La administración del presidente Joe Biden propuso aumentar los fondos destinados para atender las causas de la migración en Centroamérica y puso a Haití en el foco, pidiendo casi 300 millones de dólares para ayudar a atajar la violencia en el país caribeño.
En el plan de presupuesto de 5.8 billones de dólares presentado el lunes por la Casa Blanca, que debe ser aprobado por el Congreso, el gobierno solicita $987 millones de dólares para Centroamérica.
La propuesta representa un aumento de más de 100 millones de dólares en comparación con la cifra que se solicitó el año pasado para la región.
Los fondos, según el documento, buscan alimentar la promesa del gobierno de Biden de inyectar 4.000 millones de dólares en la región en los cuatro años de mandato y hacen parte de una “estrategia para avanzar en una reforma integral a la vez que se abordan las causas raíz de la migración irregular desde Centroamérica”.
Sobre el presupuesto para el año fiscal 2022, el Congreso aprobó 654 millones de dólares para Centroamérica, recortándole poco más de 200 millones a la cifra original propuesta por la administración Biden.
Seguridad fronteriza e inmigración
En materia de seguridad nacional, la Casa Blanca solicitó un total de 56.700 millones. Esta cifra contempla 23.400 millones de dólares para las agencias del gobierno encargadas de la seguridad fronteriza y del control migratorio (CBP e ICE por sus siglas en inglés). De este monto total, el gobierno pide 309 millones de dólares para tecnología de seguridad fronteriza y $494 millones para “costos del procesamiento y cuidado de los no ciudadanos”.
El gobierno Biden también pide $765 millones de dólares para el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, por sus siglas en inglés), para que la agencia pueda “procesar de manera eficiente el creciente número de solicitudes de asilo” y “el atraso en permisos de trabajo”.
Además de los fondos destinados para atender el flujo migratorio dentro de Estados Unidos, el gobierno Biden solicita al Congreso $10.450 millones de dólares para responder a las “necesidades humanitarias” en más de 70 países y apoyar el programa de refugiados del país.
Según el documento, el presupuesto “continúa reconstruyendo del programa de admisión de refugiados” que estima recibir a 125,000 personas en el 2023.
El gobierno Biden se ha enfrentado a cifras récord de migrantes y aspirantes a solicitantes de asilo en la frontera sur del país. Solo en febrero fueron detenidos 164.973 migrantes irregulares, un incremento del 7% comparado con el mes de enero y 73% más que en febrero de 2021, según la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP).
La administración ha mantenido en pie una norma del anterior gobierno que permite a las autoridades expulsar a la mayoría de las personas que se presentan en la frontera sur, conocida como Título 42. Adicionalmente, el gobierno de Biden presentó la semana pasada una nueva directriz para procesar con mayor rapidez los casos de asilo, que permitirá a los funcionarios aceptar o rechazar solicitudes de protección de los inmigrantes poco después de que crucen la frontera, evitando así los tribunales de inmigración.
Haití
En su plan, la Casa Blanca destinó 275 millones de dólares solo para Haití, en respuesta a las “condiciones en declive y la violencia generalizada en el país”.
Los fondos irán destinados a fortalecer la “recuperación” socioeconómica de Haití, fortalecer las fuerzas del orden público, combatir la corrupción y apoyar a organizaciones de la sociedad civil, estipula el documento.
“Estas inversiones aseguran que EE. UU. pueda revitalizar sus alianzas” con el país caribeño, explica el documento de 150 páginas.
A nivel doméstico, el presupuesto del gobierno de Biden busca reducir el déficit federal en $1.300 millones de dólares en comparación con el año pasado, en lo que el presidente llamó “la mayor reducción anual en la historia de EE. UU.”
Entre las estrategias de financiación de los gastos, Biden contempla una reforma fiscal que aumenta los impuestos a los más ricos y a las empresas. El proyecto incluye un impuesto mínimo federal del 20% para los hogares que reporten ingresos de más de $100 millones de dólares. Con respecto a las empresas, la Casa Blanca propone aumentar el impuesto a las corporaciones a un 28% e incluye una serie de medidas para “asegurarse que las multinacionales que operan en EE. UU. no puedan usar los paraísos fiscales” para evadir sus responsabilidades fiscales.
La presentación del presupuesto de la administración es el primer paso. El plan de gastos de la Casa Blanca debe ahora pasar a manos del Congreso, que es la última instancia que aprueba los gastos.
El plan de gastos del año fiscal 2022, que fue presentado por Biden a finales de mayo del año pasado, fue aprobado hace apenas dos semanas, después de meses de negociaciones entre legisladores demócratas y republicanos.
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