EEUU prohíbe entrada a docena de guatemaltecos acusados de "socavar la democracia" en ese país

El gobierno de Estados Unidos anunció este martes que prohibirá la entrada a su territorio a más de una decena de funcionarios y "otros actores de los sectores público y privado", acusados por Washington de "socavar la democracia" y tratar de impedir la transición del poder al presidente electo Bernardo Arévalo.

"Estamos imponiendo restricciones de visas a más de una decena de personas y sus familiares inmediatos, por socavar la democracia y el Estado de derecho. Entre estas personas se incluyen funcionarios del Ministerio Público y otros actores del sector público y privado", informó en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.

Las restricciones también se extenderán a los familiares directos de los señalados, refiere Miller en el texto, que no detalla los nombres de los sancionados.

La prohibición de entrada y otras sanciones anteriores responde a acciones de varios funcionarios del Ministerio Público, entre ellos la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, que han liderado varias maniobras legales para detener la asunción de Arévalo como presidente. El traspaso de poder debe culminar el próximo enero.

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En Guatemala, el subsecretario Nichols pide respeto a la democracia

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"El Ministerio Público de Guatemala incautó materiales electorales que se encontraban en poder del Tribunal Supremo Electoral (TSE), pidió la dispersión forzada de manifestantes pacíficos, ejerció presión para que se separara del cargo al Ministro de Gobernación que protegió el derecho a la protesta pacífica, y pidió que se quitaran los fueros a un miembro del Congreso que expresó públicamente su preocupación ante estas medidas antidemocráticas.", subrayó Miller.

Todo esto después de intentos anteriores de despojar a funcionarios del TSE de su inmunidad y ordenar redadas en sus oficinas, dijo.

En Guatemala estas acciones han provocado protestas masivas y paros impulsados por organizaciones, sobre todo campesinas, para exigir el fin de lo que el propio Arévalo califica como "golpe".

Además de la renuncia de Porras, los guatemaltecos exigen la de los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, líderes de la investigación contra el Movimiento Semilla, el partido político de Arévalo; y la salida del cargo del juez Fredy Orellana, que ordenó allanamientos y aprehensiones por el presunto uso de firmas falsas para la inscripción de Semilla.

• Eugenia Sagastume

Decenas de manifestantes protestaron el viernes 13 de octubre en la Plaza de la Constitución, en Ciudad de Guatemala, inconformes con lo que consideran el clima de corrupción que se ha instalado en el país, por lo que piden la renuncia de las principales figuras políticas y funcionarios.

La administración del presidente Joe Biden ya se había mostrado "gravemente preocupada" a inicios de este mes por los esfuerzos continuos para minar la toma de posesión de Arévalo, que asumió una postura anticorrupción durante su campaña electoral.

Miller informó en ese entonces que estaban tomando "medidas activas" para imponer "restricciones de visa" a "miembros actuales y anteriores del Congreso, actores judiciales y cualquier otra persona que participe en tal comportamiento".

EEUU incluyó en julio pasado a Porras, Monterroso, Orellana y el juez Jimi Rodolfo Bremer Ramírez en la lista Engel de "actores corruptos y antidemocráticos".

"Nos sumamos a otras instituciones regionales e internacionales, incluidas la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para pedir una transferencia de poder que respete la voluntad popular y se adhiera al estado de derecho en Guatemala (...) El pueblo guatemalteco ha hablado. Sus voces deben ser respetadas", concluyó Miller en el comunicado.

Por su parte, el subsecretario de Estado para Asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, dijo a través de su cuenta en X que el gobierno de Joe Biden continuará "tomando medidas para promover la rendición de cuentas de aquellos en los sectores público y privado que buscan protegerse a sí mismos, en lugar de proteger los derechos del pueblo guatemalteco".

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