![Edificio de la Corte Penal Internacional en La Haya, Países Bajos. [Foto de archivo]](https://gdb.voanews.com/520E3E70-7A1E-4E10-9036-35FBAD56C1C1_w250_r1_s.jpg)
El próximo jueves se conocerá la decisión de los 16 magistrados de la Corte Internacional de Justicia en el Palacio de la Paz en la Haya, a las 10 de la mañana hora de los Países Bajos, frente a la demanda interpuesta por Nicaragua a Colombia, a raíz del incumplimiento de un fallo del 2012 que resolvió una disputa marítima entre los dos países.
Nicaragua acusa a Colombia de violar los derechos soberanos y las zonas marítimas delimitadas en el 2012, cuando la corte ratificó la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés —en el mar Caribe— y entregó a Nicaragua 76.000 kilómetros cuadrados de la zona marítima de Colombia.
En este caso, Nicaragua no está reclamando territorio, sino que acusa a Colombia de no seguir las leyes internacionales, incumplir el fallo del 2012 y busca que el país “repare íntegramente el daño causado por estos actos”.
Los precedentes
Este proceso llevó a la CIJ a citar a Colombia y Nicaragua a las audiencias del año pasado, que obedecieron a una demanda interpuesta por el gobierno nicaragüense contra su homólogo colombiano en el 2001, en la cual alegaba su soberanía del archipiélago de San Andrés y Providencia, sobre la cual se pronunció la Corte en 2007 ratificando la soberanía de Colombia sobre el archipiélago y los cayos de Alburquerque, Roncador, Serrana, Serranilla, Quitasueño, Bajo Nuevo, Cayo del Este y Sudesde, así como varios bajos y bancos, dando lugar a las excepciones preliminares convocadas por el país suramericano.
El fallo del 2007 fue ratificado en 2012 por la Corte, pero y además entregó a Nicaragua los miles de kilómetros cuadrados de zona colombiana.
El entonces presidente Juan Manuel Santos señaló en una alocución presidencial que “si bien no desconocía el fallo, este no podría ser aplicado hasta tanto se firmara un tratado con Nicaragua, porque así lo establecía la Constitución de Colombia”.
Luego el gobierno crea la zona Contigua Integral, medida que le permitió a Colombia ejercer su jurisdicción en aguas del archipiélago como un todo y no como territorios inconexos.
El gobierno de Daniel Ortega recurrió a la Corte y aseguró que “Colombia irrespetó los derechos de Nicaragua al crear la Zona Contigua Integral, que se superpone a un territorio que les fue entregado en el fallo de 2012”, y no admitió la figura, que fue calificada por expertos como sin precedentes en el derecho internacional.
Tras una serie de demandas, Nicaragua dijo a la Corte que Colombia no cumplía con el fallo del 2012, entre tanto Colombia en su defensa en la fase escrita, entre 2013 y 2019, respondió a la posición de Nicaragua y contra demandó. Ahora las dos partes esperan el fallo, que tendrá diversas posiciones frente a cada uno de los requerimientos del demandante y contrademandante.
¿Qué está en juego?
Con este caso, explicó a la VOA Wilder Alejandro Sánchez, analista en temas de defensa y geopolítica basado en Washington DC, Nicaragua tiene una doble estrategia: por un lado intenta expandir su territorio marítimo y por otro atacar a Colombia de manera legal para dañar su imagen, intentar influir en el otro caso abierto ante la corte y ver si puede obtener algún tipo de dinero.
“Nicaragua pide ‘reparaciones completas’, no quiere reclamar territorio pero quiere obtener dinero de esa manera”, explicó el experto.
La intención de Nicaragua de expandir su territorio, agregó Sánchez, pasa también por la posible exploración petrolífera por parte del gobierno de Daniel Ortega. “Desde hace años, Nicaragua ha intentado explorar áreas marinas para ver si hay recursos petrolíferos”, contó el experto.
Sin embargo, desde que hubo el fallo del 2012, no ha habido mayores exploraciones en el mar caribe de Nicaragua para construir nuevos pozos petroleros. “Habrá que ver dependiendo del fallo si Nicaragua quiere iniciar esta investigación en el Caribe”, argumentó el analista.
El experto en derecho internacional de Nicaragua Julio Icaza Gallard explica que la posición de Colombia respecto al fallo de la Corte Internacional de Justicia del 19 de noviembre de 2012 ha carecido de fundamento jurídico y sostiene que es importante aclarar que en este juicio no están en juego nuevas delimitaciones territoriales, porque las mismas ya fueron establecidas en el referido fallo.
“Las objeciones preliminares presentadas por Colombia, para evitar que la Corte entrará a examinar el fondo de la demanda presentada por Nicaragua, fueron rechazadas. Sostener como ha hecho Colombia, ante esta sentencia que le fue desfavorable, que los límites fronterizos solamente pueden ser establecidos por tratados, para poder darle aplicación, no se sostiene desde el punto de vista del derecho internacional”, ha dicho el experto a la VOA vía correo electrónico.
Sostiene que ante un nuevo fallo desfavorable, que habrá de producirse con mucha probabilidad, Colombia tendrá que encontrar una solución a los obstáculos que puedan existir en su derecho interno y, de ser necesario, proceder a reformar su legislación.
“La CIJ jamás va a aceptar que el cumplimiento de sus fallos esté subordinado a lo que dispongan las leyes nacionales de un Estado”, ha valorado el experto.
El fallo de la Corte se dará a conocer en un momento en que las relaciones entre Colombia y Nicaragua están en su peor punto. Recientemente ambos países retiraron a sus diplomáticos, no obstante Icaza descarta que influya en el veredicto final.
“La controversia ante la CIJ es de carácter jurídico. La retirada del embajador colombiano responde a un conflicto político diplomático. Esperemos que ambas cosas se mantengan separadas y que este fallo no haga que las relaciones entre ambos países empeoren”, concluyó.
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