En el cuarto día consecutivo se profundiza la protesta de miles de agentes oficiales y suboficiales de la gendarmerìa nacional, la prefectura naval y la armada contra un decreto de la presidenta Cristina Fernández, que pretende recortar el salario del 20% al 60%.
En vano han sido los intentos de negociación por lo que se han sumado a las manifestaciones miembros de la marina, la aeronáutica, ejército y la policía, quienes también tienen reclamos pendientes.
Ante esta situación el gobierno argentino se ha comprometido en dar una respuesta el martes al pedido de aumentar el salario básico para los miembros de estas dependencias militares a $ 1.500, anular las sanciones por razones de indisciplina y conformar una mesa de diálogo.
A las protestas realizadas en instalaciones de la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades de las provincias del interior del país también se sumaron las esposas y los hijos de los manifestantes.
“Estamos cobrando una suma y de repente hicieron un descuento no esperado. No es a uno ni a dos, es a todos. Y la única medida pacífica que pudimos tomar fue esta. No somos gremialistas, sindicalistas, nada, solo una fuerza de seguridad que hoy vinimos a reclamar lo nuestro, porque atrás de un sueldo está una familia”, expresó el prefecto naval, Damián Pared, quien resaltó que a pesar de la crisis, las fuerzas de seguridad siguen trabajando en los lugares estratégicos para garantizar la seguridad de la población.
En respuesta a la crisis generada los diputados y senadores del oficialismo y la oposición exhortaron a las fuerzas de seguridad a "respetar a las autoridades, el orden y el régimen democrático de la Constitución" para evitar que el gobierno desvirtúe la verdadera razón de la protesta y los acusen de “golpistas”, explicó el diputado de Propuesta Republicana (PRO), Federico Pinedo.
“No somos golpistas, somos hijos de la democracia. En mi familia hubo desaparecidos, en mi familia hubo presos, mi familia perdió una finca, así que golpista no soy. Estoy convencido que los militares no están hechos para gobernar, a nosotros no nos interesa el poder, simplemente venimos a pedir encarecidamente que nos den un sueldo digno”, expresó el sargento Alfredo Gonzalez.
Por su parte el gobierno recibió todo el respaldo político “kirchnerista” , al respecto la Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estella de Carloto dijo que no se debe dar cabida al “oportunismo de sectores que buscan desestabilizar” y que no se debe permitir que se produzca un caos que lleve a la “población al susto, al miedo, a la parálisis”.
Como consecuencia de las manifestaciones la ministra de Seguridad, Nilda Garré desplazó a los jefes y directores de la prefectura y de la gendarmería, y ordenó a las nuevas cúpulas iniciar negociaciones para destrabar el conflicto.
El jefe de gabinete de ministros, Juan Manuel Abal Medina, reconoció que "hubo errores administrativos y alguna maniobras".
"No sabemos si esto es simplemente un problema administrativo concreto o se está usando a los de más bajo rango, a los que el decreto aclaraba que no podían ser afectados, por aquellos que querían conservar sus privilegios con sueldos de 30, 60 o 70 mil pesos”.
En respuesta a la crisis generada los diputados y senadores del oficialismo y la oposición exhortaron a las fuerzas de seguridad a "respetar a las autoridades, el orden y el régimen democrático de la Constitución" para evitar que el gobierno desvirtúe la verdadera razón de la protesta y los acusen de “golpistas”, explicó el diputado de Propuesta Republicana (PRO), Federico Pinedo.
Por su parte las fuerzas de seguridad de Argentina señalaron que las manifestaciones sólo se terminarán con un documento firmado y un compromiso del secretario de Seguridad, Sergio Berni, que garantice por lo menos un salario mínimo de 7.000 pesos –unos $ 1.500- , participación de comisiones en un futuro de las negociaciones para acuerdos laborales y evitar las represalias -administrativas o judiciales- en contra de los que participaron en las protestas.
