Aunque muchos, incluyendo la familia de la víctima, ponían en duda que los opositores cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero hubiesen muerto de manera accidental en julio del año pasado, hasta ahora había prevalecido la versión del gobierno de Cuba de que el trágico suceso de tráfico había sido ocasionado por la imprudencia del chofer, el joven español Ángel Carromero.
Pero fue el propio Carromero quien en marzo pasado declaró al diario The Washington Post que no había podido decir la verdad en su momento porque fue encarcelado, drogado y amenazado de muerte por las autoridades de la isla, y esta semana acaba de afirmar sin rodeos al periódico español El Mundo que “los servicios secretos cubanos asesinaron a Oswaldo Payá”.
El joven dirigente de Nueva Generaciones del Partido Popular español, quien iba al volante del auto accidentado y que según su testimonio fue embestido por un vehículo del gobierno cubano, asegura que los cuatro que iban en el automóvil salieron con vida. “Las enfermeras y un párroco me aseguraron que en el hospital ingresamos los cuatro”.
Los cuatro eran los dos disidentes que las autoridades dieron por muertos después de que el auto se salió de la carretera, Payá y Cepero, y los dos sobrevivientes, el propio Carromero y Jens Aron Modig, de la juventud democristiana sueca, quien pocos días después fue enviado de regreso a su país y desde el primer momento dijo no recordar “nada” del accidente.
Carromero ha declarado categóricamente estar seguro de que "Payá salió vivo del accidente e inculparme fue una coartada perfecta para ocultar la muerte del único opositor que podía liderar la transición en Cuba". Su denuncia pone contra la pared al gobierno cubano y emplaza a otros testigos a que hablen. ¿Podrá ser silenciado el párroco que el español menciona en su testimonio?
Como antecedente hay otras denuncias contra las autoridades de la isla que han quedado impunes, como el hundimiento de un remolcador el 13 de julio de 1994 con 72 personas a bordo que trataban de salir de forma furtiva de la isla, y fue deliberadamente embestido a pocos kilómetros de la costa con saldo de 41 muertos, entre ellos 20 niños.
También, en fecha más cercana, la de la muerte tras una huelga de hambre en la cárcel el 23 de febrero de 2010 del opositor Orlando Zapata Tamayo, un desenlace fatal que fue provocado por sus carceleros según su madre Reyna Luisa Tamayo, quien entonces demandó una investigación al gobierno y que nunca se llevó a cabo.
Pero en esta ocasión las repercusiones internacionales son a todas luces más evidentes, e incluso la oposición en España ha pedido al gobierno de ese país que esclarezca cual es su postura tras las declaraciones de Carromero.
Al joven Carromero se le permitio ir a España a fines de diciembre pasado para que terminara de cumplir en su país la condena de cuatro años de cárcel que se le impuso en Cuba por “homicidio imprudente”, un hecho detrás de cuál algunos sospecharon entonces la existencia de un pacto secreto Madrid--La Habana.
En adición, la familia de Payá, por conducto de su hija Rosa María, ha dicho tener claro “que no existió tal accidente”, que “hay indicios y pruebas más que suficientes para comenzar una investigación” internacional, y 125 líderes mundiales han urgido en una carta a Naciones Unidas a que esa pesquisa se haga.
“Las creíbles e inmensas alegaciones de que el gobierno cubano ha podido ser cómplice en el asesinato de su crítico más prominente, un líder mundial de los derechos humanos, no pueden ser ignoradas por la comunidad internacional”, señala la petición, suscrita entre otros por el arzobispo sudafricano y nobel de la paz Desmond Tutu.
También la nueva embajadora de EE.UU. ante la ONU, Samantha Power, ha pedido al canciller cubano, Bruno Rodríguez Parilla, que se abra una investigación sobre la muerte de los dos disidentes.
Pero fue el propio Carromero quien en marzo pasado declaró al diario The Washington Post que no había podido decir la verdad en su momento porque fue encarcelado, drogado y amenazado de muerte por las autoridades de la isla, y esta semana acaba de afirmar sin rodeos al periódico español El Mundo que “los servicios secretos cubanos asesinaron a Oswaldo Payá”.
El joven dirigente de Nueva Generaciones del Partido Popular español, quien iba al volante del auto accidentado y que según su testimonio fue embestido por un vehículo del gobierno cubano, asegura que los cuatro que iban en el automóvil salieron con vida. “Las enfermeras y un párroco me aseguraron que en el hospital ingresamos los cuatro”.
Los cuatro eran los dos disidentes que las autoridades dieron por muertos después de que el auto se salió de la carretera, Payá y Cepero, y los dos sobrevivientes, el propio Carromero y Jens Aron Modig, de la juventud democristiana sueca, quien pocos días después fue enviado de regreso a su país y desde el primer momento dijo no recordar “nada” del accidente.
Carromero ha declarado categóricamente estar seguro de que "Payá salió vivo del accidente e inculparme fue una coartada perfecta para ocultar la muerte del único opositor que podía liderar la transición en Cuba". Su denuncia pone contra la pared al gobierno cubano y emplaza a otros testigos a que hablen. ¿Podrá ser silenciado el párroco que el español menciona en su testimonio?
Como antecedente hay otras denuncias contra las autoridades de la isla que han quedado impunes, como el hundimiento de un remolcador el 13 de julio de 1994 con 72 personas a bordo que trataban de salir de forma furtiva de la isla, y fue deliberadamente embestido a pocos kilómetros de la costa con saldo de 41 muertos, entre ellos 20 niños.
También, en fecha más cercana, la de la muerte tras una huelga de hambre en la cárcel el 23 de febrero de 2010 del opositor Orlando Zapata Tamayo, un desenlace fatal que fue provocado por sus carceleros según su madre Reyna Luisa Tamayo, quien entonces demandó una investigación al gobierno y que nunca se llevó a cabo.
Pero en esta ocasión las repercusiones internacionales son a todas luces más evidentes, e incluso la oposición en España ha pedido al gobierno de ese país que esclarezca cual es su postura tras las declaraciones de Carromero.
Al joven Carromero se le permitio ir a España a fines de diciembre pasado para que terminara de cumplir en su país la condena de cuatro años de cárcel que se le impuso en Cuba por “homicidio imprudente”, un hecho detrás de cuál algunos sospecharon entonces la existencia de un pacto secreto Madrid--La Habana.
En adición, la familia de Payá, por conducto de su hija Rosa María, ha dicho tener claro “que no existió tal accidente”, que “hay indicios y pruebas más que suficientes para comenzar una investigación” internacional, y 125 líderes mundiales han urgido en una carta a Naciones Unidas a que esa pesquisa se haga.
“Las creíbles e inmensas alegaciones de que el gobierno cubano ha podido ser cómplice en el asesinato de su crítico más prominente, un líder mundial de los derechos humanos, no pueden ser ignoradas por la comunidad internacional”, señala la petición, suscrita entre otros por el arzobispo sudafricano y nobel de la paz Desmond Tutu.
También la nueva embajadora de EE.UU. ante la ONU, Samantha Power, ha pedido al canciller cubano, Bruno Rodríguez Parilla, que se abra una investigación sobre la muerte de los dos disidentes.
