Daniel Ortega asumió su cuarto mandato como presidente de Nicaragua el pasado 10 de enero. En su intervención, defendió la revolución sandinista, criticó las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea sobre sus funcionarios y aliados internacionales y apuntó a objetivos internos como construir la paz y combatir la pobreza.
“[Nicaragua] está avanzando en su crecimiento económico. Hay que seguir luchando, lógicamente. Nuestra meta es darle continuidad a la buena marcha que traíamos hasta abril del [20]18. Borrón y cuenta nueva. Vamos adelante, queridos hermanos nicaragüenses, construyendo paz para combatir la pobreza”, exclamó al final de su discurso.
Si bien la economía de Nicaragua crecía antes de 2018 y ahora volvería a hacerlo, según datos y previsiones recientes, Ortega omitió que el punto de inflexión de ese año estuvo ligado a la escalada represiva del Gobierno a partir de las protestas por la reforma de la seguridad social, que terminaron por romper la economía local.
Después de una caída en 2009, el crecimiento anual del PIB de Nicaragua estuvo por encima del 4% hasta 2017, con dos incrementos superiores al 6% en 2011 y 2012.
En 2018 y 2019, la caída fue más allá de -3%, y en 2020, de -2%. También de acuerdo con cifras que recoge el Banco Mundial, el PIB per cápita (en dólares estadounidenses a precios constantes de 2010) llegó a su pico reciente en 2017, antes de un descenso a partir de 2018.
De volver al poder hasta aferrarse
Siempre en el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que había derrocado a la dictadura somocista en 1979, Daniel Ortega pasó de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional a ser elegido para gobernar Nicaragua entre 1985 y 1990. Tras su derrota contra Violeta Barrios de Chamorro y los periodos de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, volvió al poder en 2007. Reelegido tres veces, ahora empieza su cuarto mandato consecutivo.
Ortega demostró que buscaba ir más allá de dos periodos seguidos cuando la Asamblea Nacional, ya con mayoría del FSLN, aprobó en 2014 una reforma constitucional que permitía la reelección indefinida, la victoria electoral por mayoría simple y los decretos con fuerza de ley. Después de los comicios de 2006 y 2011, la novedad del presidente y candidato en 2016 era su fórmula vicepresidencial: su esposa, la poetisa y militante del FSLN Rosario Murillo.
Ya con la pareja Ortega-Murillo en el poder, el Gobierno anunció en abril de 2018 que reformaría el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), que llevaba años en déficit, con mayores contribuciones de personas y empresas y una reforma fiscal, entre otras medidas.
Los nicaragüenses repondieron con protestas masivas durante semanas que el Gobierno reprimió con la Policía y grupos paramilitares, como denunciaron la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Según explicó en septiembre el analista para Centroamérica del International Crisis Group, Tiziano Breda, sobre el balance del canciller Daniel Moncada sobre el país ante la ONU, el Gobierno había roto su “relación pragmática” con el sector privado al no haberle consultado la reforma, y después con otro “poder fáctico”, como la Iglesia, al escalar la violencia.
Ya en 2020, una encuesta de la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (Fideg) arrojó que el año anterior un 44,4% de la población nicaragüense vivía en situación de pobreza general y el 8,9% en pobreza extrema.
Ortega respondió retirándole la personería jurídica.
El Banco Mundial estima que la pobreza, entendida como vivir con menos de 3,2 dólares por persona al día, aumentó del 13,5% en 2019 al 14,6% en 2021. En pandemia, además, Nicaragua y Honduras sufrieron el impacto de los huracanes Eta e Iota.
La represión desde la crisis de 2018 ha dejado 355 personas muertas, 157 detenidas (más 42 excarceladas) y más de 110.000 exiliadas, hasta el 30 de noviembre de 2021, según recopila el Mecanismo de Seguimiento Especial para Nicaragua (Meseni) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su boletín más reciente.
Las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea y la condena de Gobiernos latinoamericanos y la OEA aislaron a un gobierno que se refugió en sus vínculos con Venezuela, Cuba o China, más aún de cara a las elecciones de noviembre, denunciadas dentro y fuera del país por falta de garantías.
Aparte de la victoria del FSLN en la Asamblea Nacional con 75 diputados de 90 que se elegían, Ortega ganó las presidenciales con el 76% de los votos, según datos oficiales, de un 65% del electorado que habría participado.
El observatorio ciudadano Urnas Abiertas, no obstante, cifró la abstención en 81%. Además, la organización registró 2.044 hechos de violencia política del 1 de octubre de 2020 al 7 de noviembre de 2021, día de las votaciones, repartidos en su mayoría entre hostigamiento, violencia durante la jornada y judicialización.
Aislamiento y cierto optimismo económico
Hasta el mismo día de la toma de posesión, Estados Unidos y la Unión Europea aprobaron nuevas sanciones contra funcionarios del Gobierno y el Estado nicaragüense, incluida la ministra de Defensa, Rosa Adelina Barahona, la presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha, y un hijo y una hija de Daniel Ortega. Acompañado por Rosario Murillo, los mandatarios de Cuba, Venezuela y Honduras, y delegaciones de China, Irán, Rusia y Bolivia, el presidente volvió a jurar el cargo buscando “borrón y cuenta nueva”.
Defensores de derechos humanos nacionales y extranjeros, sin embargo, denuncian que el mandatario pretende legitimidad e impunidad, como recogió el medio digital independiente Confidencial.
Esas palabras de Ortega no solo marcaban distancia con la violencia de abril de 2018, que Murillo después lamentó atribuyéndola a opositores “retrógrados”, sino también con la interrupción del crecimiento económico que se dio desde entonces y hasta 2021. Como en muchos otros países que se reactivaron pasado lo más duro de la pandemia, el último año sería de recuperación económica para Nicaragua.
De acuerdo con una proyección de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en agosto, el PIB de Nicaragua crecería un 2,5% en 2021 y un 1,8% en 2022, solo por encima de Venezuela. El Fondo Monetario Internacional (FMI), que había empujado la reforma del INSS, proyectó una variación porcentual de 5 y 3,5, respectivamente, en su estudio de perspectivas regionales de octubre. Pero Nicaragua, como Guatemala o República Dominicana, no recuperaría en 2022 el PIB previo a la pandemia.
Por su parte, el Banco Central de Nicaragua (BCN) fue más optimista en diciembre. Publicados los datos del tercer trimestre de 2021, ya no espera un crecimiento en el año de entre el 6 y 8%, sino entre 7,5 y 9,5%, y en 2022 entre 2,5 y 3,5%. Además, aspira a reducir una inflación acumulada del 5,7% en noviembre (e interanual del 7,1%) como parte de la estabilización internacional, y a que se haga lo propio con el desempleo y la informalidad.
Con un nuevo mandato hasta 2027, Ortega sorteará esa recuperación económica entre protestas, el aislamiento y las sanciones internacionales, y la sombra de un juicio por las presuntas violaciones a los derechos humanos al haber reprimido las protestas y encarcelado líderes opositores para mantenerse en el poder.
De cumplir con el periodo, habrá gobernado 29 años, en Latinoamérica solo por detrás del dominicano Rafael Trujillo, el mexicano Porfirio Díaz, Alfredo Stroessner, de Paraguay, y Fidel Castro en Cuba.
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