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Garantías y logística para las elecciones de Colombia: ¿qué sabemos?


Se muestra una mesa de votación en Corferias antes de las elecciones presidenciales en Bogotá, Colombia, el 26 de mayo de 2018.
Se muestra una mesa de votación en Corferias antes de las elecciones presidenciales en Bogotá, Colombia, el 26 de mayo de 2018.

Colombia irá a las urnas para elegir un nuevo gobierno el próximo 29 de mayo.

El ministro del Interior de Colombia, Daniel Palacio, que preside la Comisión de Garantías Electorales de cara al proceso electoral en curso, señaló que está todo garantizado y descartó posibles casos de fraude.

Las declaraciones siguen a la correción de algunas fallas reportadas durante la jornada electoral del pasado 13 de marzo, que sembraron dudas sobre la transparencia de la contienda parlamentaria y las consultas interpartidistas para definir a los candidatos únicos a la presidencia de Colombia.

La Registraduría Nacional anunció que toda la logística está lista para que los ciudadanos colombianos participen en la elección que determinará al sucesor del presidente Iván Duque.

“Se hizo una serie de recomendaciones a la Registraduría Nacional para subsanar errores, corregir deficiencias y garantizar que en la elección presidencial no vamos a tener dificultades”, explicó Palacio a la Comisión de Garantías Electorales en su más reciente reunión.

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El registrador nacional, Alexander Vega, explicó que este 29 de mayo, los colombianos de los 1.103 municipios del país podrán ir con tranquilidad a las urnas de las 112.009 mesas habilitadas en 12.512 puntos de Colombia.

“A las 8 de la noche conoceremos al nuevo presidente de Colombia, en primera vuelta si alguno de los candidatos obtiene la mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los votos válidos. De no ser así, habrá una segunda vuelta el 19 de junio, con los dos candidatos que más votos obtengan en la primera vuelta”, añadió.

El jefe del órgano electoral dijo a la Voz de América que hubo nueva designación de jurados, en la que prevaleció la experiencia en sectores como campañas y partidos políticos, empleados públicos y privados, docentes y estudiantes universitarios. “en cada mesa de votación habrá un jurado por campaña, garantizando la heterogeneidad en la filiación política”.

Vega explicó que, ante las inconsistencias de algunos jurados de votación, el pasado 13 de marzo, la Registraduría tomó la decisión de hacer un sorteo para cambiar a 15.000 jurados, quienes están siendo investigados por presunto fraude electoral.

En esta jornada electoral habrá 690.367 jurados de votación. Cabe señalar que prestar el servicio de jurado electoral es de carácter obligatorio y que quienes no asistan a desempeñar esta labor serán sancionados con 10 salarios mínimos legales mensuales, equivalentes a 10 millones de pesos, unos 2.500 dólares aproximadamente.

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De acuerdo con la entidad, los jurados se pueden excusar siempre y cuando estén gravemente enfermos, o su cónyuge, padre, madre o hijo (a) o si algún miembro cercano de su familia ha fallecido, pero deberá dar aviso oportuno a la autoridad electoral.

Garantías para los votantes

Para Yann Basset, politólogo de la Universidad del Rosario, las elecciones del 29 de mayo no deberían tener tantos problemas como las del 13 de marzo, porque la elección presidencial es mucho más sencilla en su diseño, con solo un tarjetón, ya que la legislativa tenía entre 8 y 9 tarjetones, lo que la hizo mucho más compleja. “Uno esperaría que esta jornada no presente tantos problemas a nivel logístico”, dijo a la VOA.

Por su parte, el ministro del Interior, Daniel Palacio, quien preside la Comisión de Garantías Electorales señaló que el proceso electoral del 29 de mayo está garantizado y que no va haber fraude.

“Se hizo una serie de recomendaciones a la Registraduría Nacional para subsanar errores, corregir deficiencias y garantizar que en la elección presidencial no vamos a tener dificultades”, explicó a la Comisión de Garantías Electorales en su última sesión.

Otros ajustes logísticos

El primer cambio que realizó la Registraduría fue en el formulario E-14, documento que debe ser diligenciado por los jurados de votación de cada mesa para dejar constancia del número de votos de cada candidato, con la finalidad de evitar que haya errores en la información.

En esta jornada el E-14 tendrá ocho casillas- uno por cada candidato- en las que aparecerán los nombres completos de cada candidato y su fotografía, para que no se generen dudas al momento de introducir la información final, explicó Vega.

El registrador explicó que con las modificaciones del E-14 se espera que no se repitan los tachones que generaron un sinnúmero de errores en la pasada jornada electoral.

Otro cambio que encontrarán los votantes de las comunidades raizales de la isla de Providencia -archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina- es que podrán encontrar los tarjetones en dialecto creole (criollo sanandresano).

La Registraduría cumplió con el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordenó a la entidad y al ministerio del Interior, traducir al dialecto creol el material electoral para las elecciones presidenciales para correspondientes al período 2022-2026.

Tras el acompañamiento del Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario al Movimiento de Veedurías Públicas Old Providence, en la instauración de una acción de tutela para que se les garantizarán los derechos a las comunidades raizales de la isla, se logró el objetivo.

Así lo comentó Ana María Sánchez, experta de la Universidad del Rosario, a la VOA. “Para la comunidad raizal de San Andrés y Providencia, la traducción del tarjetón al creol fue un paso muy importante en la reivindicación de sus derechos políticos. Este es un pueblo que ha sido olvidado históricamente por el Estado colombiano, a pesar de haber sido reconocido por la Constitución de 1991, esta una de las primeras garantías que se les da para reconocer sus derechos políticos en condiciones de igualdad”, anotó.

La experta sostuvo que este es uno de los primeros pasos que está dando el pueblo raizal para poder participar en política, en las mismas condiciones que lo hacen otros pueblos como los indígenas y afrodescendientes.

Entre tanto, Catalina Archbold, ciudadana de San Andrés, residente en Bogotá señaló a VOA que con esta decisión la Registraduría está resolviendo una deuda histórica con las comunidades raizales del archipiélago que permite su autoderteminación como pueblo raizal. “Pero también requiere de otros servicios como el mejoramiento de internet”, recalcó.

Otra de las medidas adoptadas por la Registraduría para garantizar la inclusión de personas con discapacidad visual y permitirles sufragar en las elecciones del 29 de mayo es la disposición de tarjetones electorales en Braille en las mesas de votación, previa identificación de esta población en la zona donde se empadronó.

Así mismo, se adoptó el mobiliario electoral para atender a votantes en condición de discapacidad para facilitar el derecho al voto de manera cómoda y secreta.

Elección bajo el mismo Código Electoral

La Corte Constitucional dijo no a la reforma al Código Electoral, aprobada el año pasado por el Congreso de la República. Entre sus razones, señaló en la sentencia que la reforma tenía vicios de procedimiento, por ser una ley estatutaria. “Las leyes estatutarias no se pueden discutir en sesiones extraordinarias del Legislativo, ya que tocan derechos fundamentales… y se requiere de más tiempo para su discusión”.

Para Yann Basset, “el proyecto de ley era una reforma absolutamente necesaria, porque el Código Electoral vigente es muy viejo, data de 1986, en una época en que no existía internet y hay muchas cosas de procedimiento electoral que han cambiado y deben ser actualizadas, como el voto electrónico y la informatización en muchos procesos”.

Sin embargo, explicó a VOA que la que propuso el registrador no fue objeto de una discusión suficiente… “se trata de las reglas para las elecciones y son muy delicadas, tienen que ser consensuadas, discutidas, deliberadas adecuadamente, no solamente por el Congreso, yo iría mucho más allá”.

Además, resaltó que se incluyeron temas que no debían estar, como la ampliación de la planta de personal de la Registraduría. “Esta caída es una oportunidad para replantear la reforma”, indicó el experto.

Por su parte, la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, señaló que la caída de la reforma “es una pérdida”, porque no se pudo avanzar en un Código electoral actualizado.

“Se han intentado diferentes reformas, pero no ha sido posible, porque cuando hablamos de códigos electorales estamos hablando casi del código laboral de quienes ejercen el poder político, por eso es tan difícil poder lograr consenso”, recalcó.

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