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Juez brasileño abre investigación contra Elon Musk tras negarse a bloquear cuentas en X


ARCHIVO: Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX y Tesla y propietario de X, captado durante conferencia Viva Technology dedicada a la innovación y las nuevas empresas en el centro de exposiciones Porte de Versailles en París, Francia, el 16 de junio de 2023.
ARCHIVO: Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX y Tesla y propietario de X, captado durante conferencia Viva Technology dedicada a la innovación y las nuevas empresas en el centro de exposiciones Porte de Versailles en París, Francia, el 16 de junio de 2023.

El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, ha ordenado una investigación contra el multimillonario Elon Musk que se niega a cerrar algunas cuentas en la plataforma X, el dueño de la tecnológica acusa al juez de violar la constitución brasileña.

Un enfrentamiento entre Elon Musk y Brasil se intensificó el domingo cuando un juez del Supremo Tribunal Federal abrió una investigación sobre el multimillonario después de que Musk dijera que reactivaría cuentas en la plataforma de redes sociales X que el magistrado había ordenado bloquear.

Musk, propietario de X y autoproclamado absolutista de la libertad de expresión, ha impugnado una decisión del juez Alexandre de Moraes que ordenaba el bloqueo de determinadas cuentas. Dijo que X, antes conocido como Twitter, levantaría todas las restricciones porque eran inconstitucionales y pidió a Moraes que renunciara.

Ni Musk, X ni las autoridades brasileñas han revelado qué cuentas de redes sociales se ordenaron bloquear. X publicó por primera vez sobre la orden de bloqueo el sábado, pero no quedó claro de inmediato cuándo se emitió la orden.

Moraes está investigando "milicias digitales" que han sido acusadas de difundir noticias falsas y mensajes de odio durante el gobierno del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro y también lidera una investigación sobre un presunto intento de golpe de Estado por parte de Bolsonaro.

Musk, en una publicación de X el sábado por la noche, acusó a Moraes de traicionar "descarada y repetidamente" la constitución y al pueblo de Brasil.

"Este juez ha aplicado multas masivas, amenazó con arrestar a nuestros empleados y cortar el acceso a X en Brasil", dijo en el post. "Como resultado, probablemente perderemos todos los ingresos en Brasil y tendremos que cerrar nuestra oficina allí. Pero los principios importan más que las ganancias".

El multimillonario se ha comprometido a impugnar legalmente la orden que bloquea las cuentas X siempre que sea posible.

Moraes respondió el domingo agregando a Musk a la investigación que dirige sobre noticias falsas en las redes sociales y abriendo una pesquisa sobre lo que llamó una obstrucción a la justicia.

En su decisión, Moraes dijo que "X deberá abstenerse de desobedecer cualquier orden judicial ya dictada, incluso de realizar cualquier reactivación de perfil que haya sido bloqueada por este Supremo Tribunal Federal".

Si X no cumple con la orden de bloquear ciertas cuentas, la empresa será multada con 100.000 reales (19.740 dólares) por día, dijo el juez en un comunicado enviado a los medios.

El gobierno izquierdista del presidente Luiz Inácio Lula da Silva expresó su apoyo a Moraes, y el fiscal general Jorge Messias criticó a Musk y pidió la regulación de las redes sociales para evitar que plataformas extranjeras violen las leyes brasileñas.

"No podemos vivir en una sociedad en la que multimillonarios domiciliados en el extranjero tengan el control de las redes sociales y se pongan en condiciones de violar el Estado de derecho, incumpliendo órdenes judiciales y amenazando a nuestras autoridades", dijo Messias en una publicación en X.

El año pasado, Moraes también ordenó una investigación sobre los ejecutivos de la plataforma de mensajería social Telegram y Google, de Alphabet, quienes estaban a cargo de una campaña que criticaba un proyecto de ley de regulación de Internet.

El proyecto de ley impone a las empresas de Internet, los motores de búsqueda y los servicios de mensajería social la responsabilidad de encontrar y denunciar material ilegal, en lugar de dejarlo en manos de los tribunales. También impondría fuertes multas en caso de no hacerlo.

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