Al menos 10 países se sumaron este miércoles a las sanciones impuestas por la Unión Europea en enero en contra de siete personas afines al gobierno de Daniel Ortega y de tres entidades, por considerar que violaron los derechos humanos y por las elecciones “fraudulentas” del pasado mes de noviembre.
Los países que se sumaron a las sanciones son Ucrania, Macedonia del Norte,
Montenegro, Serbia, Albania, Islandia, Noruega, Moldavia, Georgia y Liechtenstein.
Según el comunicado oficial, estos países velarán para que sus políticas nacionales se ajusten a la citada decisión del Consejo, lo cual implica la congelación de activos de los sancionados y prohíbe que estos puedan ingresar al territorio comunitario.
Las sanciones emitidas en enero fueron aplicadas a los hermanos Camila Ortega,
directora del Canal 13; y Laureano Ortega, asesor presidencial para la Promoción de
Inversiones en Nicaragua.
También están sancionados los magistrados electorales Brenda Rocha, Cairo Amador y Lumberto Campbell, de igual forma Nahima Díaz, directora del Instituto Nicaragüense de Correos y Telecomunicaciones (Telcor); y Luis Angel Montenegro, titular de la Superintendencia de Bancos.
Y finalmente se encuentran las entidades señaladas de reprimir y espíar a la ciudadanía como la Policía Nacional; el Consejo Supremo Electoral y Telcor.
Sancionados por UE ya superan a los 20
En total la Unión Europea ha emitido restricciones al menos a 21 personas señaladas de violaciones a los derechos humanos, esto incluye a la vicepresidenta y número dos del gobierno de Nicaragua, Rosario Murillo.
En entrevista pasada con VOA, el portavoz del Servicio Exterior del bloque, Peter
Stano dijo que la Unión Europea seguirá denunciando las “tendencias y acciones
autoritarias del régimen de Daniel Ortega” y continuará con “el compromiso para
lograr un cambio” en Nicaragua.
“Si la situación continua deteriorán dose y no mejora, consideraremos todas las
opciones que están sobre la mesa, y no son solamente sanciones, por supuesto”,
advirtió Stano.
Ortega por su parte ha rechazado en múltiples ocasiones las sanciones y las ha
intentado minimizar, pese al cierre de varias empresas administradas por sus hijos
como la Distribuidora Nacional de Petróleos (DPN).
“Igual aquí en Nicaragua continuamos con los programas a pesar que se multipliquen las agresiones con las llamadas sanciones, aquí no se ha detenido ni un solo programa”, dijo Ortega el lunes.
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