Las primeras reacciones se dieron en el mismo seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

CARACAS - Entre expresiones de preocupación, reconocimientos, pero también críticas, fue recibido el más reciente informe de la Oficina de Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre la independencia del sistema judicial venezolano y la situación en el Arco Minero del Orinoco.

Las primeras reacciones se dieron en el mismo seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con la intervención de los países participantes. El representante del gobierno en disputa de Venezuela, criticó que países de la región se hayan transformado en en “actores que pretenden desestabilizar nuestras instituciones democráticas”. 

Por su parte, el representante de Irán ante el Consejo destacó los “desarrollos positivos” respecto al diálogo entre las partes venezolanas, y resaltó lo que considera como un “embargo económico inhumano” a Venezuela por parte del gobiernos estadounidense.

Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos.
ONU insta a Maduro a disolver grupos criminales en control de riquezas del Arco Minero del Orinoco
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En el caso de Nicaragua, su representante en el Consejo lamentó que se siga usando al organismo como “una herramienta política” y que espera que cese su “manipulación y politización”. 

Sin embargo, otros países, como Argentina, a través de su representante, expresó su “profunda preocupación” por la situación del país. Si bien aseguró que las sanciones y el “aislamiento” no son la salida, pidió a Venezuela cooperar con el Consejo e implementar las recomendaciones del informe.

“Nuestra región está llamada a incrementar sus esfuerzos para encontrar una salida pacífica, política y negociada a esta grave crisis multidimensional liderada por los propios venezolanos a través de elecciones transparentes, inclusivas y creíbles”, agregó el representante argentino. 

Diego Arria, ex representante de Venezuela ante la ONU, también tuvo derecho de palabra en esta oportunidad. Explicó que Human Right Watch (HRW) le pidió liderar una campaña para quitarle la silla en el Consejo al representante del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.

“La mejor manera de celebrar los 75 años de las Naciones Unidas sería suspender esta organización criminal del Consejo de Derechos Humanos”, indicó Arria.

Fuera del Consejo

No solo el Consejo se debatió, sino que se puso sobre la mesa el nuevo informe sobre la situación venezolana.

Uno de los primeros en reaccionar fue el secretario de Estado de EE.UU. Mike Pompeo. El diplomático afirmó que la ONU había presentado aún más pruebas de las violaciones de los DD.HH. en Venezuela y que la presión internacional a Maduro “debe continuar". 

Pompeo
Pompeo: la presión internacional a Maduro debe continuar
Pompeo: la presión internacional a Maduro debe continuar.

El diputado Miguel Pizarro, comisionado para las Naciones Unidas del gobierno interino de Venezuela, aseguró en una rueda de prensa que el informe de hoy no es un “resultado favorable” para el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.

Pizarro resaltó que el reporte se tocaron - con detalles -  temas importantes por primera vez, como lo que ocurre a los detenidos en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar o incluso como grupos irregulares imponen su control en el Arco Minero.

Expuso que es el gobierno en disputa de Nicolás Maduro el que hace “caso omiso” a las recomendaciones del Consejo, y por ello su petición a este organismo y a los países miembros es “no solamente que hablen más fuerte, no solamente que digan más verdades en sus ‘statements’, sino que nos preparemos para tener renovaciones de mandato mucho más claras en la sesión de septiembre del Consejo de DD.HH.”

El comisionado ratificó el trabajo que ha venido haciendo el gobierno interino en las Naciones Unidas, un sistema que calificó como “hostil” hacia ellos hasta no mucho. Igualmente, recordó que para septiembre se espera un informe de la Misión de Verificación de Hechos aprobada para el país en la que, entre otras cosas, presentará responsabilidades individuales. 

“Este es el largo camino para poder conseguir justicia, y que todo este esfuerzo que estamos haciendo, no es un esfuerzo motivado por la política (…) sino para que las víctimas y familiares (…) puedan conseguir justicia. Este es un esfuerzo, además, para cerrar el último reducto de diplomacia que le queda al régimen”, concluyó el diputado.

En el caso de la diputada Adriana Pichardo, subrayó en declaraciones a la Voz de América - entre otros puntos - las consideraciones de la Oficina de Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH. sobre la situación de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y la violación de la inmunidad parlamentaria a un número de diputados.

“Agradecemos a la Alta Comisionada que haya sido mucho más claras que en la actualización del informe que presentó hace unos días atrás con respecto a la situación gravísima y a la realidad, que es inocultable, en Venezuela”, agregó Pichardo.

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Por su parte, la ONG venezolana Foro Penal criticó que el informe de la oficina de la Alta Comisionada no mencionara los “incumplimientos” de las 23 recomendaciones del informe presentado en 2019, y más específicamente, en lo que respecta a la liberación de los presos políticos del país. 

Alfredo Romero, abogado y director presidente de la organización, destacó en rueda de prensa que los informes presentados en el 44° período de sesiones del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU y el del año pasado son producto de un mandato que le dio este organismo a la oficina de Bachelet. 

En este sentido, uno de estos mandatos era la liberación de los presos políticos, pero esto no ha ocurrido, señaló Romero. “La situación de la detención política no solo ha empeorado, si no que se sigue utilizando como mecanismo de persecución. Y el sistema judicial, que es precisamente al cual se refiere este informe, está siendo utilizado como arma de persecución política, lamentablemente de forma efectiva”.

El abogado también pidió una respuesta “un poco más contundente” por parte de los países miembros del Consejo y las autoridades públicas nacionales e internacionales antes la denuncias de torturas y tratos crueles que documenta el informe. 

Gonzalo Himiob Santomé, abogado y director vicepresidente del Foro Penal, apuntó que les preocupa que pareciera que hay continuidad en el análisis de la situación de los derechos humanos en Venezuela.

“(El informe) pese a que tienen indudables aciertos, en cuento a destacar realidades como la de la desaparición forzada y la de las torturas en Venezuela, tiene muchas carencias y tiene mucho vacíos que dejan, que es lo más grave de todo, a las víctimas por fuera”, indicó Himiob.

 

*Con información Luisana Solano y Carolona Alcalde, desde Caracas; y Alejandra Arredondo, desde Washington.