A menos de nueves meses de las elecciones presidenciales en EE.UU., demócratas y republicanos siguen enfrascados en interminables controversias, al parecer cada vez más irreconciliables sobre cómo crear fuentes de trabajo para estimular la economía, adoptar un nuevo código fiscal reduciendo a largo plazo el abultado déficit presupuestario, pero la ley de salud que impulsó la Casa Blanca también sigue siendo objeto de enconadas discordias.
Según alegan en un recurso legal defendido a principios de mes ante la Corte Suprema del país por los críticos de la reforma de salud del presidente Barack Obama, el Congreso se excedió en sus facultades al imponer a los estadounidenses la obligación de adquirir un seguro de atención médica y quieren que el máximo tribunal declare nula la cláusula, la más polémica de la ley.
En alegatos por escrito, 26 estados de la nación y la Federación Nacional de Negocios Independientes aseguran que el poder legislativo se atribuyó derechos que no le competen en la regulación del comercio interestatal forzando a que los estadounidenses compren un seguro médico para el 2014 o de lo contrario sean penalizado con una multa.
Los demandantes consideran que la ley de salud debe ser invalidada por entero si la Corte Suprema anula por inconstitucional la cláusula que estipula tal obligación individual después de que los altos magistrados se reúnan, según lo previsto, entre el 26 y 28 de marzo próximo.
Las tres opciones de la corte son: declarar inconstitucional la obligación individual de adquirir un seguro sin objetar el resto de la ley, anular por entero la legislación, o esperar para emitir un fallo después de que se hagan efectivas las multas en 2014 por no pagar un seguro de salud.
De acuerdo con la AARP, una organización sin fines de lucro que representa a millones de estadounidenses ya retirados, si el tribunal invalida la ley se corre el riesgo de que se eliminen las cláusulas que reducen los costos de los medicamentos recetados y que proveen exámenes preventivos de detección gratuita bajo el programa Medicare (seguro gubernamental de atención médica a los mayores de 65 años).
La AARP dijo que hasta noviembre del año pasado, unos 2,2 millones de beneficiarios de Medicare ahorraron $1.200 millones de dólares en medicamentos recetados, y 22,6 millones de personas de avanzada edad y discapacitadas recibieron al menos un beneficio preventivo gratuito bajo la ley.
En un año electoral sería un gran revés político para el presidente Obama si la Corte anulara la legislación, cuyo principal objetivo es proveer de cobertura de salud al menos a 32 millones de estadounidenses que no tiene seguro médico, y que las compañías privadas no puedan negar más cobertura a pacientes con padecimientos crónicos porque les resulta costoso brindárselas.
Uno de los graves problemas de los servicios médicos hoy en el país, subrayan sus críticos, radica en que no es un sistema de atención de salud, sino de gestión de enfermedades, y destacan que por ejemplo los estadounidenses gastan $300.000 millones de dólares al año sólo en medicamentos, casi tanto como el resto del mundo, y sin embargo los servicios de salud pública no son siquiera comparables a los de muchos otros países desarrollados.
Mientras Europa optó por un seguro de salud administrado por el Estado –dicen--, en EE.UU. el sistema de atención médica que depende del gobierno es minúsculo, y las firmas privadas que controlan los servicios como un negocio cualquiera alientan a los médicos a atender el mayor número de pacientes en el menor tiempo posible, con la tendencia a recetarles una cantidad desmesurada de medicamentos.
Según alegan en un recurso legal defendido a principios de mes ante la Corte Suprema del país por los críticos de la reforma de salud del presidente Barack Obama, el Congreso se excedió en sus facultades al imponer a los estadounidenses la obligación de adquirir un seguro de atención médica y quieren que el máximo tribunal declare nula la cláusula, la más polémica de la ley.
En alegatos por escrito, 26 estados de la nación y la Federación Nacional de Negocios Independientes aseguran que el poder legislativo se atribuyó derechos que no le competen en la regulación del comercio interestatal forzando a que los estadounidenses compren un seguro médico para el 2014 o de lo contrario sean penalizado con una multa.
Los demandantes consideran que la ley de salud debe ser invalidada por entero si la Corte Suprema anula por inconstitucional la cláusula que estipula tal obligación individual después de que los altos magistrados se reúnan, según lo previsto, entre el 26 y 28 de marzo próximo.
Las tres opciones de la corte son: declarar inconstitucional la obligación individual de adquirir un seguro sin objetar el resto de la ley, anular por entero la legislación, o esperar para emitir un fallo después de que se hagan efectivas las multas en 2014 por no pagar un seguro de salud.
De acuerdo con la AARP, una organización sin fines de lucro que representa a millones de estadounidenses ya retirados, si el tribunal invalida la ley se corre el riesgo de que se eliminen las cláusulas que reducen los costos de los medicamentos recetados y que proveen exámenes preventivos de detección gratuita bajo el programa Medicare (seguro gubernamental de atención médica a los mayores de 65 años).
La AARP dijo que hasta noviembre del año pasado, unos 2,2 millones de beneficiarios de Medicare ahorraron $1.200 millones de dólares en medicamentos recetados, y 22,6 millones de personas de avanzada edad y discapacitadas recibieron al menos un beneficio preventivo gratuito bajo la ley.
En un año electoral sería un gran revés político para el presidente Obama si la Corte anulara la legislación, cuyo principal objetivo es proveer de cobertura de salud al menos a 32 millones de estadounidenses que no tiene seguro médico, y que las compañías privadas no puedan negar más cobertura a pacientes con padecimientos crónicos porque les resulta costoso brindárselas.
Uno de los graves problemas de los servicios médicos hoy en el país, subrayan sus críticos, radica en que no es un sistema de atención de salud, sino de gestión de enfermedades, y destacan que por ejemplo los estadounidenses gastan $300.000 millones de dólares al año sólo en medicamentos, casi tanto como el resto del mundo, y sin embargo los servicios de salud pública no son siquiera comparables a los de muchos otros países desarrollados.
Mientras Europa optó por un seguro de salud administrado por el Estado –dicen--, en EE.UU. el sistema de atención médica que depende del gobierno es minúsculo, y las firmas privadas que controlan los servicios como un negocio cualquiera alientan a los médicos a atender el mayor número de pacientes en el menor tiempo posible, con la tendencia a recetarles una cantidad desmesurada de medicamentos.