En Uruguay, las actividades económicas informales representan el 36,9% del Producto Bruto Interno del país, un porcentaje superior al promedio registrado en América Latina y a otras regiones del mundo, según un estudio de la Universidad Católica del Uruguay para la Cámara de Comercio y Servicios.
El porcentaje equivale a unos US$ 14.000 millones por año, indicó el estudio. En América Latina, la economía informal representa un promedio del 29,7% del PBI.
Las actividades informales son realizadas, en parte, por personas que suelen ser de bajos recursos y no pueden enfrentar los costos de la formalización, señalaron los autores del estudio, Marcelo Brasca, Carla Di Paula, Joaquín Días y Marcos Lorenzelli.
Este tipo de actividades representan el 10 a 15% del PBI total de Uruguay.
Una feria callejera donde se realizan transacciones en la informalidad, se venden productos que provienen del contrabando y hay gente fuera de nómina, es un ejemplo citado por los autores.
El estudio indicó que la mayoría de los trabajos informales se dan en pequeñas empresas callejeras, viviendas de terceros o en la propia, y en los sectores de la construcción y el servicio doméstico. También hay un gran nivel de trabajadores informales en el comercio al por mayor y menor, restaurantes y hoteles.
Además, la mayoría de los trabajadores informales tienen menos de 20 años o más de 64 años, y cuentan con un nivel bajo de educación y de ingresos. También suelen tener sus propios negocios sin contar con un local físico.
Los autores también calificaron como actividades informales aquellas que son ilegales o quasi-ilegales, tales como la evasión de impuestos, el contrabando, narcotráfico y lavado de dinero. Estas actividades alcanzan un 20 a 25% del PBI total del país.
Las cifras indican que la economía informal en Uruguay alcanzó su nivel más alto desde 1982, año en el que el nivel de informalidad se situó en un 37,9% del PBI.
“Hubiéramos esperado una reducción más franca de la informalidad dado el inusual crecimiento económico registrado después de la crisis de 2002”, dijo Alfonso Varela, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios.
Además de alcanzar un nivel récord a nivel nacional, Uruguay también está en desventaja en comparación con países de la región y con otras regiones del mundo.
El estudio señaló, por ejemplo, que en Chile la informalidad es de apenas un 16,3% del PBI total.
A nivel internacional, las actividades informales representan el 26,9% del PBI de los países en vías de desarrollo y en 21 de los países más desarrollados representan solamente el 12,9% del PBI.
Los autores del estudio dijeron que un alto nivel de informalidad acarrea una serie de problemas.
Por un lado, “está asociada a la informalidad laboral, lo cual implica ausencia de derechos para los trabajadores, en particular en relación a la seguridad social”, señalaron.
Además, coloca en una posición desventajosa a aquellas actividades que sí están formalizadas, e implica una pérdida de ingresos para el Estado.
Cómo bajar la informalidad
Los autores propusieron varias medidas para bajar los niveles de informalidad según cada categoría.
En el caso de los trabajadores que no pueden enfrentar los costos de la formalización, indicaron que se debe “profundizar las políticas públicas de capacitación” para elevar su productividad.
También se debe ayudar a que estas empresas informales accedan a otros mercados donde el público tenga mayor poder adquisitivo. De esta manera, podrán generar más ingresos. Los autores también recomendaron que se simplifiquen los trámites de regularización ante el Estado.
Para terminar con la evasión de impuestos, los autores propusieron la creación de juzgados especializados en materia tributaria y la creación de un organismo interinstitucional que identifique, investigue y fiscalice las operaciones en negro.
Para lidiar con el lavado de dinero, el narcotráfico y el contrabando, los autores dijeron que es necesario aplicar la mano dura.
“La línea principal de actuación estatal propuesta es la coercitiva”, señalaron. “La experiencia internacional al respecto, en particular el caso chileno, sugiere que nuestro país, más allá de la disposición manifiesta a perseguir este tipo de actividades, no dispone de herramientas coercitivas suficientemente profesionalizadas”.
En este sentido, Chile es un ejemplo en el diseño de instituciones e instrumentos de prevención y control, concluyeron.