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Vigilantes plantan cara a las pandillas en Puerto Príncipe


Policías haitianos hacen guardia en una esquina en medio de la violencia de pandillas en Puerto Príncipe el 8 de abril de 2024.
Policías haitianos hacen guardia en una esquina en medio de la violencia de pandillas en Puerto Príncipe el 8 de abril de 2024.

El deterioro de la seguridad en la capital de Haití, Puerto Príncipe, ha llevado a los residentes a tomar medidas drásticas para protegerse del aumento de la violencia. Este fenómeno, conocido como “Bwa Kale”, representa un cambio significativo en la lucha contra los grupos delictivos que han asolado la población.

Los residentes de diferentes distritos de Puerto Príncipe han tomado medidas defensivas contra las bandas, a pesar de verse a menudo superados en armamento; nunca en determinación.

La violencia ha escalado, y agentes de la policía, ahora aliada con los vigilantes, se han convertido en sus propios justicieros, sin llevar la violencia al extremo, controlan las entradas y salidas de cada barrio, imponiendo su propio toque de queda e incluso exigiendo los documentos de identificación de las personas que se acercan.

“Si el Estado existiera de verdad, la gente no pondría barreras. Si el Estado existiera, un ciudadano no podría poner barreras en el barrio. Si el Estado existiera, no habría barreras a la entrada de Delmas 2. El Estado no existe. Hoy en día, es la gente la que tiene que cuidar de sí misma”, opinó en declaraciones a la Voz de América Abcus François, residente de Delmas, un barrio de Puerto Príncipe.

En Haití, este movimiento de vigilantes tomó forma en el último año, marcando un cambio significativo en la lucha contra las bandas criminales que han aterrorizado a la población. Este fenómeno, conocido como Bwa Kale, que se traduce como "madera pelada", simboliza la justicia rápida por parte de los ciudadanos.

Puerto Príncipe, testigo de este cambio, ha visto cómo los miembros de las bandas son linchados o ejecutados sumariamente después de ser capturados por grupos de ciudadanos, a veces con la ayuda de la policía.

El 24 de abril de 2023, en Canapé-Vert, la detención y posterior castigo de una quincena de individuos acusados de pertenecer a bandas criminales marcó un punto de inflexión, propiciando la expansión del "Bwa Kale" por otras regiones del país.

Armados en su mayoría con cuchillos, los participantes de este movimiento han ejecutado a numerosos sospechosos, una medida extrema que refleja su desesperación y desconfianza hacia el sistema de justicia oficial.

A pesar de la preocupación por las represalias de las bandas y la violencia desenfrenada, el movimiento ha creado una oportunidad única para que el Estado haitiano reconstruya la confianza con su población. Sin embargo, existe el temor de que, sin una acción significativa por parte del gobierno, los ciudadanos puedan perder la fe en las instituciones estatales y optar por tomar la ley en sus propias manos de manera permanente.

El despertar de la autodefensa: ¿Bwa Kale, salvación o caos?

El sociólogo Géraldo Saint-Armand destacó las acciones de autodefensa emprendidas por civiles haitianos como una reacción directa a la violencia prolongada ejercida por grupos armados. Estos civiles, enfrentados a una creciente ola de delincuencia y abandono por parte de las autoridades, han dado inicio al movimiento Bwa Kale.

“La gente está abandonada y desatendida, por lo que ocurre a comportamientos violentos y prácticas extremas. Pero estas prácticas extremas que estamos viviendo estos días son la respuesta a la forma de extremismo violento que los pandilleros están desarrollando contra la población, no desde hace días, desde hace varios años”, sugiere el sociólogo.

Saint-Armand, profesor en la Universidad de Haití, interpreta estas acciones como indicativas de una sociedad que se organiza fuera de los canales estatales ante la incapacidad de las instituciones públicas para cumplir sus funciones protectoras y judiciales. El experto sugiere que la respuesta violenta de los ciudadanos es consecuencia directa de la violencia que han padecido por parte de las bandas durante años.

“Las diversas instituciones públicas que deberían estar al frente de la organización de la vida de la sociedad haitiana e impartir justicia a sus ciudadanos están siendo desviadas de su misión para satisfacer intereses de grupo”, argumenta el especialista como uno de los factores que podrían provocar este estallido de violencia por parte de la población civil.

Un vehículo policial vigila el área cercana al Palacio Nacional en Puerto Príncipe, Haití, el 2 de abril de 2024.
Un vehículo policial vigila el área cercana al Palacio Nacional en Puerto Príncipe, Haití, el 2 de abril de 2024.

El fenómeno Bwa Kale señala una quiebra en la confianza ciudadana hacia las autoridades y anticipa efectos duraderos en el tejido social del país. Según Saint-Armand, estos eventos podrían acelerar un proceso de "desafiliación social", profundizando la división y el aislamiento entre los miembros de la comunidad. La pérdida de cohesión social, advierte, podría llevar a una disociación constante, alejando aún más a los ciudadanos entre sí y de las instituciones destinadas a unirlos.

“El Estado como voluntad general, en la perspectiva de Rousseau, es incapaz de cumplir su misión de proteger a los ciudadanos, por lo que éstos están recurriendo a una serie de comportamientos protectores no estatales”, añade el sociólogo.

Violencia y saqueos continúan sacudiendo el corazón de la capital

El centro de Puerto Príncipe se convirtió en escena de conflictos recientes, con enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y grupos armados. El área conocida como Champ de Mars, sitio de relevancia debido a la presencia de edificaciones gubernamentales importantes, se vio afectada por estos sucesos durante las últimas semanas.

El lunes, se registraron nuevos choques. La policía, a través de altavoces, solicitó a la población que se retirara del lugar mientras se escuchaban disparos a lo largo del día. Agentes de una unidad especializada se enfrentaron a los atacantes en distintos puntos, sin que se ofreciera un reporte oficial sobre los daños o bajas sufridas.

La violencia no se limitó a enfrentamientos. Actos de vandalismo y saqueos fueron reportados, afectando estructuras y servicios. Entre los daños, se destacó el saqueo de una iglesia histórica, donde se perdieron numerosos equipos y materiales.

Otras áreas de la ciudad también experimentaron tensiones similares, con reportes de disparos y actos delictivos que perturbaron la rutina cotidiana. Una ruta crítica hacia el aeropuerto se transformó en zona de riesgo por la actividad de grupos criminales, complicando aún más la movilidad y seguridad en la capital.

La violencia se extendió a sectores periféricos, donde se observaron cierres de vías y ataques a infraestructuras claves. Incluso una estación de policía fue demolida por uno de los grupos, marcando un precedente alarmante sobre el alcance de estas acciones.

La crisis en la capital: Un cáncer que se expande en el país

El caos reinante tuvo efectos notorios en las ciudades provinciales, evidenciando la escasez de productos esenciales, la falta de liquidez en entidades financieras y la ausencia de combustible en el mercado formal. Este fenómeno trastocó la cotidianidad en diversas localidades, ajustando la dinámica de mercados, bancos y el transporte.

Miragoâne, pese a mantener activas sus escuelas y comercios, enfrentó cambios en los horarios bancarios por escasez monetaria, así como una notable falta de combustible, particularmente de gasolina, cuyo precio alcanzó cifras elevadas en el mercado informal. Esta situación también provocó un incremento en los costos de ciertos bienes básicos.

Les Cayos vivió una aparente normalidad en sus actividades diarias, pero no se libró de la dificultad para adquirir productos necesarios debido al bloqueo en la capital. La liquidez financiera se tornó un problema cada vez más agudo, dificultando el cumplimiento de las necesidades poblacionales y generando largas filas en bancos y agencias de transferencia.

La disponibilidad de combustible se complicó en gran medida, llegando a precios exorbitantes en el mercado informal. Aunque el transporte público mantuvo su operatividad, el coste de los trayectos experimentó incrementos esporádicos.

Jacmel, en el sur del país, por su parte, vivió una ralentización en los servicios financieros, enfrentando un desafío adicional con la escasez de medicamentos debido a la incapacidad de las farmacias para reabastecerse ante el caos de Puerto Príncipe. La venta ilícita de combustible a precios exorbitantes se convirtió en una práctica común ante el cierre de gasolineras.

Jérémie y Gonaïves reflejaron escenarios similares, con una economía precaria exacerbada por la inflación de alimentos y la escasez de combustible. La falta de liquidez se manifestó en retiros limitados de efectivo, aumentando el malestar entre la población que veía cómo la situación de Puerto Príncipe repercutía en su vida diaria, afectando desde la disponibilidad de alimentos hasta la operatividad bancaria y el acceso a los servicios básicos.

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