Bolivia vivía el miércoles una situación inédita con la cúpula del Poder Judicial paralizada debido a que los magistrados cesaron en sus cargos y el Legislativo no convocó a la elección de altos jueces por pugnas en el oficialismo.
“Desde hoy los magistrados del órgano judicial ya no ejercen legalmente sus funciones; su decisión de prorrogarse vulnera la Constitución y genera una crisis institucional”, dijo el miércoles en X, antes Twitter, el expresidente Carlos Mesa, líder del opositor Comunidad Ciudadana (CC).
Hace dos semanas los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional se prorrogaron en sus cargos hasta la designación de nuevas autoridades, decisión que ha sido respaldada por autoridades del Poder Ejecutivo pero cuestionada por la oposición y organizaciones ciudadanas que los acusan de “usurpar funciones”.
La situación parecía más incierta el miércoles tras conocerse la renuncia de un magistrado del Tribunal Constitucional. La víspera no hubo inauguración del año judicial como se acostumbra con presencia del presidente del país y hubo protestas opositoras en las puertas de los altos tribunales para exigir la renuncia de los magistrados.
El miércoles ni el presidente Luis Arce ni su ministro de Justicia, Iván Lima, se manifestaron sobre la situación. La semana pasada el Procurador General, César Siles, y legisladores oficialistas justificaron la prórroga de los magistrados alegando que no puede darse un “vacío de poder”. “Una sociedad democrática exige que los cuatro órganos del Estado funcionen simultánea y permanentemente”, dijo Lima ante una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que lo visitó hace unos días.
Según la Constitución boliviana, los 26 magistrados del Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura deben ser elegidos por el voto ciudadano de una preselección aprobada por la Asamblea Legislativa. Los comicios debieron celebrarse en octubre del año pasado, pero no se hicieron por la fractura del oficialismo en el Legislativo entre leales al expresidente Evo Morales, jefe del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) y Arce, quien controla una parte de ese partido.
La Cámara de Diputados está bajo el control de Arce y el Senado de leales a Morales. También el Legislativo está casi paralizado por esa disputa que según los analistas está relacionada con las elecciones presidenciales de 2025. “En el fondo es la lucha por el poder, quién se queda con el partido y quién es candidato por el oficialismo en 2025”, opinó el analista jurídico Williams Bascopé.
Morales ya se proclamó candidato mientras Arce dijo que todavía no es momento para hablar de postulaciones. Las primarias están previstas para dentro de un año.
“El Poder Judicial se ha convertido en un operador político al servicio del gobierno”, dijo el analista José Luis Santiesteban.
En medio de esa pugna la semana pasada el Tribunal Constitucional emitió un fallo sobre la reelección indefinida que según políticos y analistas dejaría a Morales afuera de la carrera electoral. Morales salió al paso y acusó al gobierno de Arce de tramar un “plan negro” para eliminarlo “política y hasta físicamente” según dijo en X.
Arce no respondió, pero unos días antes en una rueda de prensa dijo que Morales se ha convertido en el “principal opositor” y culpó al Legislativo de trabar las elecciones judiciales.
Arce fue ministro de Economía de Morales (2006-2019) por 10 años. Morales renunció en 2019 en medio de un estallido social que dejó 37 muertos cuando intentó reelegirse en 2019 en unos comicios que la Organización de los Estados Americanos (OEA) dijo que fueron fraudulentos.
Tras un interinato de la opositora Jeanine Áñez, quien asumió tras la dimisión de Morales, el MAS regresó al poder en los comicios de 2020 con Arce. Pero las disputas entre los dos líderes se agravaron desde principios del año pasado.
A pesar de la crisis en la cúpula judicial los tribunales menores siguen despachando causas normalmente.
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