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Gobernador de Virginia no detendrá ejecución de salvadoreño

  • Voz de América - Redacción

Foto proporcionada por la Correccional de Virginia, del salvadoreño Alfredo Prieto, condenado a muerte.

Foto proporcionada por la Correccional de Virginia, del salvadoreño Alfredo Prieto, condenado a muerte.

Al reo salvadoreño Alfredo Prieto solo lo puede salvar de ser ejecutado la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.

El gobernador de Virginia, Terry McAuliffe, declinó intervenir para detener la ejecución del salvadoreño Afredo R. Prieto, de 49 años, programada para este jueves.

En una declaración divulgada el lunes por la noche, McAuliffe dice que “luego de una revisión detenida de este caso, de las acciones de las varias cortes federales y estatales, y las peticiones y recomendaciones de los representantes tanto del señor Prieto como de las familias de las víctimas, he decidido no intervenir en esta ejecución”.

Las cortes federales y estatales también han revisado y denegado las apelaciones, por lo que ahora a Prieto solo lo puede salvar la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.

El salvadoreño fue condenado a muerte en Virginia por la violación y asesinato de Rachael Raver, de 22 años, y de su novio, Warren H Fulton III, de 22.

El hecho sucedió en 1988 pero no fue sino hasta 2005 —cuando Prieto ya había sido condenado a muerte en California por violación y asesinato de otra niña de 15 años— que su ADN le vínculo con las muertes de Raver y Fulton.

En Virginia fue condenado a muerte en 2008, y en una segunda sentencia ordenada por las cortes, nuevamente en 2010.

Los abogados de Prieto han tratado de demostrar que el hombre de 49 años tiene problemas mentales y que no puede ser ejecutado.

El contacto de Prieto con la violencia durante la guerra en El Salvador y la falta de una nutrición adecuada por la pobreza de su familia "contribuyeron a una gran disfunción cerebral", que afectó su capacidad para el pensamiento abstracto y para controlar sus impulsos, dijo durante su juicio Ricardo Weinstein, un psicólogo que evaluó al preso bajo solicitud de la defensa.

El estado alega que el jurado que condenó a Prieto en 2008 consideró el testimonio de un experto que afirmó que Prieto había obtenido un coeficiente intelectual (IQ) de 66 y que probablemente este era aún menor, pero aún así le condenó a la pena de muerte. La fiscalía considera que Prieto nunca demostró ser un “retrasado mental”.

El estado de Virginia planea usar fármacos traídos de Texas para la inyección letal con la que ejecutará a Prieto.

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