El gobierno del presidente argentino Javier Milei se mostró confiado en lograr la próxima semana la aprobación de un proyecto de ley de reformas económicas y del Estado luego de haber retirado, entre otros, aspectos del capítulo laboral y del referido a las privatizaciones que eran resistidos por opositores.
El proyecto de ley comenzará a tratarse el lunes en la Cámara de Diputados tras obtener la víspera un dictamen de mayoría en una reunión de comisiones legislativas. Ese mismo día también será analizado un paquete de reformas impositivas impulsado por el presidente.
“Es un primer paso; estamos en esta primera etapa, pero es un paso adelante muy importante”, dijo el viernes el ministro del Interior Guillermo Francos a medios de prensa. El funcionario acotó que el oficialismo confía en tener entre 135 y 140 votos asegurados —de 257— para la lograr la aprobación en general de la norma.
El gobierno de Milei, un economista ultraliberal que llegó al poder en diciembre, espera que esta vez la iniciativa salga adelante luego de que hace casi tres meses tuvo que retirar del Congreso otra que incluía reformas de mayor calado y era fuertemente cuestionada.
Para ello, el oficialismo —en clara desventaja numérica en ambas cámaras del Congreso— ha tenido que hacer concesiones como la eliminación de medidas que eran leídas como un recorte del poder de los sindicatos y la exclusión del Banco Nación de una lista de empresas plausibles de ser privatizadas.
Francos señaló que la consecución de un dictamen consensuado tras semanas de frenéticas negociaciones fue complejo porque requirió “ir juntando voluntades” de los miembros de la oposición que son aliados circunstanciales del gobierno.
El ministro se mostró optimista respecto del posterior tratamiento del proyecto en el Senado ya que, según afirmó, el oficialismo cuenta con el apoyo de gobernadores opositores a los que responden varios legisladores.
El gobierno aclaró que, de ser aprobado el proyecto de ley, seguirá impulsando las reformas que no queden incluidas y considere necesarias.
“Los casi 700 artículos de (el proyecto) de la ley original son una parte de un montón de cuestiones, normativas, decretos que pretendemos impulsar en los años que nos quedan de gestión”, dijo el portavoz presidencial Manuel Adorni.
Adorni aseveró las “3.000 reformas que plantea el presidente Milei” son una meta del gobierno y “lo que consideremos que esta ley no tiene lo seguiremos buscando con herramientas constitucionales”.
En la redacción del capítulo de modernización laboral ganó la pulseada un sector de la oposición dialoguista que no quería abrir un frente de conflicto con las centrales sindicales, ya que en la propuesta original estaba la idea de eliminar las cuotas solidarias obligatorias que deben pagar los trabajadores que no están afiliados a los gremios.
Entre los cambios consensuados está la eliminación de multas por el trabajo no registrado y la reducción del periodo de prueba de ocho a seis meses.
Por otro lado y bajo presión opositora, el proyecto incluye una lista de organismos que quedan a salvo de cualquier intento de disolución por parte del poder Ejecutivo, como el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el Ente Nacional de Comunicaciones y la Unidad de Información Financiera.
Por otro lado, la iniciativa prohíbe que el Ejecutivo pueda intervenir “las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan”.
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