Venezuela dejó de ser esta semana un grueso expediente de examen preliminar de crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional y avanzó a una fase de investigación, donde la Fiscalía podrá publicar citaciones, entrevistar víctimas y, de ser el caso, dictar órdenes de arresto preventivo.
La firma de un memorando de entendimiento entre el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, y el gobierno del presidente Nicolás Maduro, este miércoles, en el Palacio de Miraflores, en Caracas, permitió revelar que el funcionario británico decidió pasar sus indagaciones sobre presuntos crímenes contra la humanidad en Venezuela al menos desde abril de 2017 a “una nueva fase”.
Khan, en transmisión en vivo por el canal del Estado, se declaró “plenamente consciente de las fallas” que hay en Venezuela y dijo que no era político. También, pidió que le den “el espacio necesario” para llevar a cabo su trabajo.
Maduro, sentado a su lado, con gesto serio, afirmó que respetaba mas no compartía la decisión del fiscal jefe de la CPI. El memorando, de hecho, incluyó su opinión de que las instituciones venezolanas deben investigar las denuncias.
Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, no escondió su sorpresa ante el anuncio. “No nos esperábamos esta decisión ahora”, afirma.
El también abogado sostiene que con la firma del memorándum, se podrían desprender dos “consecuencias”. “Ahora la tarea de la Fiscalía es determinar, ante la Sala de Cuestiones Preliminares, eso es el primer elemento que se agrega, que ahora ya no es solo la Fiscalía la que va actuar, sino que la Fiscalía debe presentar casos concretos, con nombres y apellidos de víctimas y de presunto perpetradores, ante la Sala de Cuestiones Preliminares”, explica en un encuentro en línea con periodistas.
Además del cierre de examen preliminar para dar paso a la investigación forma, el memorándum especifica, expone Daniels, que se firmó “sin prejuicio del artículo 18”.
“Se refiere a la posibilidad que tiene un Estado que pasa a la fase de investigación de solicitar a la sala que los casos que le sean presentados sean juzgado en el país. En ese sentido, el gobierno tiene que demostrar que esos tribunales, que esos juicios, se van hacer de acuerdo con los estándares internacionales”, explica el abogado.
Aunque aclara que este avance “no va ser ni rápida ni inmediata”, Daniels señala que para las víctimas se trata de “un paso tremendo”.
“Para alguien que nunca ha sido escuchado, para alguien que ha sido más bien amenazado, amedrentado, intimidado, que pueda decir ante un juez qué es lo que le ocurrió, eso en sí mismo es un acto de justicia, y por eso es que esta decisión es tan histórica”, sostuvo.
Entre tanto, Omar Piñango, coordinador general del Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad de la ONG Defiende Venezuela, explica a la Voz de América que: “Ahora el trabajo del fiscal es ver más de cerca cómo esa situación general pasaría en un punto, luego de las investigaciones que daba hacerse, las evidencias que deban recabarse, las entrevistas que pueda hacer, las misiones que pueda realizar, en qué potenciales casos se podría establecer entonces responsabilidades, pero ahorita es una etapa muy temprana”.
Al igual que Daniels, asegura que “no se esperaba esa decisión tan pronto”, pero destaca que sí la “vaticinaba” quien precedió a Khan y estuvo en el cargo hasta hace unos meses, la fiscal Fatou Bensouda, cuando indicó que había llegado a “una determinación final”.
El abogado señala, además, que “un elemento a destacar es que [el anuncio] se da en el propio Estado y se da en un Estado latinoamericano por primera vez la investigación formal”.
Aunque también aboga por “dosificar” las expectativas, Piñango lo califica como un paso “bastante grande”. “Es un paso más para obtener justicia y el reconocimiento de esas personas que alzaron su voz aún en este Estado, en donde habían quedado impune esas denuncias”.
Las competencias de Khan
El artículo 54 del Estatuto de Roma confiere a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional “plenas facultades de investigación” en la situación de Venezuela, comenta a la Voz de América Daniela Suárez Orellana, abogada de la Universidad Católica Andrés Bello y especialista en derecho penal internacional.
Esas potestades incluyen la posibilidad de examinar pruebas, solicitar la cooperación y asistencia de todos los Estados Parte del Estatuto, enviar investigadores a Venezuela, entrevistar directamente a víctimas y testigos, y emitir órdenes de detención o comparecencia contra aquellas personas que considere posibles responsables de crímenes contra la humanidad.
La fase de investigación otorga a la Fiscalía de la CPI “poderes más amplios”, como publicar citaciones, comparecencia de testigos y víctimas, dictar órdenes de detención preventiva, realizar prácticas de diligencia y análisis de medios de prueba, refrenda el abogado y coordinador del Tanque de Pensamiento para la Reconciliación Nacional en Venezuela, Luis David Benavides.
Fuerzas bajo la lupa
El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional subrayó el miércoles en el palacio gubernamental de Miraflores, en Caracas, que no había aún una lista de sospechosos de esos delitos, pero Suárez Orellana aclara, por su parte, que existe una noción de en cuáles organismos venezolanos centrará sus oficios.
Las indagaciones de Khan se enfocarán en “individuos a favor del gobierno de Nicolás Maduro que hayan participado en la represión perpetrada contra personas opositoras al gobierno o percibidas como tal”, dice.
Se espera que la investigación se dirija, además, contra los máximos responsables de órganos de seguridad e inteligencia, pero todo dependerá de la “priorización y selección de casos” que defina el despacho de Khan, observa Suárez Orellana.
¿Investigarán a Maduro?
La gran pregunta de la situación de Venezuela ante la CPI es si Khan investigará al presidente Nicolás Maduro en esta nueva fase como presunto responsable de crímenes de lesa humanidad. Los expertos advierten que la información publicada por la CPI hasta este momento no permite llegar a esa conclusión.
Suárez Orellana explica que la Fiscalía “parece querer centrar su investigación, al menos de momento, en los máximos responsables de los organismos” policiales y militares, así como en individuos a favor del gobierno de Maduro.
“Sin embargo, nada obsta para que, a medida que avanza la investigación, la Fiscalía identifique a otros posibles responsables, entre los cuales podría incluirse a Nicolás Maduro, dependiendo de la política de selección y priorización de casos que adopte la Fiscalía”, puntualiza.
Benavides asegura, por su lado, que la colaboración del gobierno de Maduro con el fiscal Karim Khan no exime a nadie de responsabilidades y destaca que esta nueva fase de investigación permitirá identificar claramente a los culpables.
¿Cuánto tardará?
Los especialistas consultados por la Voz de América sobre la actuación en Venezuela de parte de la Corte Penal Internacional coinciden en que la fase de investigación podría tardar mucho tiempo en concluir, incluso años.
“Las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía no tienen un límite temporal definido, por lo que su duración dependerá de la discrecionalidad de la Fiscalía”, opina Suárez Orellana, quien, sin embargo, recuerda que hubo una característica de la situación venezolana que permitió acelerar el proceso.
La remisión presentada en 2018 por seis Estados parte del Estatuto de Roma por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela permitió a la Fiscalía de la CPI “superar un obstáculo adicional”, la posible intervención de la Sala de Cuestiones Preliminares para autorizar o no la investigación, precisa.
“Es un proceso de muy largo plazo. Esto normalmente dura mucho tiempo”, añade, por su parte, Benavides.
“Ya no trabajaremos a ciegas”
El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, ofreció una rueda de prensa este mismo jueves para hablar sobre el memorándum, el que aseguró abre “las puertas a una complementariedad positiva entre el Estado venezolano y esta instancia jurídica internacional”.
El funcionario indicó que, y a pesar de los ocho informes con información que han entregado, no ha habido un diálogo “significativo” con la fiscalía de la CPI.
“En esta fase de la investigación, ya no trabajaremos a ciegas con la fiscalía de la CPI, que deberá informar a este Ministerio Público qué casos está investigando, cuáles casos fueron objeto del examen preliminar”, afirmó en declaraciones transmitidas por el canal oficial VTV.
Además de saludar la firma del memorándum de entendimiento, aseguró que, en su marco, se demostrará que han avanzado “de manera suficiente” en la búsqueda de la justicia.
“Si hay cosas, obviamente, en la cual debemos corregir, en la cual debemos mejorar, pues bien, este Ministerio Público y el propio Estado venezolano está abierto a escuchar y a considerar todas las recomendaciones en base al principio de la complementariedad positiva”, afirmó Saab.
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