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Presidente de Uruguay acepta renuncia de ministro de Interior y de otras dos figuras de su gobierno


El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, escucha durante la Cumbre inaugural de Líderes de la Asociación para la Prosperidad Económica de las Américas en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, DC, el 3 de noviembre de 2023. (Foto de Jim WATSON / AFP)
El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, escucha durante la Cumbre inaugural de Líderes de la Asociación para la Prosperidad Económica de las Américas en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, DC, el 3 de noviembre de 2023. (Foto de Jim WATSON / AFP)

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció el sábado que aceptaba la renuncia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, de su segundo al mando en el ministerio y de un asesor presidencial.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció el sábado que aceptaba la renuncia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, de su segundo al mando en el ministerio, Guillermo Maciel, y del asesor presidencial en comunicación Roberto Lafluf tras un escándalo vinculado a la entrega de un pasaporte a un narcotraficante.

El ministro del Exterior, Francisco Bustillo, ya había dimitido el pasado miércoles tras las filtraciones de unas grabaciones en las que parece pedirle a una exfuncionaria que no entregue evidencia relacionada con una investigación en curso sobre dicho pasaporte.

Lacalle Pou, que pasó todo el día reunido con miembros de la coalición de gobierno y de la oposición por este tema tras regresar el sábado de un viaje a Estados Unidos, anunció que Nicolás Martinelli reemplazará al ministro del Interior, y que el actual ministro de Industria, Omar Paganini, sustituirá al canciller. Además, nombró a Pablo Abdala como subsecretario de Interior.

Los cambios se harán efectivos a partir del lunes, señaló.

“El pasaporte había que darlo de acuerdo a la ley y los decretos actuales”, señaló el mandatario uruguayo, descartando que hubiera algo ilícito en la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset. “Aun sabiendo que era Marset, el pasaporte había que darlo”, reiteró Lacalle Pou, que se vanaglorió del buen funcionamiento de la institucionalidad en el país.

“Tengo la tranquilidad” de que los funcionarios que estaban hasta el día de hoy y han presentado su renuncia “actuaron de acuerdo a la ley”, señaló el mandatario.

“No nos gusta que un narco tenga un pasaporte, por supuesto que no, pero eso es la ley vigente”.

El documento fue emitido mientras Marset estaba detenido en Dubái en 2021.

El escándalo saltó a la luz pública esta semana, cuando se hicieron públicos unos audios en los que Bustillos parecía pedir a la viceministra de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, que no entregara su teléfono a los investigadores de la causa. Bustillos habría querido evitar que estos hubieran podido ver las conversaciones que Ache sostuvo con otro funcionario que le había advertido —en relación a la emisión del pasaporte— que Marset era un peligroso narcotraficante.

Ache presentó su renuncia el año pasado y testificó ante la fiscalía uruguaya en la semana, poco antes de la renuncia del canciller.

“Yo fui la única política de este gobierno que renunció y se fue para su casa. Y, paradójicamente, no fue ni por haber hecho algo incorrecto, ni por haber hecho algo ilegal. Todo lo contrario, fue por no haber estado dispuesta a ocultarle comunicaciones a la justicia y por haberme negado a cometer un delito”, dijo Ache a la prensa después de su testimonio.

Bustillo, quien había sido canciller desde julio de 2020, asegura que Ache “descontextualizó conversaciones y obró de mala fe”,

Las autoridades afirman que Marset, de 32 años, estableció una organización criminal a lo largo de Paraguay, Uruguay y Bolivia para exportar cocaína a Europa. También está acusado de ser el autor intelectual del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia en 2022.

Marset ha evitado su detención en numerosas ocasiones, la más reciente en agosto, cuando fue capaz de eludir una intensa búsqueda en Bolivia, en donde las autoridades se vieron mal ante la opinión pública luego de que se reveló que había estado viviendo en el país durante meses bajo una identidad falsa.

La justicia uruguaya dirimirá ahora si alguno de los funcionarios que presentaron su renuncia tienen responsabilidad legal en el asunto.

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