Los cargos se anunciaron justo antes de que comience en Washington una ronda crucial de conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China.
La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) ya votó a favor de prohibir que las compañías telefónicas de Estados Unidos utilicen subsidios del gobierno para adquirir equipo de las compañías chinas ZTE y Huawei.

El presidente Donald Trump promulgó una ley el jueves que otorga 1.000 millones de dólares para ayudar a los pequeños proveedores de servicios de telecomunicación a reemplazar el equipo fabricado por las empresas chinas ZTE y Huawei.

El gobierno de Estados Unidos considera que esas compañías representan un riesgo para la seguridad, y ha presionado a sus aliados para que no usen los equipos de Huawei en las redes celulares de siguiente generación, conocidas como 5G. Ambas empresas han negado que China utilice sus productos para espiar.

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) ya votó a favor de prohibir que las compañías telefónicas de Estados Unidos utilicen subsidios del gobierno para adquirir equipo de las dos compañías chinas. Esta propuesta de ley afecta en su mayoría a pequeñas compañías rurales, porque los principales proveedores de red en Estados Unidos no utilizan equipo chino.

La Casa Blanca dijo que usar a proveedores que no son confiables para construir infraestructura de telecomunicaciones es un riesgo para la seguridad nacional al exponer las redes a participantes que podrían estar influenciados por entidades extranjeras.

La ley crea un programa de reembolso que los pequeños proveedores de telecomunicaciones pueden utilizar cuando quitan y reemplazan equipo fabricado por entidades que se considera representan riesgos inaceptables para la seguridad nacional. La ley está dirigida a proveedores de telecomunicaciones con menos de 2 millones de clientes.

“El gobierno no se arriesgará a someter la infraestructura crucial de telecomunicaciones de Estados Unidos a compañías que son controladas por gobiernos autoritarios o adversarios extranjeros”, señaló la Casa Blanca en un comunicado.

Donald Morrissey, vocero de Huawei, dijo que la ley era un “intento poco realista de arreglar algo que no está descompuesto” y que afectará a los consumidores locales.

“La ley sigue sin contar con fondos suficientes, tardará más tiempo del previsto para llevarse a cabo y pondrá en riesgo a algunos de los clientes de Huawei, quienes operan en las zonas más desatendidas”, añadió Morrissey.

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