A los escándalos que rodean la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro y las interceptaciones ilegales, relacionadas con dos de sus exfuncionarios de confianza, se suman una imagen desfavorable en las encuestas, el limbo en el que se encuentran la aprobación de sus reformas en el Congreso y las diferencias dentro y fuera de su partido político.
Estas son, de acuerdo con analistas, las principales adversidades que sortea el primer presidente de izquierda el Colombia. Expertos coinciden en que se trata de una de las peores crisis que atraviesa la actual administración.
“No es la única que ha tenido que asumir, pero sí, definitivamente, es la más grave por una razón, y es que anteriormente las crisis habían venido por fuera del gobierno. Esta vez, el problema es un problema interno, se estalla una bomba al interior del Palacio de Nariño”, dijo a la Voz de América el columnista y ex secretario de Transparencia y analista político, Gabriel Cifuentes Ghidini.
Laura Lizarazo, analista principal para Colombia de Control Risks, afirma que se trata de “un golpe serio a la gobernabilidad de esta administración y va a ser sumamente difícil para el gobierno recomponerse y reparar el daño que ha hecho este episodio reciente”.
Dineros e interceptaciones ilegales
A la publicación de la revista Semana, sobre una denuncia de la exniñera de la exjefa del gabinete de Gustavo Petro, Laura Sarabia, en la que señalaba haber sido obligada a someterse un detector de mentiras por un robo, y la relación del caso con el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, siguió una investigación de la Fiscalía que habla de interceptaciones telefónicas y escuchas ilegales, por parte de funcionarios de la Policía.
El caso, tras obligar a Petro a sacarlos de su gobierno, creció como una bola de nieve, después de conocerse audios de Benedetti relacionados con una presunta financiación irregular de la campaña que llevó al presidente al poder, hecho que el mandatario ha negado vehementemente.
Una ‘trama’ que, dice Cifuentes, “apenas comienza”, pues “es un capítulo que se abre, que va a tener una trascendencia a nivel judicial”, ya que implica una investigación de la financiación de campaña por parte del Consejo Nacional Electoral y, además, “va a tener un capítulo en la Comisión de Acusaciones”, encargada de investigar a los presidentes, en caso de que haya una denuncia en su contra.
“El tema está tibio todavía”, pues hasta el momento es incierto “si va a salir más información o qué efecto pueda tener la información que ya se conoció sobre la agenda política del presidente y, sobre todo, sobre las implicaciones judiciales que pueda tener”, agrega el analista.
No obstante, apunta Lizarazo, es una situación que obliga al gobierno a “dedicar recursos que son limitados, como tiempo, energía, visibilidad, el defenderse de unas acusaciones serias, complejas, graves” y que le restarán recursos para “sacar adelante una agenda de política pública ambiciosa”.
Agenda legislativa en el limbo
Cifuentes califica la crisis de "enredada" y sostiene que “es muy pronto para calificar el efecto que pueda tener en la agenda legislativa del gobierno de Petro".
No obstante, queda sólo una semana para que se acabe la legislatura. El lunes, se anunció el congelamiento de las discusiones sobre las reformas, poniendo en riesgo la agenda legislativa. Ya hay partidos moderados que se han retractado.
De los 29 proyectos que había planteado el gobierno inicialmente para estos primeros meses, dice el analista: “parece que no van a funcionar en el Congreso, en esta legislatura, y se enfrenta un panorama mucho más difícil en la próxima porque se van a estar también disputando las elecciones departamentales y municipales”.
Las elecciones están programadas para el próximo 29 de octubre.
La crisis de la Casa de Nariño, dijo el columnista a la VOA, “puede apartar a los sectores más moderados del gobierno, que son los sectores determinantes para la aprobación” de un paquete social, que incluye la reforma laboral, la reforma pensional y la reforma a la salud, y el relacionado con la Paz Total, que incluye la Ley de Sometimiento y de humanización del sistema penitenciario.
Diferencias internas y externas
Para la analista, las tensiones internas dentro del gobierno, dentro de su partido, en el Congreso y en la coalición con otros partidos -hecha trizas- tienen relación con que “es el primer presidente de izquierda elegido democráticamente en un país tradicionalmente muy conservador y, al haber llegado esta figura con una agenda de cambio, se enfrenta a la necesidad de hacer ciertas concesiones, alianzas y negociaciones estratégicas” con “actores tradicionales de este sistema… permeado por prácticas clientelares”, que, incluso, le permitirían sacar adelante una agenda.
Y, por otro lado, explica Lizarazo, está la “inexperiencia” de esta fuerza política en el poder, que le ha costado, por ejemplo, negociar. “No hay líneas estratégicas absolutamente claras que definan cuál va a ser la forma, la estrategia y los mecanismos para sacar adelante la agenda de gobierno”, agrega la analista.
Incluso, añade, la crisis en el gobierno será una “ventana de oportunidad” para la oposición de “posicionar sus críticas al gobierno y posiblemente candidaturas en las elecciones del segundo semestre”.
Imagen desfavorable
Hace una semana, la más reciente encuesta de Invamer reveló números desalentadores sobre la aprobación del presidente Petro, pues el índice de desaprobación llegó a un 59,4 % frente a un 43 % registrado en noviembre de 2022.
No obstante, el profesor Gabriel Cifuentes hace una salvedad: “Ningún presidente de Colombia, salvo hace ya algunas décadas con Álvaro Uribe, había tenido una opinión favorable”. Es decir, “la imagen desfavorable del presidente Gustavo Petro es coincidente con la imagen desfavorable de los mandatarios que lo precedieron”. Sin embargo, es llamativo que se “dé tan pronto en el gobierno, es decir, él no ha cumplido un año y su imagen desfavorable roza el 60 %”.
Para los analistas, estas cifras y la crisis del presidente van a tener impacto en la opinión pública. El 66 % de los encuestados afirmó no haber percibido el cambio que Petro prometió en campaña y el 70,7 % dice que su país no va por buen camino.
La analista de Control Risks dice que es una situación que impacta “de manera seria la credibilidad de un gobierno que fue elegido con una bandera de cambio, a favor de las capas más vulnerables de la población y que pretendía, entre las transformaciones profundas al statu quo del país, también acabar con las prácticas tradicionales de corrupción”.
En este sentido, dijo Lizarazo a la VOA, es un gran desafío revertir la mala reputación porque la gente queda “un manto de duda que va a ser muy difícil para el gobierno defender”, sobre todo, “si no sigue una estrategia con cabeza fría, mesurada y una estrategia comunicacional menos efervescente y menos volátil, lo cual no ha sido el caso hasta ahora”.
Para Cifuentes, dependerá del gobierno de Petro si atiende “el campanazo de alerta que están señalando las encuestas” y entiende que “tiene que concertar con los partidos que lo ayudaron a llegar al poder” o si continúa “radicalizándose en su forma de gobernar” y cerrándose al círculo más cercano al gobierno.
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