Venezuela's President Nicolas Maduro attends a ceremony to mark the opening of the judicial year at the Supreme Court of…
Expertos señalan que es complicado que una negociación entre la oposición y el oficialismo arroje resultados positivos en solo tres días.

MARACAIBO, VENEZUELA - El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela intenta forzar un plazo de negociación exprés sobre la conformación del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) que no tiene asidero constitucional ni promueve un debate paritario entre el madurismo y la oposición, según expertos en ciencias políticas y jurídicas consultados por la Voz de América.

La oposición demanda escoger un nuevo poder electoral en la Asamblea Nacional, pero la Sala Constitucional del máximo órgano judicial declaró hace una semana la omisión legislativa en esas tareas y se apresta a nombrarlo ella misma, de acuerdo con ese fallo.

El poder judicial dio el miércoles al comité de postulaciones electorales del Parlamento un plazo de 72 horas para remitirle la lista de postulados al ente comicial. Su presidente, el diputado Ángel Medina Devis, dijo que no lo haría y que continuaría con sus gestiones.

Luis Salamanca, abogado y especialista en ciencias políticas, considera “imposible” que una negociación entre la oposición y el oficialismo arroje resultados positivos en solo tres días.

“La posibilidad de una negociación [sobre el CNE] no está planteada en este contexto ni a estas alturas de la crisis política en Venezuela”, asegura.

El exhorto de la Sala Constitucional al comité legislativo, opina, es “un ultimato” que pretende subordinar al poder legislativo a esos siete magistrados del TSJ.

Subraya, además, que la instancia judicial demuestra su desinformación sobre el mismo proceso que pretende declarar omitido.

“¿Cómo van a pedir algo que el Parlamento no podía enviar si no han llegado a la fase de las postulaciones? Es asombroso. Es un desorden”, afirma.

Municipio Chacao, Caracas, Venezuela
¿Desean los venezolanos participar en elecciones?
El Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa de Venezuela avanza en la posible designación de una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral. Entre tanto, los venezolanos advierten que sería muy riesgoso participar en votaciones porque, en el proceso podrían contagiarse de Covid-19. Álvaro Algarra, de la Voz de América, informa, desde Caracas.

Salamanca, electo rector suplente del CNE en 2006, estima que el Tribunal Supremo de Justicia intentó “una ganancia política inmediata” para el chavismo con su sentencia del lunes y su exhortación posterior al comité parlamentario.

Desconfía de las maneras constitucionales del oficialismo en tareas como la designación de un poder que garantice una elección libre y transparente en Venezuela. Descarta que el madurismo acepte una composición de solo tres de cinco rectores a su favor.

“Lo más que pueden aceptar es la fórmula del 4-1. Con esos cuatro votos controlan todas las decisiones. No va a aceptar hacer experimentos con esto. Van a ir por la calle del medio a buscar sus cuatro rectores claramente identificados con ellos”, anticipa.

A su juicio, el TSJ buscará repletar el CNE con leales al madurismo. “Serán caja de resonancia: vino nuevo en odres viejos”, pronostica.

Contradicción judicial 

Juan Manuel Raffalli, abogado constitucionalista, es tajante. A su juicio, cualquier designación del CNE que nazca de la Sala Constitucional debe ser considerada nula.

Culpa a esa instancia de incurrir en “usurpación de funciones” del Parlamento.

Juzga que el TSJ ha abusado de la figura de la omisión legislativa en los 21 años de predominancia del chavismo. “La ha usado para resolver problemas políticos que se deben resolver políticamente. Tienen una visión monopólica del poder”, examina.

Raffalli refrenda la tesis de que el exhorto al comité parlamentario abre una puerta de intercambios entre las fuerzas políticas sobre la designación del nuevo órgano electoral.

“El retraso en la publicación de la primera sentencia con este exhorto significa que el TSJ no se atrevió a designar al CNE de una vez. Ojalá que haya un compás”, expresa.

El abogado nota una “contradicción” entre la sentencia 0068 de la Sala Constitucional y su exhorto al comité legislativo ante la presunta omisión en la designación del nuevo poder electoral.

“Están reconociendo que hay un comité, que debe preparar una lista [de candidatos] y que el proceso está en curso. La omisión legislativa es precisamente cuando no hay ninguno de estos elementos y queda patentizada la imposibilidad de que se cumpla la función constitucional omitida. Hay una contradicción”, destaca.

Raffalli, profesor universitario, compara al TSJ con aquel profesor que pretende aplazar a su estudiante cuando está contestando la segunda pregunta de una evaluación al dar por sentado que no responderá la tercera ni la cuarta.

“Si hay o puede haber una lista de postulados, ese proceso no lo puedes truncar cuando está en curso”, indica.

Advierte que sería contraproducente que una negociación con el chavismo solo incluya a los integrantes de partidos minoritarios de la oposición y no al llamado G4: Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, Acción Democrática y Primero Justicia.

El gobierno en disputa de Nicolás Maduro instauró hace diez meses una mesa de diálogo con dirigentes políticos de partidos distintos a los grandes del Parlamento. Ellos fueron quienes solicitaron la declaratoria de omisión legislativa al TSJ-

Sin paridad

El plazo de 72 horas dado al Parlamento por la Sala Constitucional supone la entrada en vigor de una negociación política urgente sobre el CNE, según Ricardo Sucre Heredia, politólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela.

Como Raffalli, sin embargo, no percibe la disposición del madurismo de negociar en reconocimiento de las fuerzas y mayorías de sus contendientes.

“Pienso que sí hay un compás de una negociación, no en términos paritarios. El gobierno da un plazo con una lógica mixta que se salta las normas y todos los pasos”, resalta.

La lista de candidatos al CNE, apunta, debe ser consensuada y lograda en el seno del comité parlamentario, donde participan cuatro diputados del madurismo.

El incendio se reportó el sábado en la tarde en instalaciones del CNE ubicadas en el este de Caracas y según, medios oficiales, abarcó gran parte de los 1.500 metros del galpón donde había máquinas y cuadernos electorales.
Analistas: la mesa de diálogo en Venezuela ha reforzado “su crisis de confiabilidad”
“Podían destrancar el juego, pero no aniquilando al otro”, dice Eglée González-Lobato, experta en asuntos electorales, sobre la acción judicial de un grupo de opositores del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.

Estima que esa negociación no debe incluir solo nombres, sino reglas y asuntos más sustantivos referidos a la transparencia del voto y la campaña.

“Que haya ocurrido el exhorto de la Sala después de la decisión original demuestra que el gobierno entiende los costos de una negociación política. Veremos la habilidad política de la oposición en esa circunstancia. Es una ventana”, certifica.

El politólogo Pedro Urruchurtu critica que se interprete el exhorto judicial al Parlamento como un espacio de negociaciones sobre el Consejo Nacional Electoral. Lo interpreta, por el contrario, como “una burla” y “una ingenuidad” por parte de la oposición.

“El problema electoral no lo resuelve un nuevo CNE. Hay un conglomerado criminal de instituciones coactadas, secuestradas por un régimen mafioso al que poco, o nada, le interesa llevar a cabo elecciones libres, porque sencillamente esa vía electoral ya la cerraron”, dice.

Urruchurtu, coordinador de formación del partido Vente Venezuela, puntualiza que el sistema electoral y político del país impedirá una elección libre aun si se nombran a expertos electorales y ciudadanos con las mejores credenciales al frente del CNE.

“Genera muchísima preocupación que se acepte la idea de que gracias al TSJ se abre un compás de negociación cuando le arrebató los dos tercios a la Asamblea Nacional en enero de 2016”, recuerda.

Si la oposición negocia con el TSJ o el chavismo en este contexto, opina, estaría entregando la totalidad o parte importante de su capital político.