La Fiscalía General de El Salvador allanó el martes, por segundo día consecutivo, las oficinas del Ministerio de Salud en busca de documentos relacionados con las compras de medicamentos e insumos médicos en el marco de la emergencia por COVID-19.
Un hecho inusual en la situación fue que la Policía, que suele acompañar en estos procedimientos a los fiscales, solicitó permisos a la fiscalía para que los agentes portaran armas durante el allanamiento. La solicitud del porte de armas se hizo recién este martes por la tarde.
Germán Arriaza, jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, llegó hasta el Ministerio de Salud, donde se realizaba el allanamiento, y declaró que la policía salvadoreña “no puede entorpecer ningún tipo de actividad legal”. Agregó que luego de explicar los alcances legales de la investigación, la Fiscalía pudo continuar con el allanamiento.
Aún no está claro qué busca la Fiscalía en el Ministerio de Salud o en otros ministerios donde, según fuentes consultadas por la Voz de América, también ha realizado allanamientos. Sin embargo, el proceso fue autorizado por el juzgado Décimo Tercero de Paz de San Salvador, y se relaciona con presuntas compras irregulares hechas por el gobierno.
La presencia de la policía en las oficinas allanadas fue una petición del Ministerio de Salud, institución que denunció a través de su cuenta de Twitter un supuesto “abuso de autoridad, alteración de la cadena de custodia y vicios en el proceso” por parte de los 85 fiscales que incautaron documentos y equipo informático en dichas oficinas.
El Ministerio de Salud salvadoreño ha sido señalado, en recientes investigaciones periodísticas, de realizar compras irregulares durante la emergencia por la COVID-19. Algunos de los cuestionamientos se relacionan con supuestas compras con sobreprecio de insumos médicos a familiares de altos funcionarios.
