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2012: lo relevante en política de EE.UU.


Los resultados de la pugna electoral entre demócratas y republicanos no alteraron el equilibrio de poderes en Washington.
Los resultados de la pugna electoral entre demócratas y republicanos no alteraron el equilibrio de poderes en Washington.

Con las secuelas aún latentes de la crisis económica, el país vivió un agitado año de contienda electoral con demócratas y republicanos situados a ambos extremos del espectro político.

El año que termina estuvo marcado por una polarización partidista que situó a demócratas y republicanos a ambos extremos del espectro político, tuvo al país prácticamente paralizado a expensas del resultado de las elecciones presidenciales y hasta el último momento amenazó con despeñar la economía de EE.UU. a un “abismo fiscal”.

La reñida lucha electoral se saldó definitivamente con una victoria del presidente Barack Obama, a quien los votantes dieron cuatro años más en la Casa Blanca pero sin cambiar el equilibrio de poderes en el país: los republicanos recapturaron la Cámara de Representantes, y los demócratas retuvieron el control del Senado.

De modo que ni unos ni otros consiguieron la mayoría necesaria para aprobar leyes por la vía rápida y ambos partidos quedan en situación similar a la que tenían. Sus posturas irreconciliables provocaron desde el mismo comienzo del año que sólo el 11 por ciento de los estadounidenses aprobaran la labor de los congresistas, una impopularidad récord, según una encuesta de CNN.

Los comicios pusieron de relieve además el poder político alcanzado por los hispanos en EE.UU. Uno de cada 10 votantes que fueron a las urnas era hispano, lo que propició que luego de las elecciones un tema que les atañe directamente y que estuvo estancado en el Congreso, el de la reforma inmigratoria, haya cobrado renovado ímpetu tanto entre demócratas como republicanos.

En junio, la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, anunció que se pondría fin a la deportación con ciertos requisitos de los inmigrantes indocumentados que fueron traídos por sus padres al país cuando eran menores de 16 años, un paso a tono con el Dream Act, un proyecto de ley que había sido bloqueado en el Capitolio y que ofrecería a esos jóvenes la vía para alcanzar la condición de residentes permanentes y, eventualmente, la ciudadanía.

La polémica racial se avivó nuevamente en EE.UU. después de que un vigilante voluntario de origen hispano, George Zimmerman, baleó a muerte a un joven negro de 17 años desarmado, Trayvon Martin, en una comunidad de Sandford, en el centro de la Florida. Zimmerman está acusado de asesinato en segundo grado y su juicio ha sido fijado para junio próximo.

En un hecho sin precedentes en la historia del país, tras más de un año de investigaciones, en mayo la Cámara de Representantes votó a favor de declarar al Fiscal General, Eric Holder, en desacato por no entregar documentos exigidos por los legisladores sobre la polémica operación “Rápido y Furioso”, concebida para rastrear el tráfico ilegal de armas a México. La minoría demócrata en la cámara denunció el hecho como una maniobra política de los republicanos contra el gobierno.

El escándalo tocó este año a las puertas de Washington con la inesperada renuncia por adulterio del director de la CIA, el general de cuatro estrellas David Petraeus, en un momento crítico cuando se investigaban las causas e implicaciones del ataque el 11 de septiembre al consulado de EE.UU. en Bengasi (Libia) en el que murieron el embajador Chris Stevens y otros tres diplomáticos.

Pero la mayor conmoción nacional del 2012 la produjeron dos sucesos relacionados con la espiral de violencia que aqueja a los estadounidenses: la masacre en julio en un cine en Aurora, Colorado, con saldo de más de 70 víctimas entre muertos y heridos, y la matanza en diciembre de 26 personas, incluidos 20 niños, en una escuela primaria en Newtown, Connecticut.

Ambos hechos dieron lugar a que por primera vez en el país más de la mitad de los estadounidenses se declaren partidarios de establecer controles más rígidos sobre la posesión de armas de fuego, y que el presidente haya decidido enviar antes de febrero del año entrante recomendaciones concretas al Congreso para evitar la repetición de tragedias similares.
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