Los refugiados y migrantes venezolanos continúan siendo la crisis de desplazados más grande del continente americano. Hasta el momento, la Organización de Estados Americanos (OEA) contabiliza más de 5.1 millones de personas que han salido de su hogar en Venezuela e inundan las fronteras de países vecinos en busca de mejores oportunidades.

“Estamos hablando de más de 5 millones de personas que han huido de delitos de lesa humanidad, violación de derechos humanos, emergencia humanitaria compleja, violencia generalizada, colapso de los servicios básicos y que, ahora con la pandemia, si ya un refugiado era vulnerable, pasa a ser el vulnerable de los vulnerables”, señala David Smolansky, Comisionado de la OEA para Refugiados y Migrantes Venezolanos.

Si bien esta situación de precariedad entre la población migrante venezolana no es algo nuevo, se ha incrementado la necesidad de asistencia. Para el comisionado de la OEA, hay muchos desafíos que tiene la región en esta materia, como garantizar el acceso a la salud, garantizar el acceso a la educación en los jóvenes, y además, se ha dado el fenómeno de aquellos que intentan regresar”.

Según Smolansky, un total de 112 mil venezolanos han retornado a su país desde que comenzó la pandemia; de los cuales, 106 mil lo han hecho por Colombia, 6 mil desde Brasil, y aproximadamente 3 mil personas no han podido volver por el cierre de fronteras y el espacio aéreo: “Aquellos que han podido regresar, de alguna manera u otra, han sido víctimas de tratos crueles y degradantes”, apunta.

Documentación: el mayor desafío

La Oficina de Refugiados de Naciones Unidas, ACNUR, hizo un llamado recientemente para ampliar los programas de regularización e inclusión de los venezolanos migrantes en los países de acogida. Citando al comisionado David Smolansky, la documentación es un derecho y en Venezuela, este derecho “se viola, se vulnera y se niega”.

“Es casi imposible para cualquier venezolano renovar su pasaporte – explica Smolansky – salvo que vaya por vías irregulares y, de hecho, Maduro ha desarrollado toda una red de corrupción para emitir o renovar pasaportes”, afirma.

Según cifras aportadas por la OEA, se estima que la mitad, más de 2 millones 500 mil personas, no tienen una documentación o, la que tienen, está próxima a vencerse. Y es que este panorama es mucho más complicado de lo que parece, pues al no tener un documento de identidad válido y vigente, a la mayoría de estos migrantes y refugiados se les hace imposible tener acceso a servicios que van desde poder alquilar una vivienda hasta tener asistencia médica.

Muchos países, entre los que destaca Brasil, han ideado diversos programas y formas de identificación. De acuerdo a Smolansky, sólo Brasil otorga estatus de refugiados a los venezolanos, apenas entran a su territorio.

Explicó que otras naciones como México, Colombia o Chile han creado documentos temporales, que si bien alivian las necesidades inmediatas, “no dejan de ser mecanismos temporales importantes, que le han permitido a muchos venezolanos conseguir un trabajo o acceder a la educación o resolver trámites cotidianos.  No obstante, dijo que no es suficiente.

“Todo esto es temporal y nosotros creemos que por la situación que está ocurriendo en el país y tomando en cuenta la Declaración de Cartagena, los venezolanos deberían tener una protección permanente”, puntualiza Smolansky.

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