londres, que supervisó la encuesta examinando las presiones que reporteros en 41 países afrontan al tratar de sacar luz pública casos de corrupción.
Los encuestados dijeron que afrontan muchas acciones para intimidarles, desde ser acosados agresivamente en las redes sociales hasta casos de acoso físico y vigilancia, o ser puestos en listas negras gubernamentales, pero la amenaza de acciones legales está teniendo el mayor impacto en su habilidad para continuar con sus trabajos. Los costos legales involucrados en defenderse de demandas son frecuentemente suficientes para forzar a un reportero o compañía de medios a detener su tarea.
El 73% de los encuestados dijeron que habían recibido amenazas legales claramente intencionadas a silenciarles. Corporaciones e individuos adinerados frecuentemente buscan lugares en el extranjero donde presentar demandas. Las leyes de difamación en Inglaterra tienden a favorecer a aquellos que presentan demandas de difamación en lugar de favorecer a los acusados.
"Los periodistas investigativos descubriendo crimen y corrupción eran sujetos a una cantidad significativa de riesgos y amenazas, lo cual tiene un efecto escalofriante en su habilidad de continuar poniendo en la luz pública temas de interés público”, dijo Coughtrie.
![Una sesión de la Asamblea Nacional en Nicaragua, entidad que el próximo 13 de octubre de 2020 llevará a votación sendas leyes que han sido denunciadas como vehículos de censura en el país. [Foto: Houston Castillo/VOA].](https://gdb.voanews.com/e1658ca4-fc5e-43c1-ab91-e5cce77a821c_w100_r1.png)
"Particularmente alarmante es el nivel y frecuencia, como es señalado por nuestra encuesta, de amenazas legales siendo enviadas a periodistas de todo el mundo. Inglaterra es la principal Fuente internacional de este tipo de demandas legales, casi tan alta como los países europeos y Estados Unidos combinados, lo cual resalta la clara necesidad de más revisión para evitar el potencial mal uso vejatorio del sistema legal inglés”, agregó.
SLAPPs
Demandas presentadas por corporaciones e individuos adinerados contra periodistas antes de la publicación de un reporte, o después, son conocidas como SLAPPs, una abreviación en inglés de Demandas Estratégicas Contra la Participación Pública. Los críticos de esas demandas dicen que son intentos cínicos para atar a los periodistas con complejas y costosas disputas legales.
"El más sorprendente hallazgo de este reporte es el hecho de que Inglaterra parece ser el más grande centro de delitos financieros, y de amenazas legales contra periodistas”, dijo Oliver Bullough, periodista investigativo y autor del libro 'Moneyland: La historia secreta de los corruptos y cleptócratas que gobiernan el mundo'.
"Al permitir que continúe este abuso, el gobierno inglés no está cumpliendo con sus compromisos de proteger la libertad de prensa”, dijo Sarah Clarke de ARTICLE 19, una organización inglesa de derechos humanos.
El aumento de demandas vejatorias ha generado alarma en Europa. Legisladores, periodistas y defensores de los derechos han estado pidiendo un remedio. El Consejo del Comisionado para Derechos Humanos de Europa, Gunja Mijatovic, criticó las demandas el mes pasado diciendo que “en algunos países cierta gente rica y poderosa usan demandas para censurar, acosar y finalmente suprimir a sus críticos. Este es un Viejo problema, pero uno que ha estado aumentando en magnitud en meses recientes”.
Las demandas, o SLAPPs, "representan una significativa y creciente amenaza para la libertad de expresión en un número de estados miembros del Consejo de Europa, pervirtiendo el sistema de justicia y el imperio de la Ley más generalmente”, afirmó.
Daphne Caruana Galizia
Ella citó el caso de la reportera maltesa Daphne Caruana Galizia, quien fue asesinada en octubre del 2017, cuando detonó una bomba en su vehículo, generando denuncias internacionales. Cuatro hombres han sido detenidos en conexión con el asesinato, incluyendo el empresario maltés, Yorgen Fenech, dueño de una compañía con sede en Dubai, quien fue arrestado a bordo de su yate.
Caruana Galizia estaba batallando contra más de 40 demandas civiles y criminales por difamación cuando fue asesinada. 25 de esas demandas continuaron tras su muerte y están siendo manejadas por su familia. Mijatovic ha propuesto una variedad de reformas para proteger a los periodistas y demandas abusivas, incluyendo permitir que los jueces puedan desechar tempranamente demandas obviamente falsas y revertir los costos para obligar a los demandantes a asumir los costos desde un inicio.
Este mes, IFEX, una red internacional de más de cien organizaciones independientes y no gubernamentales que defienden y promueven la libertad de expresión, ha estado señalando el caso de una página digital eslovaca, Necenzurirano, tres de cuyos periodistas han sido blanco de 39 demandas criminales de parte de Rok Snežić, un experto en impuestos y asesor financiero no oficial del primer ministro Janez Janša.
La Comisión Europea anunció en octubre que planea actuar contras las demandas. "Nuestra democracia necesita vigilantes; necesita medios libres y pluralistas”, dijo Věra Jourová, una vicepresidente de la Comisión Europea. Pero no está claro aún qué acción propone la Comisión Europea para evitar que los periodistas sean frecuentemente obligados a abstenerse de cubrir ciertas historias, aún cuando su cobertura es factual.
En Estados Unidos, 31 estados han aprobado leyes contra las demandas frívolas. Varias trabajan permitiéndole a los demandados presentar una moción para desechar la demanda en base a que el caso involucra discursos protegidos en un asunto de interés público. El demandante entonces carga la responsabilidad de demostrar una probabilidad de que prevalecerían si el caso fuese escuchado. Si el demandante falla en demostrarlo, la demanda es desechada con el demandante siendo obligado a pagar una multa por haber presentado la demanda.
