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Armas militares en centros penales de Venezuela


Decenas de familiares de presos se arremolinaron cerca del penal de Yare el pasado domingo 19 de agosto, cuando un enfrentamiento interno dejó 26 muertes y 46 heridos.

Decenas de familiares de presos se arremolinaron cerca del penal de Yare el pasado domingo 19 de agosto, cuando un enfrentamiento interno dejó 26 muertes y 46 heridos.

La cárcel venezolana de Yare fue escenario de una pelea que se saldó con 26 muertos. La ONG “Una ventana a la libertad” denuncia el tráfico ilegal de armas en los penales.

No se trata de una película: el pasado domingo 19 de agosto, en torno a 8.000 cartuchos se dispararon dentro del penal venezolano de Yare, en una pelea entre grupos rivales, causando 26 muertes y dejando a 46 heridos a su paso.

Lo increíble es que es el tiroteo duró unas 4 horas y se utilizaron armas de uso militar, incluídos fusiles Dragunov para francotirador, lanzacohetes y se acuerdo a reportes, el centro penal de Yare permanece minado, con bombas cazabobos armadas con explosivos C-4 en caso de que las autoridades traten de recuperarlo.

El incidente no es el primero; solo en el 2011 hubo 500 muertos dentro del sistema penal, según el Observatorio Venezolano de Prisiones, asi que la violencia dentro de las cárceles de Venezuela está fuera de control.

En una conversación con la Voz de América, el coordinador general de la ONG venezolana “Una ventana a la libertad”, Carlos Nieto Palma, confirmó estos hechos y señaló que 600 personas siguen dentro del penal, a voluntad propia, previniendo que pueda haber cualquier ingreso de la Guardia Nacional que dé lugar al maltrato de los reclusos.

"Hace tiempo que el gobierno
perdió el control de los penales. Los reclusos son los que mandan y ordenan"

“La situación sigue siendo irregular y no se ha solucionado por completo. Hace tiempo que el gobierno perdió el control de los penales. Los reclusos son los que mandan y ordenan, y el Estado es simplemente un espectador de la situación penitenciaria de Venezuela”, explicó.

El gobierno de Chávez, según Nieto, elude tomar cartas en el asunto en el problema de la violencia penitenciaria. Además, el coordinador apuntó que la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, fue totalmente clara “sobre que ella no quiere conversar con las ONGs venezolanas. Nos tilda de ser conspiradores, junto con el imperio norteamericano, y de crear los conflictos en las cárceles de Venezuela”.

Sin embargo, Nieto aseguró que si el gobierno pide colaboración a estos organismos, están “dispuestos a conversar”.

Mientras tanto, la ONG solicitó este jueves 22 de agosto, ante la fiscalía de la nación, que se abriese una investigación sobre los sucesos de Yare, y que se estudiase de manera específica el ingreso de armas en los recintos carcelarios.

El problema, en palabras de Nieto, viene de lejos, ya que la organización emitió solicitudes similares el pasado mes de mayo, cuando se produjo un tiroteo en la cárcel de La Palma; y el año pasado, cuando se desarrolló un incidente similar en el penal del Rodeo: “No hemos tenido ninguna respuesta por parte del ministerio, a pesar de que la ministra Varela ha declarado que va a haber sanciones y responsables. Pero desde la defensoría del pueblo no se ha abierto ninguna investigación”.

El camino hacia los penales

Lanzagranadas, cartuchos y armas de largo alcance. ¿Cómo llega ese material al interior de las cárceles venezolanas? Para “Una ventana a la libertad” la respuesta está clara: “Son los funcionarios del Estado los que las introducen y los que han permitido que el control de las cárceles esté, en este momento, en manos de los reclusos y no del Estado, como debería ser”.

Los penales venezolanos están supervisados, desde el exterio, por la Guardia Nacional, componente de la Fuerza Armada Nacional. La custodia interior se lleva a cabo, por otra parte, por el Ministerio de Servicios Penitenciarios.

“Son espacios cerrados. La única manera de que lleguen armas a estos penales es que los propios funcionarios las introduzcan, y son ellos los que controlan los grandes negocios que se hacen dentro de las cárceles. De hecho, crearon los PRAN [presidiarios líderes dentro de los penales] para tener mejor control de su negocio”, comentó Nieto.

La solución, para esta ONG, pasaría por el cumplimiento de la Constitución, que establece la centralización de los penales en manos del Estado, además de “tener a penitenciaristas profesionales dentro del sistema y combatir el retardo procesal, ya que el 75% de los presos venezolanos no sabe aún si son culpables o inocentes, no han tenido una sentencia firme”.

Nieto remarcó, además, que el 95% de los reclusos, según los cálculos de la organización, no hacen “absolutamente nada” dentro de los penales venezolanos.
“Tienen que existir espacios para el deporte, el estudio, el trabajo y la recreación para eliminar el ocio reinante”, señaló.

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