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Denuncian incremento de persecución política en Venezuela durante la pandemia


Un miembro de la Policía Nacional hace guardia alentando a las personas a regresar a sus casa debido al cierre ordenado para frenar la propagación de COVID-19, en Caracas, el pasado 2 de julio.
Un miembro de la Policía Nacional hace guardia alentando a las personas a regresar a sus casa debido al cierre ordenado para frenar la propagación de COVID-19, en Caracas, el pasado 2 de julio.

Activistas acusan a las autoridades venezolanas de actuar contra periodistas, defensores de derechos humanos y trabajadores sanitarios con el objetivo de cercenar la información que le llega a los ciudadanos.

Los patrones de persecución política se han “agudizado” en territorio venezolano desde que en marzo el Gobierno en disputa de Nicolás Maduro instauró las medidas de confinamiento para tratar de prevenir la propagación del COVID-19, según el más reciente informe de la ONG defensora de derechos humanos, Centro de Justicia y Paz (Cepaz).

Juan Mogollón, investigador de Cepaz, destacó que en el caso de periodistas, defensores de derechos humanos y trabajadores del sector de la salud, el hostigamiento se ha profundizado en las últimas semanas por un tema de “control social”, cuyo objetivo, según dijo, es “regular el flujo de información”, no sólo referente al COVID-19 sino a cualquier aspecto que, a juicio del Gobierno, afecte su imagen.

Mogollón hizo énfasis en que el elemento constante en las acciones de persecución es la “arbitrariedad” con la que se llevan a cabo.

“La información se convierte en un asunto de Estado prácticamente, entonces de esta forma el comunicador social se va a convertir en un objetivo directo de la represión en pandemia (…). El Estado busca aparentar que tenemos todo lo necesario para mantener una vida digna en medio de esta situación, entonces difundir la realidad del país va a ir en contra de este objetivo de parte del poder”, indicó el investigador.

En tanto, la investigadora Nicole Hernández refirió que el Gobierno en disputa ha implementado una serie de castigos para demostrar qué puede ocurrir si se viola la cuarentena, atentando así contra los derechos fundamentales de los ciudadanos.

También detalló cómo resultan perseguidos dirigentes políticos y su entorno.

“Muchas veces estos patrones se conjugan, ocurre las privaciones ilegitimas de libertad con el allanamiento de vivienda, allanan las viviendas sin orden judicial y además se llevan a la persona detenida”, expuso Hernández.

En varias ocasiones el Gobierno en disputa ha asegurado estar comprometido con la promoción de la paz y el respeto a los derechos fundamentales de los venezolanos, y ha negado la existencia de presos políticos en el país.

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