HRW denuncia que se trata del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el “Frente Décimo Martín Villa”, un grupo que se formó a partir de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Marca del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el 22 de enero de 2020. Foto: video grab - VOA.

CARACAS - Defensores de los derechos humanos esperan respuesta de organismos internacionales para sectores vulnerables debido a las acciones de grupos irregulares en Venezuela.

Desde hace varios años, diversas organizaciones han denunciado la creciente presencia de la guerrilla colombiana conocida como Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorio venezolano, un aspecto en el que hizo énfasis el Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe sobre terrorismo en el mundo, presentado la semana pasada.

Javier Tarazona, director de FundaRedes, una organización no gubernamental de derechos humanos que investiga y documenta la actuación y presencia de grupos armados irregulares en zonas fronterizas del país, dijo a la Voz de América que el reporte anual del Departamento de Estado da cuenta de la documentación que tienen y que ha sido presentada ante el sistema interamericano y la Corte Penal Internacional.

Tarazona destacó que actualmente el ELN está presente en 17 estados de Venezuela y las FARC en 14 estados.

“Ratifican nuestro trabajo, exponen la precariedad de vivencia que se tiene en el contexto fronterizo, lo que ha implicado la actuación indiscriminada de estos grupos terroristas con el resguardo y la sociedad del Estado venezolano, de las Fuerzas Armadas y del gobierno de facto”, indicó.

A su juicio, se trata de una denuncia que debe levantar las alarmas en materia de seguridad en la región debido a que los grupos operan con la complicidad y el silencio de autoridades del Estado venezolano como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público.

“Estamos esperando se pueda tener resultados favorables para la población vulnerable producto de la actuación de estos grupos criminales”, afirmó Tarazona.

A través de un comunicado, la cancillería del gobierno en disputa rechazó lo que calificó como “infausto informe del Departamento de Estado” y acusó a la Administración Trump de pretender descalificar con “calumnias” el compromiso de Venezuela en la lucha global contra el terrorismo.