La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó el viernes una demanda que buscaba bloquear el plan del presidente Donald Trump para excluir a los inmigrantes que viven en Estados Unidos de manera irregular del conteo de población utilizado para asignar distritos del Congreso a los estados.
El fallo de 6-3 sobre líneas ideológicas con los seis conservadores de la corte en la mayoría y tres liberales en desacuerdo, le da a Trump una victoria a corto plazo mientras persigue sus políticas de línea dura hacia la inmigración en las últimas semanas de su presidencia.
Sin embargo, su administración está luchando contrarreloj para cumplir con la propuesta vagamente definida antes de que el presidente electo Joe Biden asuma el cargo el 20 de enero. Los jueces dejaron abierta la posibilidad de un nuevo litigio si la administración de Trump completa su plan.
La decisión no firmada decía que "la resolución judicial de esta disputa es prematura" en parte porque no está claro qué planea hacer la administración. El fallo señaló que el tribunal no estaba sopesando los méritos del plan de Trump.
Los contendientes liderados por el estado de Nueva York y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) dijeron que la propuesta de Trump diluiría la influencia política de los estados con un mayor número de inmigrantes, incluida California fuertemente demócrata, al subestimar las poblaciones estatales y privarlas de escaños en la Cámara de Representantes de Estados Unidos para en beneficio de sus compañeros republicanos.
"Si la administración realmente intenta implementar esta política, demandaremos nuevamente y ganaremos", dijo Dale Ho, abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles que representa a los contendientes.
Trump está tratando de excluir a las personas que viven en el país ilegalmente del recuento de población utilizado para asignar escaños en la Cámara de Representantes.
La administración no ha revelado qué método usaría para calcular la cantidad de personas que propuso excluir o qué subconjuntos de inmigrantes serían el objetivo. El procurador general interino Jeffrey Wall dijo a los jueces durante el argumento oral del 30 de noviembre en el caso que la administración podría no cumplir con la fecha límite legal del 31 de diciembre para finalizar un informe de la Oficina del Censo a Trump que contiene los datos finales de población, incluido el número de inmigrantes excluidos.
"El gobierno no niega que, si se lleva a cabo, la política perjudicará a los demandantes. Tampoco niega que implementará esa política de manera inminente", escribió el juez liberal Stephen Breyer en una opinión contraria.
Breyer señaló que el gobierno puede actualmente tratar de excluir a millones de personas, incluidas aquellas que se encuentran en proceso de detención o deportación por motivos de inmigración, y unos 700.000 jóvenes conocidos como "Dreamers" (‘Soñadores’) que llegaron de manera irregular a Estados Unidos cuando eran niños.
Se estima que hay 11 millones de inmigrantes viviendo ilegalmente en Estados Unidos. Los retadores han argumentado que la política de Trump viola tanto la Constitución como la Ley del Censo, una ley federal que describe cómo se realiza el Censo.
La Constitución requiere que la distribución de los escaños de la Cámara se base en el "número total de personas en cada estado". Hasta ahora, la práctica del gobierno de EE.UU. era contar a todas las personas independientemente de su ciudadanía o estado migratorio.
Por estatuto, el presidente debe enviar al Congreso un informe a principios de enero con la población de cada uno de los estados y su número autorizado de distritos de la Cámara.
