Ante la insistencia de los padres de familia y la presión de organizaciones internacionales, el gobierno mexicano se comprometió a reabrir las investigaciones en el caso de los estudiantes desaparecidos en Iguala, México.
Eber Betanzos, subprocurador de derechos humanos de la Procuraduría General de la República, dijo que su despacho acepta "plenamente" el informe elaborado por los cinco expertos al comparecer durante una audiencia correspondiente al 156 período de sesiones que la CIDH celebrará esta semana en la capital estadounidense.
Uno de los expertos, la colombiana Angela Buitrago dijo que el gobierno mexicano y el grupo de expertos llegaron a un acuerdo que incluye el seguimiento de las investigaciones según la estrategia recomendada por ellos.
Esta incluye el uso de la tecnología, mapa de fosas y otros lugares identificados, y el establecimiento de una ruta de acciones acordadas por los familiares.
La desaparición de los 43 estudiantes de una escuela normal rural el 26 de septiembre de 2014 ha sacudido desde entonces al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y ya se han detenido a varias personas, incluso a un alcalde acusado de ser autor intelectual de la desaparición.
Los familiares de los estudiantes se han rehusado a aceptar la versión del gobierno de que la policía local de la ciudad de Iguala detuvo a los alumnos y los entregó a un cártel del narcotráfico, que los mató e incineró los cuerpos en un basurero.
