El gobierno de Venezuela decretó este viernes una ley que establece un nuevo control de precios y fija límite a las ganancias empresariales.
La medida, un nuevo esfuerzo del presidente Nicolás Maduro por frenar la inflación, dicta duras penas de cárcel para quienes acaparen productos o los vendan a sobreprecio.
La legislación pone un tope de hasta 30 por ciento a las ganancias permisibles a los negocios respecto a la “estructura de costos del bien o servicio” que preste dicha empresa.
El decreto 600, publicado en la Gaceta Oficial, también establece penas de prisión de hasta 14 años por delitos que incluyen acaparamiento, “desestabilización de la economía” y tráfico de alimentos subsidiados para ser vendidos luego a un precio diferente al oficial.
Hasta ahora las sentencias por iguales delitos fijadas bajo el gobierno del extinto gobernante Hugo Chávez contemplaban sentencias de hasta seis años de cárcel.
Una agencia gubernamental denominada Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos será la encargada de “determinar márgenes de ganancias razonables” para las empresas.
En otra medida extraordinaria, el gobierno también impuso un tope anual de $3.000 dólares a la asignación de divisas a viajeros para gastos en el extranjero y también para compras por Internet.
La medida, un nuevo esfuerzo del presidente Nicolás Maduro por frenar la inflación, dicta duras penas de cárcel para quienes acaparen productos o los vendan a sobreprecio.
La legislación pone un tope de hasta 30 por ciento a las ganancias permisibles a los negocios respecto a la “estructura de costos del bien o servicio” que preste dicha empresa.
El decreto 600, publicado en la Gaceta Oficial, también establece penas de prisión de hasta 14 años por delitos que incluyen acaparamiento, “desestabilización de la economía” y tráfico de alimentos subsidiados para ser vendidos luego a un precio diferente al oficial.
Hasta ahora las sentencias por iguales delitos fijadas bajo el gobierno del extinto gobernante Hugo Chávez contemplaban sentencias de hasta seis años de cárcel.
Una agencia gubernamental denominada Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos será la encargada de “determinar márgenes de ganancias razonables” para las empresas.
En otra medida extraordinaria, el gobierno también impuso un tope anual de $3.000 dólares a la asignación de divisas a viajeros para gastos en el extranjero y también para compras por Internet.
