La organización de derechos humanos, Socorro Jurídico Humanitario, denunció este 19 de abril un posible brote de enfermedades al interior de los centros penales de El Salvador.
“Tenemos información que hay mucha gente enferma en los centros penales, y los habeas corpus en la Sala de lo Constitucional duermen el sueño de los justos. Hemos identificado personas fallecidas cuyos habeas han sido contestados ‘improcedentes’ después de muchos días del deceso de la persona”, señaló la organización en una publicación.
Los procesos de habeas corpus sirven para devolverle la libertad a ciudadanos detenidos ilegal o arbitrariamente. A inicios de 2024, la organización acusó a la Corte Suprema de Justicia de no brindar avances de 1.750 habeas corpus.
El medio local La Prensa Gráfica publicó en marzo de este año que unas 18.756 personas detenidas en El Salvador presentan al menos una enfermedad grave, y 4.987 enfermedades más leves. Las enfermedades con mayores casos son tuberculosis, hipertensión, diabetes y VIH.
Otras organizaciones como Cristosal y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas han denunciado condiciones precarias en el interior de los penales, derivadas del hacinamiento.
De acuerdo con un informe de la sociedad civil, El Salvador tiene una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo, con el 2,5 % de su población adulta en prisión.
La Voz de América hizo una solicitud de comentario al departamento de prensa del gobierno de El Salvador para ampliar la información sobre un posible brote de enfermedades en las cárceles, pero al cierre de este reporte no hubo respuesta.
El régimen de excepción, que se ha prorrogado en 24 ocasiones, trajo como resultado la detención masiva de unos 79.000 salvadoreños acusados de pertenecer a pandillas. Al menos 240 personas han muerto desde entonces bajo custodia del Estado.
Sin embargo, el gobierno de Nayib Bukele continúa defendiendo la política de mano dura en la aplicación de la ley, rechazando las críticas de organizaciones dentro y fuera del país, y amparándose en el alto nivel de aceptación de su gestión.
“¿Cuándo va a terminar el régimen de excepción? Cuando hayamos sometido a la justicia al último de estos terroristas”, dijo a medios locales el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
El gobierno también ha mantenido la posición en redes sociales, donde defienden y argumentan la medida.
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