La explotación sexual de menores vuelve a estar en el foco de la opinión pública en Colombia, tras el reciente caso de un ciudadano estadounidense que fue sorprendido por la policía en un hotel de lujo en Medellín con dos menores de edad, pero que logró salir del país sin responder ante la justicia porque no fue hallado en flagrancia.
Timothy Allan Livingston, de 36 años, fue encontrado la semana pasada en el hotel Gotham, ubicado en el lujoso sector de El Poblado, con una menor de 12 y otra de 13 años.
La Policía detuvo al hombre por 12 horas, sin embargo quedó en libertad y salió de la ciudad de Medellín hacia Estado Unidos el pasado 29 de marzo. Tras el escándalo, la Procuraduría de Colombia anunció una investigación contra los agentes policíacos por las presuntas irregularidades en la captura y por la que posteriormente el extranjero quedó en libertad.
En su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro, anunció el miércoles que solicitará la extradición al gobierno de Estados Unidos de Livingston. “El gobierno pedirá en extradición al gobierno de los EEUU al pedófilo del hotel de Medellín, y pedirá un informe sobre por qué el pedófilo logró huir y cuál es su nombre”, posteó en sus redes el mandatario.
Sin embargo, sobre el ciudadano estadounidense al que se le señala de presuntamente abusar de las dos menores con los que fue hallado en su habitación, todavía no existe una solicitud formal de captura en la fiscalía colombiana, que no ha entregado mayores detalles sobre cómo avanza la investigación.
El caso ha generado indignación en Colombia y ha detonado una serie de medidas de las autoridades de Medellín, que dispusieron el cierre del hotel y prohibieron la oferta y demanda de servicios sexuales en el corazón de la ciudad, en un intento por frenar este fenómeno.
“No son bienvenidos todos aquellos que vienen a irrespetar nuestra ciudad. El turismo es una herramienta muy importante de crecimiento económico, pero no puede ser a toda costa y mucho menos a costa de nuestras mujeres y mucho menos a costa de nuestra niñez y nuestra juventud”, dijo a medios el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
La Voz de América consultó a investigadores sobre las causas asociadas a este flagelo de niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual, quienes coinciden que es una problemática alentada por condiciones de pobreza, desigualdad, y el tráfico de drogas.
Para Jazmín Santa Álvarez, docente investigadora de la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín en temas contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (Escnna), la pandemia del COVID-19 y las redes sociales han facilitado el crecimiento de este problema, que no solo afecta a la ciudad de Medellín sino al país en general.
“Se le ha dado mucha visibilidad a los casos que suceden en el contexto de viajes y turismo con un mal uso de la palabra turismo sexual, pero venimos viendo también que a partir de pandemia los contextos digitales aumentaron los casos y ha facilitado la conexión donde pululan los pedófilos para después llegar a la pederastia porque estos sujetos hacen el viaje, contactan a los menores de edad y entonces sucede lo que se presentó en este caso reciente en Medellín”, explicó Santa a la VOA.
En ese sentido, Santa Álvarez ha alertado que la explotación sexual infantil sucede en un entorno en el que funciona el tráfico de drogas al que se le “unen” los contextos de “explotación sexual” y “prostitución”.
“Esto empieza a suceder porque Medellín se ha vendido como una ciudad permisiva en muchas series de televisión de alcance internacional, pero no solo Medellín sino el país en general, porque es un país en el que el consentimiento para tener relaciones sexuales empieza a los 14 años y eso lo saben los extranjeros. Entonces se suma que es un lugar donde se consigue la droga a buen precio, muy fácil, y que a la par está este contexto de prostitución que facilita que se dé también la explotación de menores”, añadió.
Medidas inexistentes para prevenir y proteger a las víctimas
De acuerdo con el informe 'violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes', entregado por la Defensoría del Pueblo de Colombia a finales de 2023, el alto subregistro en las cifras oficiales sobre esta situación dificulta conocer los datos exactos de los riesgos de explotación sexual en menores de edad, una situación que para las voces consultadas por la VOA, ayuda a “normalizar” la verdadera magnitud del problema.
“Existe un débil apoyo institucional, aunque se cuenta con reglamentaciones y protocolos específicos tanto para la investigación y la atención de estos casos, pero en muchos de los casos los servidores encargados de aplicar estos casos los desconocen o no están capacitados para atenderlos, por eso se presentan hechos como el que sucedió recientemente en Medellín donde ciudadanos extranjeros recurren a países como Colombia por los vacíos normativos”, asegura a la VOA, Laura Suárez, investigadora del Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados, ICMEC.
En ese sentido, Jazmín Santa concluye que este “es un tema que siempre ha estado en agenda, del que se han analizado todos los sistemas de información y todos arrojan datos diferentes, es un tema que está presente, va en aumento, por lo que se necesita más atención institucional y que las autoridades entiendan la dimensión del problema para que no se vuelva paisaje”.
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